FELIPE CALDERON HINOJOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

MINISTRO PRESIDENTE GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CARLOS NAVARRETE RUIZ
PRESIDENTE DEL SENADO

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO)

¡YA BASTA DE AGRESIONES A PERIODISTAS!

LA LISTA DE CASOS ES LARGA.

COMUNICADO:

Condena la CIDH el asesinato del periodista Norberto Miranda. Chihuahua

México, 29 de septiembre, 2009 (CEPET). Catalina Botero Marino, relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de periodista Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión, ocurrido en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua el 23 de septiembre pasado y solicitó a las autoridades mexicanas a adoptar medidas eficaces de lucha contra la impunidad de los crímenes contra comunicadores, así como a poner en marcha mecanismos adecuados de protección de periodistas en riesgo.

En un comunicado de prensa, el órgano dependiente de la Organización de los Estados Americanos destacó que en las últimas semanas Miranda Madrid había denunciado en su columna periodística el problema de inseguridad que se vive en Chihuahua, donde habrían sido asesinadas 25 personas desde el primer día de septiembre, e hizo eco de la versión recogida por el CEPET respecto a que el hoy occiso confesó a otros periodistas haber recibido presiones tras publicar información sobre la detención de integrantes del Cartel de Juárez.

La Relatoría Especial exhortó a las autoridades mexicanas para que impulsen decididamente las investigaciones existentes sobre los crímenes y amenazas contra periodistas y para que adopten, lo antes posible, medidas urgentes, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, la federalización de los delitos contra la libertad de expresión y la adopción de mecanismos permanentes de protección para comunicadores en riesgo.

Asesinan a periodista dentro de redacción en Chihuahua

México, 24 de septiembre, 2009 (CEPET). Norberto Miranda Madrid, director del medio digital Radio Visión y autor de una conocida columna en la región fue asesinado a balazos en plena redacción del medio en el que trabajaba, la noche del pasado 23 de septiembre, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, al norte de México.

Datos de la Subprocuraduría de Justicia estatal señalan que el asesinato ocurrió alrededor de las 20:30 (hora local) al interior de las instalaciones de Radio Visión, ubicadas en las calles de Galena y Benito Juárez, en la zona centro del municipio. El cuerpo del periodista presentaba impactos de bala en varias partes del cuerpo, pero principalmente se habría encontrado un impacto en la nuca.

De acuerdo con versiones recogidas por los medios locales, un comando de por los menos cinco hombres que portaban rifles de asalto y pistolas llegó hasta las instalaciones de Radio Visión y disparó contra el periodista ante la mirada de sus colaboradores y colegas. Se desconoce si hay otros heridos.

Colegas de la localidad confirmaron al CEPET que Miranda Madrid abordaba información relacionada con seguridad pública y las bandas criminales que operan la siembra y trasiego de droga hacia los Estados Unidos en la región. Conducía una emisora radial por internet y tenía una columna llamada “Cotorreando con El Gallito”, por lo que era identificado también con ese sobrenombre; en su último texto publicado, el periodista hacía referencia a la ola de violencia en la entidad y el creciente número de ejecuciones, presuntamente vinculadas con las pugnas entre bandas rivales de narcotraficantes.

Periodistas de la entidad que pidieron mantener a salvo su nombre, y con los cuales el columnista colaboraba y compartía información, comentaron que Miranda Madrid les confió que había recibido presiones a raíz de la publicación de datos sobre la captura, el 4 de septiembre, de tres líderes importantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, entre los que se encontraba un sujeto identificado como Rodolfo Escajeda, alias El Rikín, uno de los delincuentes más buscado por la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Escajeda es señalado también como responsable del secuestro y asesinato de Benjamín Le Barón y Luis Carlos Whitman, líderes mormones de la comunidad de Le Barón, en el municipio de Galeana, colindante con Nuevo Casas Grandes.

Chihuahua es un estado que registra alto grado de violencia, por la confluencia de varios carteles de la droga en la entidad. Apenas en noviembre de 2008, se registró el asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario, además de que varios comunicadores han tenido que salir del país, tras ser amenazados de muerte.

Denuncia reportero amenazas de policía implicado en asesinato. Hidalgo.

México, 21 de septiembre, 2009 (CEPET). Abraham Ramírez Reyes, reportero de El Sol de Hidalgo, aseguró que teme por su vida, luego de haber sido amenazado de muerte en un par de ocasiones por un jefe policiaco, la última de éstas, minutos antes de que éste aparentemente asesinara a otro hombre en Pachuca, Hidalgo, al centro-oriente de México.

Ramírez Reyes, quien cubre la fuente policíaca, refirió que el pasado 27 de agosto acudió al poblado de Tolcayuca, en las inmediaciones de la autopista México-Pachuca, a cubrir información sobre un asalto a un autobús de pasajeros, Mientras tomaba fotos del hecho, el entonces jefe del Grupo Antisecuestros de la Coordinación de Seguridad Estatal, Aarón Hernández Andrade, intentó obstaculizar su trabajo.

“Amenazó con golpearme, me dijo que nos fuéramos a otro lado. Yo le respondí que me dejara hacer mi trabajo. Con palabras altisonantes me dijo que me retirara. Como yo ya había terminado mi trabajo me retiré, pero antes le tomé unas gráficas.”

El jueves 10 de septiembre el comunicador acudió con un compañero a un conocido restaurante del sur de la ciudad y ahí encontró nuevamente a Hernández Andrade, acompañado por el subdirector de la corporación y decidió comentarle sobre la amenaza que había recibido de su subalterno.

“Como yo conocía a su jefe, por el trabajo que hago, decidí informarle sobre la amenaza, para protegerme. Él le dijo (a Hernández Andrade) que me conocía, que limáramos asperezas y él accedió, pero más tarde, discutimos nuevamente y me dijo que me iba a reventar (matar)”, relató el reportero.

Ante las amenazas, Ramírez Reyes decidió retirarse del lugar alrededor de las 17:30 pm (hora local) y por temor a ser agredido por el agente le pidió al dueño del restaurante que saliera con él y lo acompañara hasta la calle. Ahí pudo abordar su automóvil y dirigirse a su casa.

Días más tarde, Hernández Andrade fue señalado como autor del homicidio del kinesiólogo del club de futbol Pachuca, Ramón Estrella Salazar, esa misma tarde, a unos metros del restaurante. El ex jefe policiaco se encuentra hoy prófugo.

Ramírez Reyes aseguró que el hoy occiso vestía del mismo color que él. Dijo temer que el asesinato fuera una confusión y que en realidad la agresión fuera dirigida contra él; por tal motivo decidió interponer una denuncia contra Hernández Andrade ante la Procuraduría estatal. Por la denuncia se inició la averiguación previa número 12/dpa/r/III/2687/2009. El reportero también solicitó protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Presuntos policías estatales agreden y amenazan de muerte a reportero gráfico. Yucatán

México, 18 de septiembre, 2009 (CEPET). Pablo Vélez Cisneros, fotógrafo independiente aseguró temer por su vida luego de que presuntos policías estatales lo agredieran y amenazaran de muerte, el pasado 16 de septiembre cuando cubría una manifestación en el marco del desfile militar con motivo del 99 Aniversario de la Independencia de México, en Mérida, Yucatán (sureste del país).

El día en cuestión, Vélez Cisneros acudió a la plaza principal para cubrir la parada militar. Cuando ésta concluyó, alrededor de las 10:00 (hora local), hizo su arribo un contingente de organizaciones que protestaban contra el alza del pasaje del transporte público.

El comunicador comentó que durante la manifestación observó a varios hombres vestidos de civil que actuaban como policías y vigilaban a los manifestantes.

