A los militantes del partido de la revolución democrática: un último llamamiento

Cuauhtémoc Cárdenas · · · · ·

19/07/09

Seriamente preocupado por el descrédito y la pérdida de autoridad moral del Partido de la Revolución Democrática frente a la ciudadanía y a la opinión pública en general, quiero compartir con mis compañeros las siguientes reflexiones:

            En marzo del año pasado, después de la cuestionada elección para renovar la dirección del partido, advertí de la fuerte confrontación y fractura que vivía nuestra organización y plantee públicamente un camino de solución: la renuncia de todos los contendientes a los cargos de elección, la disolución de los cuerpos de dirección del partido y su substitución por entes provisionales, para permitir con ello la recomposición y reencauzamiento de nuestra organización. Ninguna respuesta ni comentario merecí de la dirección o de los liderazgos internos, pues prevalecieron los intereses de facción, el sectarismo y la intolerancia. 

            Nada se arregló. El enfrentamiento se ha hecho más agudo y virulento conforme el tiempo ha transcurrido. Entre los resultados más graves de esa confrontación se encuentran el permanente quebrantamiento de las disposiciones estatutarias por parte de las instancias de dirección, individuales y colectivas, sea para responder a presiones clientelares y sectarias, sea mostrándose complacientes ante la violación de la regla, así como la parálisis en la que se ha mantenido al partido respecto al trabajo para su crecimiento como organización y la falta de debate interno y de propuestas sobre los grandes problemas de la nación.

           En esas condiciones, el desempeño electoral del pasado 5 de julio resultó lógico. No podía esperarse otro. Ratifica la condición de grave empantanamiento que vive el PRD. Sin embargo, y es un hecho que no debe desestimarse, donde el PRD ha mantenido un trabajo de organización desde la base y donde los compromisos adquiridos se han cumplido, el partido se ha conservado como fuerza política competitiva y de significación. 

            El 7 de julio pasado, me visitaron y cambié impresiones con varios dirigentes del partido, incluido el Presidente. Se planteó en esa ocasión convocar a una reunión incluyente, no pública ni anunciada por conducto de los medios de información, en la que participarían el Presidente y Secretaria General del partido, los coordinadores y ex coordinadores parlamentarios, gobernadores, ex gobernadores y los ex presidentes, para analizar posibles propuestas que pudieran hacerse tanto a los colectivos de dirección como a la militancia en su conjunto, para superar la actual situación del partido, empezando porque se tomarían, aun antes de la citada reunión, decisiones que permitirían iniciar el proceso de recuperación de la legalidad interna, en particular que se anunciaría la pérdida de derechos partidarios de quienes hubieran contendido contra el PRD. A la reunión celebrada el pasado 11 de julio en Morelia se convocó con parcialidad, razón de algunas ausencias y de inexplicables presencias. 

Los asistentes a esa reunión, algunos dirigentes del partido y líderes de grupos de presión, algunos gobernadores, algunos ex gobernadores y ex presidentes del partido, coordinadores parlamentarios y algunos más, aun cuando lo hayan hecho con la mejor buena fe, convinieron, según la información pública, si no explícitamente sí en los hechos, desentenderse del mandato de hacer valer la legalidad interna, decretando, también sin hacerlo explícito, incumpliendo toda norma y sin estar facultados para ello, una amnistía para que se mantengan como militantes del partido quienes contendieron en su contra postulados, a decir de la Secretaria General del partido, por el PRI, PAN, PT, Convergencia, PSD, etc., en las recientes elecciones del 5 de julio. 

            A este respecto cabe recordar que el 5 de julio de 2007, el entonces Presidente del PRD, por cierto, uno de los no invitados a la reunión de Morelia, dio a conocer en los medios informativos que se iniciaba un procedimiento de suspensión de los derechos partidarios contra varios miembros del partido por apoyar a otras fuerzas políticas en las elecciones locales de Zacatecas. Sobre el mismo caso, la Gobernadora de aquel Estado declaró entonces que los Estatutos del PRD "establecen que quienes apoyen a candidatos de otros organismos políticos, o se postulen bajo otras siglas, no se les expulsa sino que automáticamente se colocan fuera del PRD". 

