Rumbo al Encuentro Nacional de Juventud

México en Iberoamérica: compromisos pendientes para las juventudes

México, DF, a 7 de septiembre de 2009.- Casi la mitad de las y los jóvenes en México, 27.2 por ciento de la población según INEGI, viven en pobreza y son más mujeres las que existen en esta condición, además de que los derechos más violentados de la juventud son empleo, educación, salud, participación juvenil, derecho a la no discriminación y una vida libre de violencia, de acuerdo con datos retomados por el Equipo Impulsor del Proyecto 15-35. Plataforma Nacional de Juventud, del informe "La Juventud en Iberoamérica, Tendencias y Urgencias" publicado en 2007 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A pesar de que México es país miembro de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) no ha sido ratificada y a casi un año de haber firmado la Estrategia de Implementación del Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009-2015, el Estado mexicano no la ha dado a conocer, así lo señalan las organizaciones juveniles integrantes de la Plataforma Nacional de Juventud, en el marco del Encuentro Nacional de Juventud que se llevará a cabo en nuestro país, en el Campamento Lomas Pinar, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 28 de septiembre al 2 de octubre próximos.

Hablar de derechos de las y los jóvenes en Iberoamérica ha significado un paso importante para una región en el mundo que presenta mayores índices de desigualdad que otras, desde la década de los setentas, este tipo de circunstancias afectan directamente la situación de la juventud en los países de la región y del mundo, explica el Equipo Impulsor de la Plataforma Nacional de Juventud, pues desde el 2005 dentro del Informe Mundial sobre la Juventud, realizado por la Asamblea General de la ONU, ya se hablaba de más de 200 millones de jóvenes viviendo en la pobreza, es decir que la juventud es una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en cuanto a la violación de sus derechos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), refiere que los antecedentes de cuando el mundo comienza a hablar de juventud se remiten desde la Guerra Fría, en un contexto internacional en el que movimientos juveniles, principalmente estudiantiles, se comienzan a hacer visibles en Europa y América Latina, no solo los Estados a nivel interno contemplan a la juventud como un tema a tratar, sino que en 1965 la Asamblea General de la ONU aprobó "la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto-mutuo y comprensión entre los pueblos, en la que se subraya la importancia del papel que desempeña la juventud en el mundo contemporáneo".

Desde 1987 comenzaron en Iberoamérica las Conferencias Intergubernamentales sobre juventud, dando origen en 1994 a la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), organización que nace bajo el acuerdo de los países de America Latina, Cuba, República Dominicana, España y Portugal, sumando en total 22 Estados.

Lo que ha significado la labor de la OIJ es que el desarrollo de su trabajo se ha traducido en tres herramientas importantes para las juventudes en la región: La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el Plan Iberoamericano de Cooperación e Integración de la Juventud 2009-2015 y la Estrategia de Implementación de dicho plan.

La Convención es el único instrumento a nivel internacional que reconoce a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos, pero el hecho de que no todos los países iberoamericanos la hayan ratificado hace que los siguientes dos documentos se conviertan en la manera de responder a las y los jóvenes desde acciones concretas por parte de los Estados que tienen que cumplir, después de que lo firmaron y acordaron en 2008 como producto de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en República de El Salvador.

Pese a ello, asevera el Equipo Impulsor de la Plataforma Nacional de Juventud, el hecho de haber firmado los últimos dos documentos no exime a los Estados de su responsabilidad de ratificar la CIDJ como un instrumento internacional que reconoce la deuda histórica que los Estados tienen con las y los jóvenes reconociéndoles como sujetos plenos de derechos, ya que es un marco mínimo basado en diversas conferencias y pactos internacionales[1], además de estar basada en una serie de estudios que remiten a las principales violaciones de derechos que existen para las y los jóvenes.

PROYECTO 15-35
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