“Estaba tomando fotos cuando un sujeto se me acercó y sin más intentó arrebatarme la cámara. Me identifiqué, le dije que era reportero y le mostré mis credenciales, pero no me hizo caso. Los manifestantes se dieron cuenta, vinieron en mi auxilio y él se alejó”, explicó el fotorreportero.

Tras realizar su trabajo, Vélez Cisneros se disponía a marcharse, pero cuando se dirigía hacía el estacionamiento para abordar su automóvil, notó que el hombre que había tratado de despojarlo de su cámara lo seguía, acompañado de otros sujetos.

“Me metí a una tienda, hice como que estaba hablando por teléfono. Vi a unos agentes antimotines y les pedí auxilio. Los policías fueron tras ellos y entonces me encaminé nuevamente hacia mi auto, pero observé que otros hombres me seguían.”      

El reportero se apresuró a abordar su automóvil, pero al salir, una camioneta verde sin placas y con torretas intentó cerrarle el paso. Sus tripulantes, quienes portaban radios oficiales, descendieron del vehículo y le pidieron al reportero que bajara del suyo, pero éste se negó.

“Vi que uno de ellos se llevó la mano a la cintura y pensé lo peor. Le eché el carro encima. Se enfurecieron, me insultaban y me decían que me iban a matar. Uno de ellos le ordenó al conductor de la camioneta: ‘chócalo, chócalo’, así que impactaron la parte trasera de mi automóvil. Patearon y golpearon mi auto, pero yo no bajé el vidrio.”

Un policía municipal, quien observaba los hechos, pidió refuerzos. Cuando éstos llegaron, los agentes lograron detener a tres de los agresores. Eran alrededor de siete, pero el resto logró huir.

Los detenidos son Fernando Oliver Perera Chan, Juan Bautista Chale Martínez y Wilberth Jiménez Alcocer, quienes se identificaron como policías estatales, sin embargo la Procuraduría de Justicia del Estado negó que estas personas pertenecieran a la corporación policiaca.

El fotógrafo presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría estatal por amenazas de muerte, intento de robo y daños. Sin embargo, los agresores fueron liberados bajo fianza al día siguiente.

Golpean y amenazan a reportero por hacer públicas irregularidades en un plantel escolar, Puebla

México, 18 de septiembre, 2009 (CEPET). Arturo Alfaro Galán, reportero del periódico La Jornada de Oriente, denunció haber sido agredido y amenazado por el hijo del director de una escuela pública de Puebla, al centro-oriente de México, por denuncias que el periodista ha publicado acerca de la administración del plantel.

Alfaro Galán ha dado seguimiento a las denuncias de padres de familia contra Raúl Ramírez Enríquez, director de la escuela secundaria “Héroes de la Reforma”, a quien se acusa de desvío de recursos y prepotencia, ya que ha dado de baja a varios alumnos sin justificación, según informó el reportero.

Las irregularidades denunciadas llevaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a congelar la cuenta bancaria en la que se concentran las aportaciones de padres de familia.

El pasado lunes 14 de septiembre, los padres de familia inconformes con la administración de Ramírez Enríquez interpusieron una nueva denuncia contra el hijo del directivo, Alejandro Ramírez Cruz, por agresiones y privación ilegal de la libertad personal, hecho que fue publicado por La Jornada de Oriente el día siguiente.

El 17 de septiembre, Ramírez Cruz encabezó una manifestación de profesores y padres familia frente a las instalaciones de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) número 6, dependencia de la SEP, ubicada en la avenida 25 Poniente, esquina con la calle 13 Sur, para demandar a las autoridades que descongelaran la cuenta bancaria de la escuela.

Alrededor de las 10:00 (hora (local), Alfaro Galán llegó al lugar referido para cubrir los incidentes de la movilización. Mientras el reportero tomaba fotografías y entrevistaba a los manifestantes, Ramírez Cruz se lanzó contra él, golpeándolo e insultándolo, al tiempo que le reclamaba por la información publicada.

“Me golpeó por la espalda, en la cabeza, y me lanzó varias patadas. Me dijo que mentía, que era un perro, un malnacido, un muerto de hambre. Me arrastró varios metros, hasta que me sacó de las instalaciones. Ahí me advirtió que me iba a arrepentir de lo que había publicado, que donde me localizara me iba acordar de él, que me estaría cazando.”   

Por la agresión sufrida, el reportero presentó ante la Procuraduría estatal una denuncia por lesiones y amenazas contra Ramírez Cruz, con lo que quedó abierto el expediente CH–3727/2009/centro.

“Me preocupan las amenazas, más que los golpes, por eso hago la denuncia”, comentó Alfaro Galán.

Jefe policiaco antisecuestros amenaza a periodista. Coahuila

México, 15 de septiembre, 2009 (CEPET). María de los Ángeles Herrera Delgado, conductora del noticiario Punto de vista en la frecuencia XHEC 91.9 FM y colaboradora de diversos medios escritos denunció haber recibido amenazas por parte de Ramiro González Muñiz, jefe del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, al norte de México.     

La periodista informó al CEPET que el pasado sábado 12 de septiembre, González Muñiz le llamó a su domicilio, alrededor de las 13:50 (hora local), para reclamarle sobre información que publicó acerca de él 

“Me gritó, me dijo de maldiciones. Yo le dije que se calmara, que si quería nos veíamos en un café para platicar sobre la información, pero él seguía insultándome. Me amenazó de muerte y le dije que lo estaba grabando, pero el seguía y seguía, así que colgué”, comentó la periodista.

Herrera Delgado aseguró que el funcionario continuó marcándole a su domicilio y a su teléfono celular, pero como ya no atendió sus llamadas, éste le mando un mensaje de texto a las 14:19 horas que decía: “Te voy a grabar a partir de hoy en la radio. Traicionera, teibolera”.

“Tengo grabado el mensaje, no es la primera vez que me amenaza, en otras ocasiones me ha llamado para reclamarme por mis publicaciones y me ha dicho que le va a pedir a mis jefes que me corran”, dijo la comunicadora.

Herrera Delgado explicó que en la edición de la primera quincena de julio de las revistas El Quijote y Vivir Coahuila publicó una columna donde daba cuenta de la trayectoria del funcionario y señalaba que en este tiempo González Muñiz tuvo un enriquecimiento inexplicable.

La periodista hizo circular en varios medios un comunicado público en el que denuncia las amenazas del funcionario y solicita al gobernador del estado, Humberto Moreira, protección para ella y su familia.

“No tengo miedo por mí, pero sí por mi familia. Lo responsabilizo a él (González Muñiz) de los que nos pase”, finalizó.  

Empleados municipales impiden distribución de un diario y golpean a su director. Quintana Roo

México, 16 de septiembre, 2009 (CEPET). Empleados municipales de Isla Mujeres, Quintana Roo, al sureste de México, obstaculizaron el 4 y 5 de septiembre la distribución del periódico Diario Respuesta, mientras que algunos de ellos también golpearon y amenazaron al director editorial del rotativo, Alejandro Vargas González según denuncia del propio periodista.

El viernes 4 de septiembre, los voceadores de la publicación llegaron a Isla Mujeres. Cuando se disponían a bajar del vehículo en el que viajaban para distribuir los ejemplares del diario, un grupo de personas los rodeó y les impidió bajar. Les dijeron que se regresaran por donde habían venido y les advirtieron que la día siguiente no les iban a permitir entrar.

Tras recibir el reporte de los voceadores, Vargas González decidió ir personalmente a Isla Mujeres para investigar cuál era el problema, por lo que al día siguiente, sábado 5 de septiembre, acompañó a los voceadores.

“Llegamos a las 5:00 de la mañana, estaba todo tranquilo y la distribución del periódico no tuvo problemas, pero no habíamos avanzado ni cien metros cuando llegó un grupo de personas que rodearon el carro y nos insultaron.