Desde Morelia también, los ahí reunidos hicieron un llamado abstracto a la unidad de la izquierda, sin haber llegado previamente a acuerdos, ni entre sí que se sepa ni con nadie más, sobre programas y principios, como si las declaraciones de unidad por si solas hicieran fuertes a las organizaciones y resolvieran los problemas. 

Tal como está el PRD, en lo que todos y cada uno de sus militantes tenemos responsabilidad, es incapaz de dar viabilidad a su proyecto democrático y progresista de nación y sobre todo, no le es de ninguna utilidad al pueblo mexicano. 

En estas circunstancias, es momento para que cada militante y el partido como colectivo llevemos a cabo  una seria reflexión autocrítica. Es tiempo de recordar que en el llamamiento que convocó a la formación del PRD se dijo: "Queremos que nuestra organización sea un instrumento de la sociedad, y no tan sólo de sus miembros o dirigentes, y para ello tendrá que dar en sus normas democráticas, en su vida interna, en la transparencia de sus recursos, en la autonomía de sus componentes regionales, en la libertad de tendencias y corrientes en su seno, en la unidad y en el respeto a las decisiones colectivas y, sobre todo, en la conducta personal de cada uno de sus miembros, la imagen tangible de aquello que se propone para el país y para la sociedad". 

En la coyuntura política que vivimos, nuestro compromiso prioritario es revertir la embestida reaccionaria y entreguista. Condición para ser exitosos en esta causa es contar con una organización con fortaleza política y autoridad moral, capaz de convocar y encabezar la transformación progresista y democrática del país. Estamos de nueva cuenta frente a la necesidad de tomar decisiones valientes y generosas, que al reposicionarnos en el ánimo de la ciudadanía nos devuelvan la hoy perdida autoridad moral.

Los problemas políticos se resuelven con medidas políticas. Los problemas de mayor complejidad y dificultad, demandan la mayoría de las veces de decisiones valientes, que hagan prevalecer los principios sobre cualquier interés individual o de grupo. Los problemas que hoy confronta el PRD no se resolverán con medidas administrativas sino con decisiones políticas de gran alcance, tomadas dentro de nuestras normas estatutarias.

Procedería entonces, a mi entender y antes que otra cosa, aplicar los mandatos del estatuto para volver a la legalidad interna. Inmediatamente después, debiera darse la convocatoria del Presidente del partido para que se reúna el Consejo Nacional. Reunido éste, el Presidente, el Comité Ejecutivo y los integrantes de todas las comisiones y órganos de dirección y representación debieran presentar su renuncia ante el citado Consejo. 

Dado este paso, el Consejo tendría que proceder a realizar las necesarias substituciones, a las que daría el carácter de provisionales y a las que mandataría poner en marcha un proceso de reorganización del partido, a partir de la renovación y fortalecimiento de sus bases territoriales y la vinculación con las verdaderas problemáticas populares y nacionales. Hecha la designación de los cuerpos y dirigentes provisionales, el actual Consejo Nacional debiera votar su propia disolución. 

La dirección provisional debiera ser dotada de plenas facultades para el gobierno, la reorganización y conducción del partido en el período de transición, que tendría que abrirse desde este momento y hasta la elección del nuevo Presidente, Secretario General y Consejo Nacional, que debiera celebrarse después de la realización de un Congreso Nacional Extraordinario en el que se aprobaran nuevos documentos básicos y un padrón levantado a partir de la reafiliación de los militantes y de llevar a cabo, simultáneamente, una intensa campaña de afiliación. Se trata de reconstruir el partido desde sus bases. 

La dirección que se designe con carácter provisional tendría, ante la militancia y la nación, la responsabilidad de poner en práctica una política hacia el interior del partido y hacia el exterior que represente una verdadera regeneración, con la que se identifiquen los miembros del partido leales a sus principios fundacionales, que sancione sin contemplaciones toda violación a la legalidad interna, que ponga fin al sistema corporativo y clientelar de cuotas en la integración de los cuerpos de dirección y en la selección de candidatos a cargos de elección popular, que desde dentro y desde afuera se reconozca por la ética en las conductas y por la autoridad moral recuperada. 

