Cesan a 43 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia

Pero les respetarán los beneficios económicos laborales a que tienen derecho

Se cumple el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; salen 11 Ministerios Públicos, 13 oficiales secretarios, 8 policías ministeriales y 8 peritos

XALAPA, VER. 01 de Octubre de 2009.- En cumplimiento estricto al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 43 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) cesan en sus funciones de agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, policías ministeriales y peritos.

Con esta importante decisión el estado de Veracruz se pone a la vanguardia en la aplicación de las medidas a las que se comprometieron el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los demás poderes federales y locales con las organizaciones de la sociedad civil mexicana para mejorar la impartición de justicia e incrementar las acciones que brinden seguridad a la población.

La salida de los servidores públicos de la PGJ se da dentro del más estricto apego a la Constitución Política del país y la ley, respetando plenamente los beneficios económicos laborales que en estos casos tienen derecho, así como resultado de los procesos de evaluación y control de confianza que las instituciones de seguridad pública están obligados a aplicar a sus trabajadores a fin de elevar la calidad en el servicio y su empeño y eficacia en las tareas que realizan.

Los procesos de evaluación y control del personal de la PGJ se efectúan aplicando el protocolo nacional que por ley se debe cumplir, los cuales consisten en estudios exhaustivos y pruebas psicológicas de confianza y honestidad, exámenes médicos y toxicológicos para detectar adiciones a drogas, la valoración de las quejas que de su desempeño han presentado los ciudadanos y los procedimientos de responsabilidad administrativa que se les han seguido, elementos que concluyen que dichos servidores públicos perdieron la confianza que la institución y la sociedad tenía en ellos.

Con estas medidas el Gobierno del Estado inicia la evaluación permanente de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, para que cumplan con el perfil requerido y con la idoneidad adecuada en el desempeño de sus obligaciones para con la sociedad, pues quien no se someta y acredite los procesos de evaluación y control de confianza dejará de prestar sus servicios en la PGJ.

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