“Intenté hablar con ellos, pero me dijeron ‘lárgate de aquí, los vamos a sacar de Isla’. Entonces tomé un fajo de ejemplares para distribuirlo y se me fueron encima varias mujeres. Me jalaron el cabello, me rasguñaron, me tiraron, eran como 30. Mientras, los hombres nos insultaban y nos amenazaban. Nos decían que no volviéramos porque nos iban a matar.”

Mientras golpeaban al periodista, los agresores le reclamaban la publicación de notas adversas al gobierno municipal. Destruyeron unos 500 ejemplares del diario, e incluso varios agentes policiacos presenciaron la agresión, pero no hicieron nada para protegerlos, de acuerdo con la versión de Vargas González.

El director editorial de Diario Respuesta explicó que el diario ha publicado en fechas recientes una serie de denuncias ciudadanas y trabajos periodísticos sobre malos manejos en la administración municipal que encabeza la panista Alicia Ricalde Magaña, y aseguró que las primeras investigaciones revelan que los agresores eran empleados de limpia municipales.

Los directivos de Diario Respuesta presentaron una denuncia por daños y lesiones ante la Procuraduría. “Tenemos identificados los nombres de todos los agresores”, detalló Vargas González.

Comandante policiaco irrumpe armado en oficinas de diario. Veracruz.

México, 11 de septiembre, 2009 (CEPET, Directivos del Diario del Istmo denunciaron que el comandante de la Policía Intermunicipal de Veracruz (al sureste de México), Raúl de Lucio Rincón irrumpió acompañado de agentes armados en las instalaciones de la corresponsalía en Nanchital, para reclamar sobre la publicación de una nota que lo aludía.

El pasado 9 de septiembre, alrededor de las 14:00 (hora local), el jefe policiaco llegó a las oficinas de la corresponsalía, acompañado de dos elementos que portaban armas largas; cuando uno de los reporteros abrió, el comandante dijo “quiero ver a la licenciada” y sin más se dirigió a la oficina de la coordinadora, Liliana Corona Sayune, según la versión de la propia periodista.

“Entró a mi cubículo y aventó un periódico a mi escritorio. ‘¿En qué se basó él para sacar esta información?’, me preguntó. Le expliqué que la nota estaba firmada por mí, que yo la había hecho, que el reportero no tenía que ver. Me respondió ‘Ahh’ y se fue”, narró Corona Sayune.

La noticia a la que se refería el mando policiaco tenía que ver con las amenazas que le hizo al reportero Artemio Hurtado Ruiz el 4 de septiembre, y que el CEPET consignó en una alerta publicada cinco días más tarde.

En esa ocasión el policía abordó al reportero en forma agresiva y cuando éste le preguntó si tenía algún problema con él, el comandante le respondió: “Tómalo como quieras. Luego por qué amanecen con la boca llena de hormigas”, aludiendo a los cadáveres que suelen ser hallados invadidos por los insectos.

Por la irrupción, los directivos del diario presentaron una denuncia ante las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, y el próximo lunes presentarán otra ante el Ministerio Público.

“Él (De Lucio Rincón) tiene derecho a pedir una réplica, pero venir armado y de esa manera es una forma de intimidarnos”, comentó Corona Sayune.

Denuncia reportero detención ilegal de 16 horas; responsabiliza a jefe policiaco de Veracruz

México, 10 de septiembre, 2009 (CEPET). Santos Vera Gil, reportero del periódico El Horizonte denunció haber sido víctima de una detención arbitraria, el pasado 7 de septiembre, en represalia por la información que ha publicado sobre abusos cometidos por la Policía Municipal de Agua Dulce, Veracruz, en la costa del Golfo de México.

Vera Gil narró que alrededor de las 18:00 (hora local) del lunes se encontraba acompañado de un vecino en la colonia Kilómetro Dos, cuando al lugar llegaron tres elementos policiacos. Uno de ellos, identificado como Luis Alberto Vinagre lo atacó por la espalda, lo sujetó del cuello y lo tiró al suelo, mientras los otros dos oficiales, Jorge García Rodríguez y Bernardo Osorio, colaboraron sometiéndolo a golpes para finalmente esposarlo.

Tras someter al comunicador los agentes hicieron subir al reportero a una patrulla, en la cual lo trasladaron a una clínica donde les extendieron un certificado médico, en el que se asentó que  el detenido estaba alcoholizado. “Había bebido una cerveza, pero no cometí ningún delito”, comentó el periodista.

Una vez realizada la inspección médica, los agentes lo llevaron a la Comandancia de la Policía Municipal donde lo encerraron. Vera Gil preguntó que cuál era el motivo de su detención, pero los uniformados sólo le dijeron que había una denuncia en su contra.

El reportero   permaneció encerrado por un lapso de 16 horas, de las 19:00 del lunes hasta las 11:00 horas del día siguiente, y fue liberado tras pagar una multa de 300 pesos por “desacató a la autoridad” y 50 pesos más por el certificado médico.

Vara Gil responsabilizó por la detención ilegal que sufrió al jefe de la policía de Agua Dulce, Martín Pilar Rodríguez, y aseguró que otros elementos de la Policía Municipal le revelaron que cuando era trasladado a la Comandancia, escucharon por la radiofrecuencia que el policía Jorge García Rodríguez comentó: “Díganle al jefe que le llevo un regalito”.

El reportero dijo al CEPET que hace aproximadamente tres meses presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Pilar Rodríguez, pues policías le habían advertido de comentarios de su jefe que exhibían su intención de encarcelarlo y fabricarle delitos falsos, por la molestia que le ocasionaban varios textos publicados por el periodista.   

Comandante policiaco amenaza a reportero en Nanchital, Ver.

México, 9 de septiembre, 2009 (CEPET). Artemio Hurtado Ruiz, reportero del Diario del Istmo denunció haber sido amenazado de muerte, el pasado viernes 4 de septiembre, por Raúl de Lucio Rincón, comandante de la Policía Intermunicipal en Nanchital, Veracruz, al sureste de México.

El reportero informó que el día referido, alrededor de las 18:00 (hora local), se encontraba afuera de las oficinas de la comandancia local, cuando De Lucio Rincón se acercó, pasando de largo mientras decía: “Desde lejitos, porque luego toman fotos y publican tonterías”.

Hurtado Ruiz le preguntó directamente si tenía algún problema con él, a lo que el agente policiaco respondió que le preguntara a Rodrigo Pérez (un periodista que había sido agredido anteriormente mientras realizaba su trabajo).

El comunicador le exigió aclarar si lo estaba amenazando. “Tómalo como quieras. Luego por qué aparecen con la boca llena de hormigas”, dijo De Lucio Rincón, en referencia a las víctimas de asesinato cuyos cuerpos suelen ser hallados plagados de hormigas.

Antes de retirarse, el comandante dijo al reportero que tenía órdenes —aunque no dijo de quién— de detenerlo. “Nada más que la riegues y te encarcelo”, le advirtió.

Liliana Corona Sayune, coordinadora de la corresponsalía del Diario del Istmo en Nanchital, explicó al CEPET que el pasado 28 de agosto el periódico publicó en sus páginas un trabajo relativo a varias denuncias ciudadanas que aludían a abusos de la Policía Intermunicipal (organismo que se encarga de la seguridad pública en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital).

La periodista aseguró que a mediados del mes de agosto, el subcoordinador de ese cuerpo policiaco en Nanchital, Fermín Ramírez Bonilla, se comunicó con ella para reclamarle el haber publicado una foto de él en las páginas del diario.

Por lo anterior, Corona Sayune consideró que la amenaza del policía la aludía a ella también, y al medio de comunicación para el cual trabajan.    