            El partido en sus condiciones actuales está incapacitado para cumplir con el compromiso que tiene con el pueblo y la nación, compromiso que surge de los grandes movimientos de reivindicación del siglo XX y que asumió el PRD desde su fundación. El partido en sus condiciones actuales está traicionando a sus muertos y lastrado como se encuentra por las violaciones a sus reglas internas, pierde su condición de instrumento de lucha por la soberanía de la nación, el progreso y la democracia. 

Al mismo tiempo que se toman e instrumentan todas las decisiones anteriores, es indispensable la disolución de los grupos de presión dentro del partido, las mal llamadas corrientes, que han privilegiado intereses personalistas y de facción y que han sido causa principal de las prácticas sectarias y clientelares, así como de las actitudes de intolerancia que han inhibido la libre discusión de ideas y propuestas, ahondando las fracturas y los desencuentros. 

Convoco a mis compañeros a compartir conmigo estas propuestas y a apelar a la conciencia y responsabilidad de los dirigentes del partido para que nos escuchen y den pronta respuesta. Estamos ante la última oportunidad para que no se pierda un instrumento que con el sacrificio y el esfuerzo de miles de mujeres y hombres de todos los rincones del país fue construido, como dice nuestro Llamamiento originario, para promover la democratización de la sociedad y de las instituciones estatales; defender y hacer respetar el voto ciudadano; luchar por la liberación de los sindicatos y organizaciones de trabajadores, campesinos y populares de toda burocracia corrompida; poner un alto a la destrucción consciente y sistemática de las instituciones y creaciones de la Revolución Mexicana: el ejido, la cooperativa, el contrato colectivo de trabajo, el sindicato, la empresa pública en las ramas donde nuestra independencia económica la hace imprescindible; impulsar la educación pública laica y gratuita; defender e imponer la independencia de la justicia, la dignidad del individuo, los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución, el cese de toda represión política o ilegal; combatir la corrupción, el privilegio, la injusticia, el despotismo de gobernantes, funcionarios y poderosos, el caciquismo, la arbitrariedad, el uso patrimonial de los fondos públicos; promover la igualdad, la libertad y la solidaridad como valores rectores de nuestra vida ciudadana. 

Alcemos nuestras voces y ratifiquemos con este llamado a nuestras propias conciencias y responsabilidades y a nuestros compañeros, el compromiso de levantar un México de hombres y mujeres libres e iguales ante la ley y ante la vida, una patria democrática, solidaria y generosa, una patria para todos.

Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero, es un dirigente histórico de la izquierda mexicana. Su padre, el general Làzaro Cárdenas tuvo una política de extremada solidaridad con la república española en guerra y, luego, con los republicanos exiliados en México.

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El golpe de Honduras y la crisis