Continúa el acoso de policías municipales contra periodista en Tizimin Yucatán

México, 7 de septiembre, 2009 (CEPET). Wendy Ucán Chan, reportera de El Diario de Yucatán, denunció haber sido detenida de manera injustificada la madrugada del sábado 5 de septiembre, mientras que su auto fue llevado al corralón por policías municipales de Tizimín, Yucatán, al sur de México, sin que existiera falta de tránsito alguna que ameritara la acción.

De acuerdo con la versión de la propia Ucán Chan, el incidente tuvo lugar luego de salir de una discoteca de la localidad, en compañía de su novio, Ricardo Choc Kumul, quien se puso al volante del auto de la reportera. En el camino notaron que patrullas los seguían.

“Cuando llegamos a una zona deshabitada y oscura, una patrulla se paró frente a nosotros y otra atrás. Nos dijeron que nos tenían que levar por conducir en estado de ebriedad. Les pedí que no nos llevaran, que no estábamos ebrios y uno de ellos me dijo: ‘Lo siento nena, son órdenes de arriba’”.

Los agentes arrestaron a Choc Kumul y se llevaron el vehículo al corralón. Cuando la comunicadora acudió al depósito, los empleados le pusieron trabas, diciéndole que el automóvil aparecía como robado. “Cuando llegué, estaban los guaruras del alcalde —un grupo de la Dirección de Seguridad Pública conocido como los zorros —. Les pregunté qué hacían ahí. Me respondieron: ‘Nosotros vamos a donde vayas tú’. Sentí miedo.

“En el corralón me dijeron que no me podían entregar mi coche, porque todavía no daban la orden, luego llegaron unos policías a revisarlo. Finalmente hablaron con el director (de la policía) y él ordenó que me lo entregaran.”

La reportera aseguró que los guardaespaldas del alcalde la siguieron hasta las instalaciones del periódico.

La comunicadora aseguró que el jueves 3 de septiembre recibió un mensaje en su teléfono celular, que atribuyó al alcalde José Luis Peniche Bates que decía: “Otra vez dices mentiras, reportera”.

Esta es la segunda ocasión que la periodista denuncia estar siendo acosada por parte de policías municipales. El CEPET consignó en una alerta anterior que el pasado 29 de agosto, Ucán Chan había sido víctima de intimidación por parte de elementos de la Policía Municipal, y 15 días antes había recibido amenazas del presidente municipal. 

Luis Alberto Luna Cetina coordinador regional de información de El Diario de Yucatán comentó que es preocupante el acoso que ha sufrido la comunicadora, por lo que ya solicitó a los directivos del periódico que tomen medidas para protegerla. Por su parte, Luis Celaya Cordero, asesor jurídico del diario, informó que están considerando presentar una denuncia por abuso de autoridad, en caso de que la reportera sufra otra agresión.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de  Tizimín hizo llegar a El Diario de Yucatán, a través de la oficina del alcalde, una carta en la que niega categóricamente que exista o haya existido “acoso” contra Ucán Chan y precisa que éste es “producto de la imaginación y del delirio de persecución de la citada reportera”.

Asimismo, asegura que  la contradicción entre lo que ella asegura que le dijeron los policías al momento de la detención y lo que éstos asientan en su parte informativo “evidencia la falsedad con que se conduce” la periodista, a quien se acusa de tergiversar la verdad “con el único afán de atacar la imagen de las autoridades municipales”. 

Policía amenaza con arma de fuego a un reportero gráfico n Chihuahua, Chih.

México, 4 de septiembre, 2009 (CEPET). Alonso Alvidres López, reportero gráfico del periódico El   Peso, denunció haber sido amenazado por el agente de la Policía Municipal José Chacón Gallegos, quien lo amenazó con un arma de fuego la madrugada del pasado 3 de agosto, en Chihuahua, Chihuahua, al norte de México.

El fotógrafo, quien cubre la fuente policiaca en el turno nocturno, narró que el pasado jueves, alrededor de las 00:30 (hora local) fue informado sobre un incidente en la colonia Díaz Ordaz, donde una persona había resultado baleada.

Acompañado por comunicadores de otros medios, el periodista fue informado de que todo había sido una falsa alarma. Mientras conversaba con otro colega, un vehículo policiaco en el que viajaba Chacón Gallegos pasó cerca de ellos. El reportero gráfico aseguró que cuando el policía —quien también se desempeña como coordinador del Sector Zapata— lo vio, sacó un fusil y le apuntó refiriéndose a él con palabras soeces.

“Hemos tenido problemas varias veces, desde hace tiempo, porque no le parece que haga mi trabajo”, dijo el fotógrafo.

Por estos hechos, Alvidres López presentó una denuncia por amenazas ante el Ministerio Público en contra Chacón Gallegos. “Tengo miedo, puede hacer algo en contra mía o de mi familia”, comentó. 

Atacan a balazos vivienda de periodista en Salina Cruz, Oax.

México, 31 de agosto, 2009 (CEPET). Guillermo Soto Bejarano, director del semanario Nuevo Milenio denunció que la madrugada del pasado 30 de agosto su domicilio en Salina Cruz, Oaxaca, al sur de México, fue atacado a balazos por desconocidos, sin que se registraran heridos.

“Estaba dormido, cuando escuché los disparos, lo primero que hice fue correr para proteger a mi hijo que se había dormido en la sala. Lo cargué y lo encerré junto con mis otros hijos en el baño para protegerlos”, comentó el periodista en entrevista.

Soto Bejarano informó que su hijo mayor observó que una camioneta Ford Lobo, color negro y con vidrios polarizados, circulaba a baja velocidad frente a su domicilio, entre las 5:30 y 6:00 (hora local). Los disparos se iniciaron cuando el joven encendió la luz de la habitación.

Cuando cesaron las detonaciones, el comunicador llamó a la policía. Tras revisar su domicilio, los elementos municipales informaron haber encontrado seis cartuchos de una arma 9 milímetros o calibre 45. Cuatro balas impactaron la fachada de su casa, otra en su auto y la última un tanque de gas.

De acuerdo con Soto Bejarano, un mando policiaco le recomendó que por su protección y la de su familia abandonara el domicilio, por lo que los trasladaron en vehículos policiacos a la vivienda de un familiar. 

El también director editorial del semanario La Voz del Istmo consideró muy probable que el atentado pudiera estar vinculado con su actividad periodística y comentó que la vivienda del anterior director de esa publicación también fue escenario de un ataque a balazos en enero de este año, aunque en esa ocasión los disparos fueron al aire.

Detalló, asimismo, que entre la información de mayor riesgo que ha publicado el semanario a su cargo se encuentra un trabajo sobre el título apócrifo de una abogada vinculada con la delincuencia organizada.

Soto Bejarano presentó ya una denuncia de hechos ante la Procuraduría estatal y otra ante la Procuraduría General de la República por el atentado en su contra.

Someten a reporteros a un careo irregular con un agente policiaco acusado de extorsión en Ciudad Juárez, Chih.

México, 27 de agosto, 2009 (CEPET). Ramón Chaparro Domínguez y Julio César Aguilar Fuentes, reportero y fotógrafo respectivamente del periódico El Diario, así como Carlos Ramírez, reportero del periódico El Mexicano, fueron expuestos, sin previa notificación, por parte de autoridades judiciales  ante personas sujetas a un proceso legal, al ser careados con uno de siete agentes federales acusados de extorsión, el pasado 26 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México.

El 11 de julio pasado los diarios referidos publicaron —con base en información proporcionada por fuentes de la Procuraduría General de la República y el encargado del Módulo de Quejas contra elementos del Operativo Conjunto Chihuahua, Javier González Mocken— una nota sobre siete policías federales detenidos, tras ser denunciados por familiares de un joven a quien los elementos presuntamente sembraron droga y pedían dinero para no proceder contra él, informó Rocío Gallegos, jefa de información de El Diario.

Casi un mes después, el 12 de agosto, llegó a la redacción de ambos periódicos un citatorio dirigido a los directivos a quienes se solicitó dar instrucciones a los reporteros para que se presentaran a declarar el 26 de agosto a las 11:30 horas. 

El citatorio, girado por acuerdo del Juez Quinto de Distrito y firmado por la secretaria Alma Leticia López Medina no indicaba el asunto, sólo el número de la causa penal: la 136/2009-V-9.

Los dos reporteros y el fotógrafo acudieron al Juzgado poco antes de las 11:30 horas y fue hasta después del medio día que uno por uno fueron careados con Salvador Guzmán Ávalos, uno de los inculpados.

“Nosotros acudimos por cumplir con la ley —comentó Chaparro Domínguez—, porque además en el citatorio decía que si no íbamos nos multarían. Llegamos puntuales, Julio fue el primero en pasar, pero cuando vimos que uno de los federales estaba presente pensamos que eso no era regular e intentamos retirarnos”.

Los periodistas manifestaron su inquietud al encargado del Ministerio Público, pero éste les prohibió retirarse, pues la audiencia ya estaba en curso. Acto seguido se comunicaron a las oficinas de El Diario, cuyos directivos enviaron al abogado de la empresa. Este último fue informado que el inculpado estaba presente a solicitud de la defensa y que los periodistas tenían que declarar; en caso contrario, se les seguirían enviando citatorios e incluso se deslizó la posibilidad de usar hasta la fuerza pública para obligarlos a comparecer, preciso el reportero.

“Decidimos comparecer para terminar con esto y que nos dejaran en paz. Me enseñaron una nota y me preguntaron si era de mi autoría. Les dije que sí. Luego me mostraron una nota firmada por el Staff, y me preguntaron lo mismo, les respondí que no. El acusado me preguntó si la información nos la habían dado en rueda de prensa o que precisara quién nos la había dado. El MP le dijo que no podía preguntar eso por la secrecía de fuentes.”

Chaparro Domínguez consideró que esta acción de la autoridad atenta contra su seguridad y la de sus compañeros, además de que es una forma de intimidación y de inhibir la libertad de prensa.

“Me preguntaron si yo conocía al policía acusado, que si tenía relación personal con él. Respondí que por supuesto que no. Me mostraron unas fotografías que publiqué y me preguntaron si eran mías. Respondí que sí. El policía (inculpado) me preguntó que quién autorizaba que se publicaran esas fotografías. Respondí que yo trabaja para El Diario y que el periódico era el responsable de la reproducción de las mismas”, informó por su parte Aguilar Fuentes.

Rafael Navarro Barrón, director de El Mexicano, condenó la acción que, consideró, compromete la seguridad de los periodistas. “Les solicitaron sus datos personales, nombre completo, domicilio, teléfono; todo frente al policía acusado. Esto es irregular. Todo esto es una trampa”, comentó el directivo    

Advierte la CNDH “impunidad institucionalizada” en los casos de agresiones a periodistas

México, 19 de agosto, 2009 (CEPET). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este día una recomendación dirigida a los 31 gobernadores de los Estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como al procurador general de la República y al procurador general de Justicia Militar, ante la negligencia y el inadmisible incumplimiento de las autoridades procuradoras de justicia en su obligación de investigar las agresiones contra periodistas, lo que ha permitido que los autores materiales e intelectuales de los ilícitos queden sin sanción penal, generando un clima de “impunidad institucionalizada”.

Además de sugerir el impulso de una lucha decidida, frontal y permanente contra la impunidad, definir responsabilidades administrativas y penales en que habrían incurrido los servidores públicos en los casos en que se acreditaron irregularidades, el organismo presidido por José Luis Soberanes, recomienda impulsar reformas legales reglamentarias y administrativas para definir de manera clara y adecuada la competencia y responsabilidad de las instancias procuradoras de justicia para conocer de los delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación. No obstante, la Comisión no instruye a instancias específicas del Estado a actuar.

El documento, elaborado a partir del análisis de 505 expedientes de queja iniciados por la Comisión en el periodo comprendido entre enero de 2000 y julio de 2009 relacionadas con agravios contra periodistas, así como de las 51 recomendaciones emitidas en dicho periodo por el organismo, advierte que las autoridades encargadas de procurar justicia han incurrido en dilación y deficiente integración de las indagatorias en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, así como en una generalizada propensión a descartar de antemano que el móvil de las agresiones a los comunicadores agraviados tenga relación con su labor periodística.

La desatención a las agresiones a periodistas —advierte el texto de la recomendación— ha propiciado que éstas se incrementen en tal manera que de 2000 a la fecha, considerando únicamente homicidios, desapariciones forzadas y ataques con explosivos a instalaciones de medios, se ha documentado un total de 65 casos, ocurridos en 17 entidades federativas.

No obstante lo anterior, tanto las procuradurías estatales como la Procuraduría General de la República no sólo reportan haber consignado las averiguaciones previas correspondientes en apenas 17 de los casos, sino que el número de actuaciones en que se dictó sentencia condenatoria en estos más de nueve años se reduce a nueve.

La CNDH logró acreditar numerosas irregularidades en las investigaciones ministeriales, que incluyen el carpetazo a los expedientes sin agotar previamente todas las líneas de investigación; aplicación de medidas deficientes para impedir la pérdida, destrucción o alteración de huellas o vestigios del delito; dilación y largos periodos de inactividad en las actuaciones; rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión; falta de participación oportuna de peritos en diversas materias, además de que se omitió en numerosas ocasiones girar citatorios, órdenes de comparecencia, búsqueda, localización, investigación y presentación de personas clave para el esclarecimiento de los hechos.

Cuando el Estado no cumple de manera efectiva y cabal con la investigación del homicidio o desaparición de un periodista y no aplica las sanciones penales contra los autores materiales e intelectuales —acota el organismo—, comete un acto particularmente grave en términos de los efectos que tal circunstancia acarrea para la sociedad, de modo que la impunidad resultante ha generado un ambiente permisivo para que las agresiones a los profesionales de la comunicación, así como a los diferentes medios, continúen y sean cada vez más violentas, y propicia que algunos periodistas o medios de comunicación recurran a la autocensura para evitar convertirse en víctimas de venganza y represión, con lo que se vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.

En relación con la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas la CNDH considera que ésta ha desestimado casos sin haber agotado todas las líneas de investigación, mientras que sus informes son confusos y tienen más fines de divulgación y de imagen que de una efectiva rendición de cuentas.

Denuncia periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, hostigamiento y amenazas

México, 18 de agosto, 2009 (CEPET). Mussio Cárdenas Arellano, director de la revista digital Contacto, y colaborador de los diarios Liberal del Sur y Presencia del Sureste, en Coatzacoalcos, Veracruz (sureste de México), denunció haber sido objeto de hostigamiento y amenazas de muerte durante las últimas dos semanas.

El primer incidente se registró el miércoles 5 de agosto, cuando el periodista se dirigía a su domicilio. Alrededor de las 23:00 (hora local), un sujeto con una gorra sobre la cabeza empató el paso con él. “Ya bájale a tus críticas”, le advirtió antes de alejarse sin dar oportunidad a que el periodista viera su rostro.    

La mañana del martes 11, su vehículo, una minivan Nissan Quest color blanco, estacionada a unos metros de su domicilio, apareció pintarrajeada con aerosol y palabras que hacían alusión al propio periodista y los medios para los que colabora.

Dos días más tarde, el jueves 13 de agosto, en el centro de Coatzacoalcos fue encontrada una cabeza de cerdo en la que aparecían pintadas con plumón las leyendas “Theurel te vas a morir”, “Muera Luna”; “Marcelo”, “Rolando Liberal Edel”, “Café Nosia” y “Muerto Mussio”.