Guillermo Almeyra · · · · ·

30/06/09

Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los jueces clasistas y corruptos, de los políticos al servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo. El capitalismo busca recomponerse y expandirse utilizando la crisis actual. Destruye miles de millones de capitales (la mayor parte ficticios) y millares de bancos y empresas para concentrar el capital. Y lanza a la desocupación y la miseria a centenares de millones de trabajadores, aprovechando para imponerles por ese medio la rebaja de sus salarios, la pérdida de sus defensas sindicales, la prolongación de las jornadas de trabajo, la anulación de las leyes sociales para mantener un trabajo siempre en peligro, siempre peor. A la extracción de plusvalía relativa, aumentando la productividad con salarios prácticamente congelados, une la de plusvalía absoluta, aumentando la jornada laboral, extrayendo de la familia obrera el trabajo gratis de sus componentes con tal de obtener entre todos lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Tal política, en los países industrializados, exige la complicidad de las direcciones sindicales burocratizadas que venden los derechos de sus afiliados, y exige medidas represivas contra las tendencias de clase en el mundo laboral y contra los inmigrantes e indocumentados que forman buena parte de la clase trabajadora, para que ésta se divida, debilite y desorganice. En los países menos industrializados, en cambio, donde el grueso del capital se basa en una amalgama entre una oligarquía terrateniente de visión feudal y las empresas transnacionales y se apoya en el racismo de las clases acomodadas urbanas (blancas y mestizas) contra las rurales y urbanas pobres (indígenas, negros o mestizos pobres), para mantener el margen de ganancia hay que reducir la parte de los ingresos de los trabajadores, y esa tarea sólo se puede hacer impidiendo su resistencia con un poder dictatorial. Los intentos de golpe de Estado de quienes controlan la justicia, el Congreso, los medios de información y las fuerzas armadas están y estarán, pues, en el orden del día. En el 2002 se realizó el intento de la oligarquía venezolana, respaldada por Bush y por el gobierno español, y con el apoyo de las clases medias acomodadas de las ciudades, de derribar al presidente Hugo Chávez. La movilización popular dividió política y socialmente a las fuerzas armadas y el golpe fracasó. El año pasado, los sojeros y ganaderos de Santa Cruz, en Bolivia, intentaron un golpe contra Evo Morales que fracasó por la movilización campesinas hacia esa ciudad y la pronta reacción de los gobiernos de la Unasur. Recientemente, la salvaje burguesía guatemalteca creyó oportuno un golpe de Estado contra el presidente tímidamente reformista Álvaro Colom, al que había espiado y vigilado desde el primer momento. La movilización campesina e indígena creó una situación fluida, donde siempre es posible otro zarpazo gorila con el apoyo unas clases medias temerosas de que el ascenso social de los sectores populares pueda hacerles perder sus magros privilegios. Ahora se produjo el golpe contra el presidente Manuel Zelaya, que llevó Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Es un golpe de los dueños de los medios de información, de los jueces clasistas y corruptos, de los políticos al servicio de los terratenientes, y su pretexto es ridículo. En efecto, nadie obliga a participar en una consulta que tampoco es vinculante y, si en el futuro se preguntase eventualmente si los electores desean reformar la Constitución, bastaría con responder no (y ganar la elección) para mantener la Carta Magna actual. El ejército, en cambio, secuestró de madrugada y expulsó del país al presidente y a varios ministros, golpeó a embajadores de países del ALBA, el Congreso falsificó posteriormente una carta de renuncia de Zelaya y, sobre esa base, 20 horas después de haberlo echado con las bayonetas, lo destituyó y nombró un usurpador de la presidencia como presidente interino. La OEA, la ONU, los países centroamericanos y el propio presidente de Estados Unidos declararon de inmediato que sólo reconocían a Zelaya. Como en el caso de Bolivia, los presidentes del grupo ALBA pero también otros mucho más moderados (Lula, Tabaré Vázquez, Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, Oscar Arias), temen una vuelta a los años 1970, a los golpes de Estado y las dictaduras porque en  todos los países la derecha quiere defender sus enormes márgenes de ganancia amenazados por la crisis y por las reivindicaciones de los trabajadores. El propio Obama no puede hacer lo que habría hecho George W. Bush (apoyar a los gorilas) porque perdería así el apoyo de los hispanos y los trabajadores en Estados Unidos y el de los demócratas de todo el mundo junto con los frutos recientes de su campaña personal de apertura hacia América Latina. No se puede hablar, pues, de un nuevo golpe “de la embajada gringa”, ni del “primer golpe de Obama”, aunque buena parte de las transnacionales estadounidenses y  de sus representantes en el establishment de Estados Unidos (Otto Reich, Negroponte y Cía) puedan estar detrás de los golpistas. Lo que es evidente es que no basta el repudio de los gobiernos para derrotar a éstos y que es necesario aplastarlos de modo ejemplar antes de que su ejemplo siente un precedente, ya que el capitalismo no puede recuperarse manteniendo los mismos márgenes de democracia y las conquistas sociales que le fueron arrancados por los trabajadores en la segunda postguerra. Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. 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