Al parecer, las palabras se refieren al secretario de Comunicaciones de Veracruz, Marco César Theurel; al asesor de prensa del gobierno estatal, Miguel Ángel Luna; al alcalde de Coatzacoalcos, Marcelo Montiel; al vicepresidente y columnista del periódico Liberal del Sur, Rolando Quevedo Lara; al director de Notarias y Registro Público de la Propiedad del gobierno estatal y dueño del periódico Liberal del Sur, Edel Álvarez Peña y al propio Mussio Cárdenas.

El periodista publica la columna “Bitácora del poder” en el diario Liberal del Sur e “Informe rojo” en Presencia del Sureste. Participa en el programa La noticia en el café del sistema de cable local Olmeca TV y es director ejecutivo de la revista digital Contacto, donde publica sus reportajes, columnas y otros textos periodísticos.

Cárdenas Arellano refirió que en su trabajo periodístico ha sido particularmente crítico del priísta, Iván Hillman Capoy, ex alcalde de Coatzacoalcos, después secretario de Turismo del estado y más recientemente candidato a diputado federal, aunque fue derrotado en las elecciones del pasado 5 de julio.

Según el periodista, a través de los diversos medios para los que colabora, consignó diversas irregularidades en el financiamiento de la campaña del político priísta, hechos que alcanzaron a su operador, Mariano Moreno Canepa.

También dijo haber documentado irregularidades y actos de corrupción en las administraciones del director de carreteras estatales de Veracruz, Roberto Chagra Nacif, y de su hermana, la secretaria de Desarrollo Económico de Coatzacoalcos, Milene Chagra Nacif, al tiempo que reconoció haber cuestionado a la familia Robles Barajas, propietaria del Diario del Istmo y a la ex diputada perredista Roselia Barajas.

Cárdenas Arellano confió que en el pasado ha sido cesado de otros medios en los que colaboraba, por presiones de Iván Hillman Chapoy. Ante las amenazas y el hostigamiento de los que ha sido víctima, el periodista presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público.

Emite CNDH recomendación contra la Secretaría de la Defensa por dar trato inhumano y degradante a periodistas 

México, 17 de agosto, 2009 (CEPET). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este día una recomendación dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, por hechos sucedidos el 7 de agosto de 2007, cuando cuatro periodistas que cubrían un operativo militar en Monclova, Coahuila (Norte de México), fueron detenidos, incomunicados y víctimas de tratos degradantes por parte de 17 elementos del Ejército Mexicano.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas, cuando Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, del periódico Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, del diario La Voz; y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4, se enteraron por radio de la realización de un operativo militar y se dirigieron al cuartel, para hacer la cobertura. Más adelante desistieron, al ver que el convoy ingresaba a las instalaciones militares; sin embargo, cerca de ahí fueron interceptados por militares, quienes los obligaron a descender de los vehículos, los amagaron e interrogaron.

Los reporteros fueron retenidos desde ese momento pues carecían de credencial que acreditara su labor, aunque los automóviles en que viajaban y la ropa que portaban lucían los logotipos de sus respectivos medios informativos. Los comunicadores fueron subidos a una camioneta, donde les cubrieron los ojos, los golpearon, los colocaron boca abajo y los “pasearon” durante varias horas. A las 5:00 horas del día siguiente los interrogaron e imputaron posesión de enervantes, de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; les atribuyeron ser miembros de una célula del grupo criminal conocido como Los Zetas. Fue hasta alrededor de las 14:00 horas que los periodistas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, detalla la CNDH.

El caso fue consignado ante el juez de la causa que dictó auto de libertad a los agraviados, por no haberse justificado los ilícitos que les fueron atribuidos ni la probable responsabilidad en su comisión. Además de ello, el análisis de las evidencias permitió a la CNDH acreditar diversas contradicciones entre los hechos y el parte militar.

De manera consistente, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a que personal de la Comisión entrevistara a los elementos militares involucrados en los hechos, con lo que violó las disposiciones legales y entorpeció la indagación de presuntas violaciones a derechos humanos. Más aún, el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por abuso de autoridad, la cual su homólogo militar envió al archivo, declarando la extinción de la acción penal por la muerte del subteniente de Infantería que tenía el mando del operativo, pero impidiendo el ejercicio de la acción penal contra los otros 16 elementos que participaron en los hechos.

En su recomendación, la CNDH solicita al secretario de la defensa que se indemnice y se reparen los daños ocasionados a los agraviados dada la violación a sus derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión.

Alcalde irrumpe en oficina del Diario de Yucatán y amenaza a reportero 

Los mismos priístas han condenado su actitud. Asunto a ventilarse en Congreso Local.

México, 10 de agosto, 2009 (CEPET). Jesús Bacab Chulim, reportero del Diario de Yucatán denunció haber sido agredido y amenazado de muerte por  Juan José Martín Briceño, alcalde priísta del municipio de Oxkutzcab, Yucatán, al sur de México, por publicar información desfavorable al funcionario.

El pasado viernes 7 de agosto, alrededor de las 8:30 (hora local), el funcionario municipal llegó hasta la corresponsalía del Diario de Yucatán, acompañado del subdirector de la Policía Municipal, Julián Suárez Quijada, y reclamó al reportero por la publicación de una noticia sobre las deficiencias en el sistema educativo local, según la versión del propio Bacab Chulim.

“Entraron y (Martín Briceño) le ordenó al subdirector de la policía que cerrara la puerta. Empezó a gritar y a insultarme. Llevaba el periódico y lo mostraba. ‘Publicas puras porquerías. ¿Por que no escribes lo que hago bonito?, me decía mientras manoteaba”, narró el periodista.

El funcionario intentó golpear al reportero, pero se vio impedido de hacerlo pues éste se encontraba sentado detrás de un escritorio. Fue cuando intentó levantarse para calmar al alcalde que Martín Briceño lo empujó hacia la pared y dirigiéndose a él en todo momento con palabras altisonantes lo amenazó de muerte: “Esto es sólo una advertencia, la próxima vez te mato”.

Un vecino que escuchó los gritos acudió en auxilio del reportero y por la ventaba preguntó qué sucedía. Los agresores se retiraron entonces, pero antes sustrajeron una memoria USB, que contenía información del reportero.

Tras la agresión, el periodista interpuso ante la agencia del Ministerio Público una denuncia penal contra alcalde de Oxkutzcab por los delitos de robo y amenazas, la cual quedó asentada en el acta número 1004/2009.

Ésta es la segunda ocasión que el alcalde irrumpe en la oficina del reportero y la tercera que lo agrede y amenaza. El pasado 1 de mayo, Martín Briceño irrumpió en la oficina del diario para reclamar la publicación sobre el regaño que días antes dio a sus directores. En esa ocasión retuvo al reportero durante unos 45 minutos.

En noviembre de 2007, el alcalde citó al reportero en sus oficinas diciéndole que iba a proporcionarle información, pero cuando Bacab Chulim acudió lo insultó y amenazó frente a varias personas, dijo el periodista.

Ángel Noh Estrada, coordinador editorial del Diario de Yucatán, condenó la agresión y dijo que los directivos están analizando qué medidas tomarán ante las constantes agravios del munícipe.

“Hay muchas reacciones, los mismos priístas han condenado su actitud. En el Congreso dijeron que los iban a llamar e iban a hacer una investigación a fondo de la agresión”, comentó el directivo.

Levantan y amenazan de muerte a periodista; investigaba negocio ilegal de alcalde.

México, 6 de agosto, 2009 (CEPET). David Ávila León, editor del periódico local El Cuadrante, denunció haber sido levantado (secuestrado sin intención de pedir rescate) y amenazado de muerte por investigar un caso de explotación ilegal de un área natural, en el municipio San Diego de la Unión, Guanajuato, al centro de México.

Ávila León informó que el pasado jueves 30 de julio caminaba por la Avenida Norte cuando, alrededor de las 13:30 (hora local) una camioneta de color negro, sin placas y con dos ocupantes a bordo, lo interceptó. Del vehículo bajó un hombre con un arma que lo obligó a subirse al vehículo.    

“Había mucho tráfico, no me resistí, me sentaron en medio de los dos. En el camino se burlaban de mí y decían que por qué no me mataban de una vez”, narró el periodista.

Más adelante lo bajaron, advirtiéndole que dejara de preguntar sobre La Montañita, área explotada ilegalmente desde hace años por el alcalde panista del municipio San Diego de la Unión, Luis Gaudencio González, y otros cuatro particulares quienes extraían tezontle (material para la construcción). De lo contrario, le dijeron, se iba a morir.

“Me asusté mucho, llamé a mi esposa y fue por mí. Me fui directo al Ministerio Público a poner la denuncia contra quien resulte responsable”, comentó Ávila León.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron la averiguación previa 218/09 por el delito de amenazas.

El viernes 31 de julio, un día después de la agresión al periodista, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Guanajuato clausuró la extracción de tezontle de La Montañita, e informó que los extractores no contaban con permisos para la explotación de esa área.

Ávila León había solicitado información y una entrevista con el alcalde para que le aclarara su participación en el negocio, pero éste no contestó a las peticiones. 

En peligro, la integridad física de reportero tras ser agredido por policías

México, 31 de julio, 2009 (CEPET). Luis Fernando Nájera Pérez, reportero de El Diario de Los Mochis y el semanario Ríodoce necesitará de tres meses de tratamiento médico e incluso podría verse obligado a someterse a cirugía, debido a las lesiones en la garganta que sufrió durante una agresión, el pasado 25 de julio, por parte de agentes de la Policía Municipal de Ahome, Sinaloa (noroeste de México).

De acuerdo con una versión por escrito proporcionada al CEPET por Nájera Pérez, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas del sábado 25, en la esquina de Higueras y Álamos, en el fraccionamiento Stase IV, en Los Mochis, donde se registró un incidente entre dos vehículos que derivó en una golpiza contra el copiloto de uno de los autos.

Tras varios minutos y luego de que otros elementos policiacos ignoraron la escena, llegó al lugar la patrulla 1352 de la Policía Municipal. El periodista se acercó a los tripulantes para preguntar qué pasaba. Por respuesta, Nájera Pérez recibió un puñetazo en el ojo izquierdo, mientras que otro sujeto lo tomó por el cuello para inmovilizarlo.

El reportero fue detenido, esposado y confinado en el Departamento de Dactiloscopía, donde no sólo se le mantuvo incomunicado, sino que motopatrulleros de la corporación continuaron tomándolo del cuello y golpeándolo en el abdomen, mientras lo acusaban de haber roto los cristales del automóvil particular del comandante Raúl Alberto Muñoz Enrique.

Al ser llevado a la barandilla, el periodista pudo explicar que lo detuvieron únicamente por haberse acercado a preguntar por el operativo, de modo que juez calificador, sin encontrar delito o falta, ordenó su libertad.

En el parte policiaco 1715/09 firmado por los motopatrulleros Rafael Estrada Esquer y José A. Vizcarra López, éstos aseguran que el día de los hechos se encontraban afuera la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras haber terminado su turno, cuando advirtieron que un individuo rompía los cristales del vehículo propiedad del comandante Muñoz Enrique, por lo que iniciaron el operativo que terminó en Higuera y Álamos.

“Narran en el parte que yo había llegado al lugar agrediéndolos y empujándolos para quitarles al detenido, diciendo que era la máxima autoridad, el cuarto poder, y que iba a chingármelos”, detalló el periodista.

El lunes 27, Nájera Pérez interpuso una denuncia penal por lesiones dolosas y lo que resulte, la cual quedó integrada en la Agencia Tercera del Ministerio Público del Fuero Común bajo el número de expediente 234/09. Asimismo, presentó una queja formal —la 119/09— ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos ya tienen conocimiento del caso.

“Me dicen que tengo muy lastimadas las cuerdas vocales por compresión... Necesitaré tres meses de tratamientos, y si no quedo, a cirugía” detalla el reportero. Los médicos han emitido tres diagnósticos: luxación aritenoidea izquierda, pródromos de disfonía espástica compensatoria y una lesión del nervio laríngeo recurrente aún no descartada.

“En términos coloquiales, mi laringe no cierra bien, las cuerdas vocales están inflamadas. El lado izquierdo no funciona y el derecho se encuentra muy dañado. Si no aprendo a respirar o a tragar me puedo ahogar debido al daño muscular por la compresión sobre el cuello”, explica Nájera.

El Código Penal del Estado de Sinaloa establece penas de dos a cinco años de prisión a los responsables de lesiones que disminuyan facultades o afecten el normal funcionamiento de órganos o miembros, y de tres a seis años de prisión, si ponen en peligro la vida.

Reconocen autoridades que allanaron radiodifusora “por error”

México, 27 de julio, 2009 (CEPET). La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ofreció disculpas a Otho Valles Baca, propietario de XEJS Cadena Radiodifusora de Chihuahua, de Parral, Chihuahua, al norte de México, por el cierre ilegal de la emisora, el pasado 15 de julio.

El día mencionado, inspectores de la Cofetel irrumpieron en las instalaciones de XEJS, acompañados de unos 70 agentes federales que portaban armas largas. Sin identificarse ni mostrar orden de cateo, los efectivos policiacos desmantelaron y se llevaron el equipo de transmisión.

Los inspectores argumentaron que la empresa concesionaria del Canal 3 de televisión —donde mediante un acuerdo legal Valles Baca y su equipo se encargaban de la barra diurna— presentaba irregularidades. Pese a que los abogados de la radiodifusora les explicaron que XEJS no tiene asociación con el Canal 3, sólo arriendan tiempo aire para trasmitir algunos programas, el personal de Cofetel ignoró la explicación.

El lunes 20 de julio, Valles Baca presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal contra las autoridades de Cofetel que ordenaron el cierre ilegal de la radiodifusora, así como por el exceso en el uso de la fuerza pública a que sometieron al personal del medio.

Tres días más tarde, el 23 de julio, Francisco García Burgos, director de la Unidad de Radio y Televisión de la Cofetel, se comunicó con Valles Baca para solicitarle que se reunieran. En el encuentro, el funcionario le explicó que el allanamiento de XEJS fue por una confusión de los inspectores, se disculpó y le pidió que retirara la demanda en curso para encontrar otra solución, según informó el periodista.

Los funcionarios de Cofetel acordaron con el concesionario que se reunirían con él después del 2 de agosto, debido al periodo vacacional de verano, para regresarle su equipo y analizar de qué manera repararán el daño que causaron al medio.

Suspenden a agentes policiacos de Chihuahua por agredir a periodistas

México, 26 de junio, 2009 (CEPET). Wenceslao Chávez González y Hugo Abraham Barriga Vega, agentes de la Policía Municipal de Chihuahua (en el estado del mismo nombre), fueron suspendidos durante 21 días, sin goce de sueldo, luego de establecerse su responsabilidad en la agresión y detención arbitraria, el 14 de junio pasado, de los reporteros del periódico El Observador, Filiberto Ortiz y Daniel García, quienes atestiguaban un acto de abuso de autoridad de los uniformados contra vecinos de la colonia Martín López.

La sanción fue hecha pública por el alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, quien informó que también el policía primero Arturo Hernández Sánchez fue suspendido cuatro semanas, sin goce de sueldo, tras golpear y amenazar de muerte al reportero gráfico de El Heraldo de Chihuahua, Pablo Rodríguez a quien intentaba bloquear mientras realizaba la cobertura de un operativo policiaco, el pasado 20 de mayo.

Borruel Baquera  garantizó que la decisión de  castigar a los elementos policiacos será completamente independiente de lo que resuelvan la Comisión Nacional o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de modo que si cualquiera de éstas considera que los efectivos policiacos ameritan sanciones mayores, se acatarán "sin regateos" sus recomendaciones.

Asimismo, aseguró haberse entrevistado con el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia, con quien acordó elaborar un protocolo sobre el actuar de los elementos policiacos ante las coberturas periodísticas. Añadió que buscarán fomentar entre los policías una cultura de respeto y colaboración con los medios de comunicación para evitar más incidentes como éstos.

El político descartó que haya consigna contra reporteros o periodistas, y consideró que los incidentes recientes son fortuitos y obedecen a la efervescencia del momento.

Agreden agentes policíacos a reportero y fotógrafo de El Economista

México, 24 de junio, 2009 (CEPET). Omar Brito Báez y David Rojas, reportero y fotógrafo, respectivamente, del diario El Economista fueron agredidos por policías municipales y estatales mientras recogían información sobre el incendio de la guardería que el 5 de junio pasado cobró la vida de 47 niños en Hermosillo, Sonora, al norte de México.

Enviados a la localidad para dar seguimiento a la tragedia que conmocionó a la opinión pública, el pasado viernes 19 de junio, los periodistas llegaron al lugar donde se encontraba la guardería ABC y solicitaron permiso a los encargados de una llantera que ubicada al lado del inmueble siniestrado, para tomar fotografías desde la azotea de dicho negocio, relató Brito Báez.

Alrededor de las 15:30 horas, al percatarse de que Rojas se encontraba en lo alto del inmueble, cuatro policías se lanzaron contra él mientras lo agredían de manera verbal. Finalmente, el comunicador fue sometido por los agentes, quienes intentaron quitarle la memoria de la cámara fotográfica, mientras argumentaban que estaba violando el cerco de seguridad.

Como el reportero gráfico se negó a entregar la memoria, los uniformados le aplicaron castigo al brazo para lastimarlo y obligarlo a entregarles su equipo; sin embargo, el fotógrafo resistió y logró entregar la cámara al reportero. Los policías se fueron entonces contra Brito Báez, a quien lastimaron también de la mano para que les entregara el dispositivo. Tras no lograr su objetivo, los uniformados amenazaron a los comunicadores con llevarlos ante el Ministerio Público. "Cuando lleguemos ahí, van a ver", les advirtieron. Mientras esto sucedía, al lugar llegaban más patrullas con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, que llegaron a sumar 15. "Nos identificamos como periodistas. Nunca violamos el cerco de seguridad y el edificio en donde mi compañero tomó las fotos era propiedad privada; no había ninguna razón para que nos llevaran. Nos detuvieron como media hora", comentó el reportero.

Los periodistas se comunicaron vía telefónica a la Ciudad de México con el editor de la sección política de El Economista, Ricardo Barraza Gómez, quien explicó al jefe de los agentes el trabajo periodístico que estaban realizando en el lugar. Según Brito Báez, los liberaron pero no los dejaron continuar con su labor.

Barraza Gómez, comentó que directivos de El Economista se comunicaron con Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Justicia del estado, quien reconoció que él había dado la instrucción a los cuerpos policíacos, por lo que asumía la responsabilidad de los hechos. "Es una arbitrariedad, una forma de inhibir la información", comentó.

En respuesta a la agresión policiaca, los comunicadores interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

Ampara la SCJN al periodista Jesús Orozco Herrera y fija límites a demandas penales contra comunicadores.

• El máximo tribunal estableció medidas para proteger la libertad de información de periodistas contra procesos judiciales.
• Un juez local lo sentenció a tres años de prisión y un tribunal colegiado ratificó la sentencia.
• La SCJN señaló diversas irregularidades en el procedimiento judicial al que se sometió al periodista, así como la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Imprenta vigente.

México, 18 de junio, 2009 (CEPET). La Suprema Corte de la Nación (SCJN) otorgó un amparo definitivo al periodista José Sacramento Jesús Orozco Herrera, director del periódico La Antorcha, quien había sido sentenciado a prisión por una demanda que en su contra presentó el ex alcalde de Acámbaro, Guanajuato, al centro de México.

En su resolución, el máximo tribunal estableció medidas para proteger la libertad de información de periodistas contra procesos judiciales al tiempo que consideró que por estar sujetos al escrutinio público los derechos a la privacidad y al honor de los funcionarios públicos y de los políticos deben valorarse de forma diferente que los de los ciudadanos ordinarios.

El caso se remonta al 23 de diciembre de 2004, cuando La Antorcha hizo pública información sobre el despido masivo que estaba realizando el ex presidente municipal de Acámbaro, Antonio Novoa Acevedo. Para documentar lo publicado, el medio entrevistó a un chofer despedido por el funcionario, quien además de declarar que éste utilizaba bienes del municipio en propio beneficio, manifestó haber sido despedido luego de negarse a darle un masaje en la espalda al mandatario local.

En octubre de 2005, Orozco Herrera fue notificado de que había una orden de aprehensión en su contra, derivada de la demanda que había interpuesto Novoa Acevedo, quien argumentó que lo publicado dañaba su reputación. Esto obligó al periodista a ocultarse hasta que logró que le concediera la libertad bajo caución.

Con base en una interpretación de la Ley de Imprenta que rige en Guanajuato, un juez local determinó que era culpable por el delito de ataques a la vida privada, por lo que lo sentenció a tres años, un mes y 15 días de prisión. El periodista interpuso un amparo ante un tribunal colegiado, pero éste ratificó la sentencia.

Finalmente, Orozco Herrera acudió a la SCJN, la cual emitió ayer una resolución que señala diversas irregularidades en el procedimiento judicial al que se sometió al periodista, así como la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Imprenta vigente en Guanajuato, que limita la libertad de expresión.

En el análisis del caso, los ministros revocaron la resolución por considerar que el tribunal colegiado interpretó incorrectamente los artículos 6 y 7 constitucionales —que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información—, así como el modo en que deben resolverse los conflictos que frecuentemente se producen entre el ejercicio de estos derechos y los relativos a la intimidad y al honor de funcionarios públicos y políticos.

También señaló los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato son inconstitucionales.

Los ministros señalaron que “la Ley de Imprenta no permite hacer las necesarias distinciones entre enjuiciamiento de hechos y de opiniones, ni dar cuenta de que los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos tienen en general una menor extensión y resistencia ante la libertad de expresión, debido a la importancia que hay que dar a la posibilidad de que los medios de comunicación y la opinión pública en general, desplieguen un escrutinio exhaustivo de las actividades de los gobernantes”.

Finalmente la Corte establece que la Ley de Imprenta de Guanajuato es incompatible con los estándares básicos en materia de libertad de expresión que vinculan a México por el hecho de ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, y en la resolución se hacen frecuentes referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2008.

En otro caso relevante, tras un año de juicio, el pasado 21 de abril el juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal, declaró “insubsistente” una demanda presentada por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, contra el semanario Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, al considerar que un reportaje publicado por la revista el 27 de abril de 2008 y que en portada llevaba el título de “Eduardo Bours: narcopoder en Sonora”, habían causado daño a su honor y reputación.

El trabajo periodístico en cuestión hacía una larga relación de hechos acerca de los millonarios negocios realizados por el gobernador y sus hermanos al amparo del poder, además de una investigación de la Procuraduría General de la República abierta contra personajes cercanos a Bours bajo el supuesto de que estarían operando una amplia red de narcotráfico y narcomenudeo, solapados y protegidos por el propio mandatario, quien inició una querella por daño moral.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS.