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INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

El guarura de la Pastora Lucy, impune

* El ex policía que falló en la seguridad * Pedía dinero prestado a feligreses * El viaje a Nueva York * “Sobrino” de Buganza * “Amigo” de Erick Lagos * Saquean la casa de Mónica Robles * Se llevan sus cuadros de colección * Federico Lagunes y su premio * El BMW de Noriel * El regidor y el dueño de gobernantes.com.

30 de junio de 2014

Atrasito, siempre atrasito de ella, como una sombra, Gustavo Martínez Vincent pudo llegar a ser la conciencia, el guarura, consejero, manipulador, en la vida y en la obra de Luz Margarita Enríquez Reyes, alias “La Pastora Lucy”, antes y después del crimen del guía espiritual de la Comunidad de Dios, Claudio Martínez Morales, su esposo.

Siniestra su vida, oscuro su pasado, el guarura es un personaje clave, judicialmente vulnerable y sospechosamente intocado, para desentrañar el asesinato, ocurrido hace ya un año, el 17 de junio de 2013, que cimbró a Coatzacoalcos y sus comunidades religiosas.

Por él pasaba la seguridad de la Comunidad de Dios, la protección de la pastora, extraños movimientos de dinero, préstamos solicitados a feligreses a espaldas de Claudio Martínez, riguroso, rigurosísimo el control de los pasos que daba quien a la postre se convirtió en la viuda más cuestionada de Coatzacoalcos, su protectora.

Imágenes de personas, su ir y venir en la Comunidad de Dios, la frecuencia de visita, la llegada de nuevos feligreses, la presencia de gente ajena a la iglesia evangélica, todo quedaba registrado en un sistema de vigilancia vía cámaras de seguridad apostadas en lugares específicos del inmueble, todo bajo la supervisión de Martínez Vincent.

No fue así en el domicilio del pastor. Ubicada en López Mateos y Puebla, en la colonia Petrolera, zona residencial, la vivienda es una fastuosa mansión donde aquella mañana del 17 de junio se perpetrara el crimen más escandaloso de la última década. Ahí no hubo cámaras de seguridad, ni guardaespaldas, ni códigos de conducta, ni cuidados extremos para evitar un asalto, un secuestro, un ataque armado. ¿Por qué?

Vulnerable el pastor, sin escolta, sin protección, hacía su tránsito cotidiano de su residencia a la Comunidad de Dios en cuestión de minutos. Sólo cuatro cuadras las separaban, ambas en la avenida López Mateos.

Demoledora su realidad, su vida le fue arrancada con saña y odio descarnado. Lo hallaron en un charco de sangre. Yacía en su recámara, cortada la yugular, apuñalado 10, 15, 26 veces, agredido con fuerza desmedida. Quien lo ideó no quiso correr el riesgo de que sobreviviera, hablara, denunciara a sus sicarios.

Lucy Enríquez, la viuda, vio a los asesinos. Se hallaba en la cocina cuando irrumpieron. Llevaban paliacates negros, dice, que les cubrían el rostro; no pasamontañas, no medias, no máscaras. Cuenta que la ataron, que le rompieron el vestido, que fue amenazada, que sería la siguiente en morir.

Ahí la dejaron y subieron por su presa. Lo hallaron, lo atacaron, lo sometieron y lo cocieron a puñaladas.

Se fueron sin llevarse nada de valor. No era un robo. Era una ejecución. ¿Por qué?

De Lucy Enríquez, la pastora, ni se acordaron. Atada de manos, permanecía en la cocina de la mansión. Ahí la halló la señora del servicio doméstico. La auxilió. Lucy Enríquez subió a la escena del crimen. Vio de lejos a su esposo, el pastor Claudio, y se mantuvo distante. ¿Por qué? La dejaron vivir para que fuera la principal testigo de cargo. ¿No habría sido lógico silenciarla? Corre esa versión entre feligreses allegados al círculo cupular de la Comunidad de Dios.

Un año ha modificado la vida de la pastora Lucy. Acusó a cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad del crimen de su esposo. Dijo no haberles visto el rostro por los “paliacates negros”, pero luego afirmó y sostuvo que eran ellos. Un año estuvieron tras las rejas y finalmente, por haber sido privados ilegalmente de su libertad, por sufrir tortura para inculparse, están libres gracias a un amparo federal.

Lucy Enríquez no es la misma. Lucy dejó atrás ese episodio. Renunció a la justicia. Imputó culpas que no pudo demostrar. ¿Perjurio? ¿Falsedad de declaraciones ante una autoridad? ¿Daño moral?

A su lado permanece su guarura de cabecera, Gustavo Martínez Vincent. Corre la vida y ella corre a su ritmo.

En un año, la pastora Lucy ya no es la misma. Rompió con la familia de Claudio Martínez, convirtió todo en billetes, remató bienes, dispuso de seguros de vida, malvendió vehículos. Va tejiendo su camino hacia la miseria.

Martínez Vincent es la pieza clave del ajedrez. Fallido jefe de seguridad, tuvo en sus manos la vida del pastor Claudio y la dejó escapar.

Policía en otros tiempos, Martínez Vincent tiene historia propia. Estuvo en el gobierno de Rosario Robles Berlanga, en el Distrito Federal, cuando la peñanietista decía ser de izquierda. Luego se hizo policía en Poza Rica. Su padre también anduvo en ese oficio.

Llegó a la Comunidad de Dios, en 2012, como un feligrés más. Le acompañaban su padre, madre y hermanas. Luego se ofrecería como encargado de la seguridad. Tuvo la confianza de Claudio Martínez y todavía más, la de Lucy Enríquez, la hoy viuda.

Decía entonces que en Poza Rica había sufrido un secuestro. Cuestionada esa versión, se supo que se trató de un autosecuestro y que lo motivaba una hipoteca sobre su casa y una deuda impagable con el banco que lo apretó.

Hay episodios que sustentan que Martínez Vincent es fundamental para desentrañar el crimen. Fue hombre de confianza y después de total desconfianza, punto de conflicto, dolor de cabeza del pastor de la Comunidad de Dios.

Saben los feligreses que en los meses previos al crimen, Claudio Martínez lo reprendió. Abusivo, el guarura se había dado el lujo de pedir cantidades de dinero a miembros de la iglesia, 30 mil que debía pagar pero no lo hacía. Exigió el pastor asumir la deuda, que la liquidara paulatinamente, pero que lo hiciera. Le dio plazo de fecha 15 de junio de 2013. Al pastor lo asesinaron con inusitada crueldad el 17 de junio.

Otro episodio tuvo que ver con la pastora Lucy y sus viajes al extranjero. Fue un día a Nueva York, en abril de 2013, a un desfile de modas. Regresó a la ciudad de México. Ahí la alcanzó el guarura Martínez Vincent. Enterado Claudio Martínez, hubo reunión del grupo dirigente de la Comunidad de Dios, los asociados. Terminó el cónclave con un gran malestar, el llanto de las mujeres, incierto el destino de Lucy Enríquez.

Gustavo Martínez Vincent instaló un sistema de seguridad en la Comunidad de Dios, pero no en la residencia del pastor Claudio Martínez. Desde su exterior, el enrejado permite ver la fastuosa mansión, y en sus días de felicidad los dos autos —un jaguar blanco y una camioneta Mercedes, que usaba Lucy Enríquez—, una tentación para cualquier grupo delictivo.

Instados a colocar seguridad, cámaras de vigilancia, personal que los custodiara, por la ostentosa vida que llevaban, la pastora Lucy se opuso a todo, incluso a sustituir la reja de la residencia por una barda que evitara ver cuanto ocurría en su interior y menos a instalar una reja electrificada para inhibir cualquier asalto.

Su vida hoy es vender, vender y vender. Como en venta de garaje, se deshizo de los autos, de la casa —pedía 10.5 millones de pesos y se conformó con 5—, 10 camiones del transporte urbano, dos taxis, un seguro de vida de 3.5 millones y un seguro para los estudios de sus hijos.

Desde la muerte de Claudio Martínez, al guarura incómodo le ha ido más que bien. Remodeló su casa ubicada en la calle Nuevo León, cerca de la tienda Oxxo, en la colonia Petrolera; adquirió un departamento en el puerto de Veracruz y dos terrenos en Coatzacoalcos, uno en la Vistalmar y otro en Iquisa.

De compañías cuestionables, mal visto por un cúmulo de feligreses y allegados al pastor Claudio, el guarura Gustavo Martínez Vincent presume de ser amigo del secretario de Gobierno de Veracruz, Erick Lagos Hernández, la pieza de Fidel Herrera Beltrán, y del ex titular de esa dependencia, Gerardo Buganza Salmerón, hoy secretario de Infraestructura y Obra Pública. Son su salvoconducto a la felicidad.

Así, puede dormir tranquilo. Será intocado por la justicia, impune, inmune a investigación alguna y, sobre todo, solapado por las cúpulas de poder, protegido por la pastora Lucy. Su vida es un misterio; su cercanía con Claudio y Lucy Martínez, también.

Mientras, el pastor Claudio espera que sus asesinos paguen por su muerte.

Hay más.

Archivo muerto

Brutal el golpe, hoy Mónica Robles de HILLMAN siente en la piel el efecto de la delincuencia. Le robaron a la diputada local por Coatzacoalcos una millonada, saqueada su casa de la avenida Lázaro Cárdenas y Galeana. Neutralizaron al vigilante; lo tuvieron retenido, atado, amordazado. Se llevaron dinero, joyas, artículos de valor y, sobre todo, pinturas de colección que datan de los días en que su marido, Iván Hillman Chapoy, hoy gerente regional de la Comisión Nacional del Agua, era alcalde de Coatzacoalcos. De las 6:30 de la mañana a las 10, en casi cuatro horas, poco antes del 16 de junio, se perpetró el asalto. Del asunto no hubo denuncia porque así lo determinó un tal Javier Duarte. Berrinchuda la diputada, quiere ahora que alguien le resarza el daño, impensable en el caso de las pinturas de colección. Fue instruido para ello el secretario de Desarrollo Social del gobierno jarocho, Jorge Carvallo Delfín. O sea, que lo que le roban a doña Mónica lo tiene que pagar el pueblo. Ella también instruyó que en el periódico del Clan de la Succión, Diario del Istmo, aprieten a quienes mandan en las áreas de seguridad, que los vapuleen, su venganza personal. Es algo así como “si me despelucan a mí, hay inseguridad; si el pueblo es la víctima, que el pueblo vea cómo le hace”. Machetazo a caballo de espadas... Y el que sacó jugo del robo a la residencia Robles-Hillman, fue Federico Lagunes Peña. “Pulgoso” arremetió contra el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública; publicó en su columna De Políticas —junio 16— un cuestionamiento contra la poca efectividad del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, Nabor Nava en la luna, la violencia cotidiana, muy distante la visión local de la que tenía desde Xalapa. Tras un desayuno en el restaurant La Barra de Tuxpan, Federico Lagunes recibió su “premio”. Y al mayor Nava Holguín no volvió a tocarlo. Allá que Mónica Robles se las arregle con sus joyas perdidas y sus cuadros de colección. Aplica Federico Canino aquella de los abogados: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Una burla a Mónica. Pa’ lo que le sirven los patrones de “Pulgoso”... Engreído e imprudente, va el regidor Noriel Prot Álvarez presumiendo su BMW por las calles de Coatzacoalcos y Villa Allende, a los ojos de todos, a la vista de los buenos y de los malos, en la mira de los peores. Tanta ostentación es suicida. Pues, ¿cuánto gana?, se preguntan los de Oportunidades, los de Piso Firme, las promotoras sociales, los ciudadanos de Villa Allende, donde fue agente municipal, los que viven de la caridad y la limosna. Y qué decir de los vinos, los güisquis, los tequilas que invita a los periodistas. Sabe vivir el regidor y también presumir… ¿Quién es ese regidor priista que sirvió de anfitrión al titular del portal gobernantes.com, Carlos Jesús Rodríguez, con quien se le viera en el hotel Terranova de Coatzacoalcos? Filtra que así su reducido grupo tendrá prensa estatal para la puja por la candidatura a la diputación federal en 2015. ¿Sabrá Carlos Jesús para qué lo quiere? Una pista: en Facebook tiene una cuenta para asuntos por demás privados, con el apelativo de su nombre y apellido compuesto y ficticio...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Narcofosas: el silencio de los indecentes

* Duarte calla ante el hallazgo de los 31 cuerpos * ¿Qué le amarra la lengua? * Los Tiburcios en un caso de daño patrimonial * Amenazas en el nombre de Tony y Javier * Marcelo en el hospital ABC * Olivares, otro “aviador” en la SEV * Manuel Bringas, empinado por el abogadazo Samuel Muñoz.

22 de junio de 2014

Ominoso, el silencio de Javier Duarte de Ochoa es síntoma del desastre que vive un gobernador empequeñecido, del estigma del narco blindado por el poder de los priístas, del teatro del horror que le estalla en las manos y de la evidencia innegable de que Veracruz es paraíso del crimen organizado y territorio de fosas clandestinas. 31 cadáveres lo hicieron callar.

Reacio a hablar, desdeñó pronunciarse sobre el hallazgo de Nopaltepec, las narcofosas en el rancho El Diamante, en la tierra de Fidel Herrera Beltrán, Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, a la medianoche del lunes 16.

Calló Duarte el primer día, y el segundo, y en el tercero —jueves 19—, en Coatzacoalcos, se limitó a decir que “no voy a hablar de ese tema” y remitió todo a la Procuraduría de Veracruz.

Le preguntaban los reporteros, unos comedidos, otros cáusticos: “¿Son migrantes?”, “pues no que en Veracruz no pasa nada”, “Señor, hable de los temas que le interesan a Veracruz”, “¿qué opina de la masacre en Tres Valles (municipio vecino a Cosamaloapan)?”.

Duarte era una piedra. Informado como todo gobernador, los hilos del caso en sus manos, no pudo o no quiso hablar del hallazgo que le quema las manos.

“No voy a emitir comentario —refirió seco—. No diré nada del tema”.

“No voy a hablar de eso” —volvió a cortar.

Al cuarto día —viernes 19—, su procurador Luis Ángel Bravo Contreras, tan dado a las conferencias de prensa, su pedestal del ego, optó por tocar el caso de los 31 cuerpos hallados en las narcofosas sólo en el noticiario de Carmen Aristegui. Pero no aportó nada que no se supiera. Eso sí, dijo que no había detenidos.

Javier Duarte enmudeció. Actúa como si el sicario fuera él. Calla como si el autor de la carnicería fuera Fidel Herrera, su pastor político.

Algo tiene esta masacre que trae inquieto al duartismo. Se vulnera la confianza y se agiganta la sospecha. Ocurre así cuando el silencio incrimina.

Pudo el gobernador de Veracruz salir con una declaración a modo. Tibio, optimista, cuadrado, Javier Duarte debió decir de lo de siempre: son hechos aislados, Veracruz está en paz y los indicadores muestran que aquí se le está ganando la guerra a la delincuencia, en Veracruz no pasa nada. Y denle vuelta a la hoja.

Azorado, sin embargo, no tuvo palabras para responder al nuevo baño de sangre, 31 cadáveres sepultados clandestinamente. Y menos para explicar por qué en tierra de Fidel, en Nopaltepec, en Cosamaloapan, ahí donde las nauyacas hacen su nido.

De la tierra emergieron trozos de cuerpos, torturados, mutilados, la mayoría con el tiro de gracia. Y de ese hallazgo macabro surge la actitud sospechosa del gobernador Javier Duarte, el silencio, las evasivas, la negativa a hablar, la información trillada del procurador.

Diría Jodie Foster, el silencio de los indecentes.

Algo serio entraña el caso Nopaltepec. Ocurre en tierra caliente, donde la gente vive con miedo. Ocurre ahí, donde los hijos de políticos son baleados o donde las sobrinas de los diputados son levantadas.

Ocurre en la zona cero. De Tierra Blanca a Acayucan, pasando por Rodríguez Clara, Isla, Cosamaloapan o Tres Valles, la gente un día está al siguiente no. Los levantones son frecuentes. Matan a mansalva. La policía permanece inmóvil. El gobierno no existe. Puede más la ley del revólver, la ley del más fuerte o del mejor armado. Es una jungla mortal.

A Duarte lo persigue la muerte. Inició su gobierno con ganas de encarcelar a sus enemigos, a sus detractores, a sus críticos. Lo único que le faltó fue llevar a los penales a los criminales, como es su obligación.

Seis meses después, la escalada de asesinatos de periodistas lo situó en el vértice del escándalo nacional. Luego vendría la represión de inocentes, de gente que marcha pidiendo justicia, de maestros que rechazan la reforma educativa, de madres que buscan a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres, pues un día, sin más, no los volvieron a ver.

En Veracruz se le teme más al gobierno de Javier Duarte, a su policía, a su pandilla política, que a la misma delincuencia organizada, pues es peor atropellar usando la ley como justificación.

Duarte está marcado por la sangre. Recuérdese el escándalo de Boca del Río. Ahí fueron 35 cuerpos mutilados. Tirados a plena luz del día, a los pies del monumento a Los Voladores de Papantla, en la zona in, en la conurbación turística, se veían los trozos de seres humanos desperdigados, unos sin brazos, otros sin piernas; otros sin brazos, sin piernas y sin cabezas.

Aquello marcó al gober de Veracruz. Días después aparecerían otros mutilados en una casa de seguridad, y otros 14, y unos más acá y algunos más allá. En suma, en octubre de 2011 fueron casi un centenar de ejecutados en la entidad, calentándose las plazas por la guerra de las bandas por el control del territorio Zeta, concedido así en los días de fidelidad.

Desde entonces Javier Duarte no duerme. Su vida pende de un hilo. Se hace acompañar por un enjambre de guaruras. Protege a su familia. Huye de los eventos.

Dispara discursos en que exalta la falsa seguridad de Veracruz. Se convence a sí mismo de que la policía cada vez es mejor, pero no convence a uno sólo de los casi 8 millones de veracruzanos.

Javier Duarte no es el gran justiciero aunque se empeñe en parecerlo. Sus números de gobierno son patéticos. A nadie le descabezan cuerpos y se los dejan tirados en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río. A nadie le matan 10 periodistas, le desaparecen cuatro, le golpean decenas y le persiguen y hostigan a cientos más.

Sumido en un abismo de credibilidad, lo peor que le podía pasar al gobernador de Veracruz era que le hallaran 31 cuerpos en fosas clandestinas en la tierra de su mentor político. ¿Por qué en Nopaltepec? ¿Por qué en Cosamaloapan? ¿Por qué?

Callar fue, a su juicio, la mejor salida ante la inquietud social. Sin reparar en las consecuencias de su acción, Javier Duarte siguió la ruta de la incriminación. Cuando un gobernante miente o cuando un gobernante calla, se implica en el delito.

Duarte abre la puerta de la especulación. Las narcofosas son, además de un caso para la justicia, un golpe mediático al duartismo. Y quizá algo más.

¿Hay implícito un mensaje para la fidelidad? ¿Por qué 31 cadáveres en el rancho El Diamante, en los límites de Cosamaloapan y Tres Valles, en Nopaltepec? ¿Quién lo sabía y por qué dio aviso a la Secretaría de Marina? ¿Quién tenía la ubicación exacta de las fosas?

Es un caso explosivo. Peor aún cuando un gobernador opta por el silencio, cuando enmudece, cuando soslaya y se vuelve evasivo.

En circunstancias así, el silencio es revelador. El silencio dice más que mil voces. El silencio delata e incrimina.

Es el silencio de los indecentes.

Archivo muerto

En el nombre de Tony Macías, su Dios, el clan de los Tiburcio va torciendo la ley, sometiendo juzgados, enlodando al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. No será la última, pero sí la más reciente trastada, timar con terrenos ajenos y engullirse 600 mil pesos a cambio de una regularización de predios que nunca realizó Víctor Manuel Tiburcio Zaamario en agravio de la licenciada María Elena Arroyo Márquez. Detalla el expediente 2494/2013, radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia, que María Elena Arroyo entregó diversas cantidades en diciembre de 2010 para regularizar predios en Villa Allende. A sugerencia de su padre, Víctor Tiburcio Rosas, Víctor Tiburcio Zaamario se comprometió a realizar el trabajo. Y luego se hizo el occiso. Perdida la regularización, perdidos los predios, su única excusa fue que el dinero ya no lo tenía. Vino entonces el conflicto legal. Ofreció compensar la pérdida de los terrenos, pero no cumplió. Se le ha querido notificar en su oficina pero se niegan a recibir documentos. Se le ha buscado y se esconde. Existe, sin embargo, un pagaré firmado por Tiburcio Zaamario, con la firma de testigo de su padre, Víctor Tiburcio Rosas, que lo obliga a saldar los 600 mil pesos y los intereses causados a la fecha, casi cuatro años después. Su padre ofreció el 6 de febrero que la deuda quedaría saldada y propuso la venta de un inmueble en Minatitlán, dado que María Elena Arroyo se dedica al giro de bienes raíces. Cuando ella mencionó que habría que protocolizar la propuesta y operación, los dos Tiburcios se esfumaron. Recibe ahora María Elena Arroyo amenazas de muerte pues “la familia Tiburcio son gente que ocupa sus influencias a través de la cercana relación que tiene Pedro Tiburcio Zaamario con el suegro del gobernador, Jesús Antonio Macías”, dice una relatoría de hechos. Pedro Tiburcio Zaamario “ha provocado el tráfico de influencias para obtener lo que más le convenga, manejando a los jueces y autoridades a su conveniencia”, precisa el documento. Todo un caso de abuso de poder, daño patrimonial, hostigamiento, amenazas y la seguridad personal de María Elena Arroyo pendiendo de un hilo, pues no sólo se usa el nombre del suegro incómodo sino también el del gobernador Javier Duarte de Ochoa para torcer la justicia, cómplices jueces, secretarios y personal de juzgados. Pedro Tiburcio Zaamario, hermano de Víctor Manuel, es aquel al que los malosos le quemaron su restaurant El Acuyo porque supuso que con él la cuota no funcionaba. Vaya enredo y lo que sigue... Fue en el ABC donde se atendió Marcelo Montiel. Le liberaron una arteria obstruida mediante un cateterismo, a punto de una embolia y quizá algo peor. De emergencia, ingresó al afamado hospital, superó el trance, se le dio de alta y guardó reposo. Luego acudió a un chequeo de rutina en el hospital Ángeles. Si le preguntan dice que no, que goza de cabal salud. Si se checa su historia clínica, ahí está el episodio, que pudo ser funesto. Lo cuenta un pariente que dice que esta vez sí estuvo a punto de extinguirse el marcelismo. Ahora anda cortando listones de restaurantes, La Camila de Mario Oriani, en Boca del Río; recibe a Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, y hace grilla, mucha grilla, para posicionar a Víctor Rodríguez Gallegos, su brazo financiero en la delegación de SEDESOL, hacia la diputación federal por Coatzacoalcos, en 2015. Una cosa es más fácil que otra: evitar una embolia tiene lo suyo, pero que Víctor Rodríguez sea aceptado en las colonias, ni con catéter... Otro becario en la Secretaría de Educación de Veracruz, delegación zona sur: Roberto Orlando Olivares Carrillo, a quien el delegado Esteban Lara le halló recibos de cobro por 12 mil pesos mensuales. Obvio, quiso saber quién es ese picudo que sangra la nómina sin trabajar, incluso cuando se involucra en los órganos electorales, y que da con el protegido del clan Chagra. ¿Pues no que no había “aviadores” en la SEV?... Inteligente, lo que se dice inteligente, no es; trepador sí. Samuel Muñoz de la Rosa, abogadazo, tiene literalmente con un pie en la cárcel a su cliente, Manuel Bringas Burelo, el hermano incómodo de los ex dueños de Coatzacoalcos. Implicado en la venta fraudulenta de terrenos, en el área sur de Punta Diamante, tolerado y encubierto por el regidor José Antonio Chagra Nacif, Manuel Bringas incurrió en fraccionamiento indebido, fraude, uso de escrituras sobre un predio en el que no tenía derecho alguno. De un momento a otro pisará la cárcel. Hay evidencia de la venta de lotes en “paguitos”, el banco en que le depositaban, las cuentas a su nombre. Empinó el abogadazo Samuel Muñoz a su cliente, suponiendo que si alguien pagaba los platos rotos sería Manuel Bringas. Ahora ya se tienen pruebas de que uno y otro están mancornados en el negocio. Al tiempo...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Los muertos de Nopaltepec

* 31 cadáveres en fosas clandestinas * Solalinde lo anticipó * Las juergas del delegado * Jaime Ruiz solapa a Esteban Lara * Las dos chambas de Silviano Delgado * México-Brasil en el Trocadero, con cargo al erario * El proveedor de Theurel * Armas y espionaje * Ratificó Pedro Cayetano denuncia.

19 de junio de 2014

Ahí, donde las nauyacas hacen su nido, en la tierra de Fidel Herrera Beltrán, un escabroso hallazgo da certeza a la denuncia del sacerdote Alejandro Solalinde: Veracruz es un camposanto, atestado de fosas clandestinas, cuerpos torturados, ejecutados, sin derecho a cristiana sepultura.

Solalinde lo dijo hace ya tres años. En Veracruz habría más fosas con cuerpos de migrantes que en el norte del país, en Tamaulipas o Coahuila. Y el director del albergue Hermanos del Camino relacionó al “comandante Jimmy” con el ex gobernador Fidel Herrera y con bandas del crimen organizado.

Van ahora 31 cadáveres, encontrados —martes 17— en un rancho abandonado, El Diamante, que fuera propiedad del ex alcalde Fernando Cano Cano, entre Tres Valles y Cosamaloapan, en el ejido Nopaltepec, la cuna de la fidelidad. Todos con huellas de tortura y en su mayoría con el tiro de gracia.

Le aquejaba al sacerdote católico la duda sobre la suerte que corrían miles de migrantes que cruzan el territorio veracruzano para alcanzar la frontera con Estados Unidos. Que se investigue la administración de Fidel Herrera, reseñaban los medios de comunicación. “Se descubrirán horrores contra los migrantes; hay testimonios”, decía en mayo de 2011 Alejandro Solalinde.

Su testimonio era categórico. Advertía una masacre, violencia desmedida, desapariciones forzadas, ejecuciones de migrantes y hasta la acción de “cocineros” del crimen organizado para desaparecer los cuerpos. Le inquietaba la suerte de las víctimas y más a él, en su condición de coordinador en la región sur de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.

Le decía a Norma Báez, del periódico La Jornada Veracruz, que en reunión con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, exponía que “uno de los puntos es la situación de Veracruz, una investigación en el estado, que se investigue a la administración pasada de Fidel Herrera Beltrán, la desaparición de migrantes”.

Solalinde dimensionaba el caso Veracruz. “No sólo se trata de fosas clandestinas, sino que hay asesinos, descuartizadores y ‘cocineros’, mismos que se han encargado de deshacer los cuerpos de las víctimas en ácido”. Sospechaba de la crianza de lagartos en pequeñas Ciénegas, algunas artificiales, que “son alimentados con los restos de los muertos”.

Su llamado era a hacer justicia a los migrantes porque “lo que se va a encontrar en Veracruz supera cualquier tipo de horror hasta el momento conocido, pues los migrantes secuestrados y asesinados por el crimen organizado ascienden a miles en dicho estado”.

Veracruz es un escenario de horror. Solalinde lo describe en otra entrevista, a Imagen del Golfo.

“Tiene que abrirse el suelo veracruzano, porque yo creo que ha de ser el hervidero de esqueletos por donde quiera”.

Decía que Tamaulipas, Durango y Coahuila “son una pálida sombra de Veracruz”. Las fosas clandestinas están por doquier pues en la tierra de Fidel y Javier Duarte, los cogobernadores, “se perfeccionó la desaparición de migrantes”.

Solalinde veía —y ve— a Veracruz como “el cementerio más grande de México”.

Y reclamaba:

“Lo que yo pregunto en este momento es qué autoridad va a atreverse a hacer investigaciones en Veracruz para que empiecen a buscar cuerpos humanos, osamentas”.

Sencilla la lógica del sacerdote católico, planteaba complicidad entre los altos mandos policíacos estatales y a la familia política que insistían en culpar exclusivamente al gobierno federal de “secuestrar y desaparecer” migrantes.

Era mayo de 2011. El mapa de las fosas clandestinas no incluía a Veracruz. Lideraba esa tétrica estadística Durango, con 201 cadáveres; le seguía Tamaulipas con 183; Coahuila, 39, y Ciudad Juárez, Chihuahua, 24. Hoy es diferente.

Hay fosas clandestinas en todo México. Hay fosas en casi los 32 estados del país.

En Tamaulipas, los 183 cuerpos asesinados se hallaban en 40 fosas. Las cifras en Durango pasaron de 201 a 300 cadáveres; Jalisco 19.

En un solo hallazgo, Veracruz suma 31. Ya en el pasado se han hallado otros sepultados clandestinamente. El sur de la entidad, en Agua Dulce, en Las Choapas, aparecen conocidos y desconocidos, estudiantes, trabajadores, jovencitas, líderes sindicales obreros, periodistas, como Gregorio Jiménez de la Cruz y Noel López Olguín. También narcomenudistas y sicarios de bandas rivales.

Políticamente, el hallazgo de Nopaltepec impacta al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Resistirse a llamarle al crimen masivo por su nombre, los hace sospechosos. Negar información sobre las fosas clandestinas, ocultarla, soltarla a regañadientes como hace el Servicio Médico Forense, lleva a preguntar qué le duele al duartismo o al fidelismo.

Duarte y su procurador, el improvisado Luis Ángel Bravo Contreras, se habían resistido hasta el miércoles 18 a fijar una postura sobre el hallazgo de Nopaltepec.

Le quema las manos al gober Duarte el tema de las fosas clandestinas. Negar la realidad ha sido siempre su mejor salida. Y si no la niega, categoriza la violencia del crimen organizado como accidentes o siniestros circunstanciales.

Santuario de Los Zetas, Veracruz tácitamente le fue rentado a esa banda criminal en los tiempos de Fidel Herrera. En su territorio trasiegan la droga, reclutan migrantes, levantan niños, se llevan jovencitas y las dedican a la prostitución, desatan el terror del secuestro y el lucrativo negocio de la extorsión.

No ha sido ajeno a la delincuencia mayor el gobierno de Veracruz. Su policía, la policía fidelista, fue cómplice de los malosos, les filtraba información, los protegía contra operativos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Duarte se ha dedicado a simular que depura las corporaciones policíacas, que tiene una policía acreditable en la que invierte millones de pesos pero que sólo sirve para reprimir a la sociedad, a los manifestantes, a la prensa crítica.

Solalinde habló hace tres años. Dijo que Veracruz era el mayor cementerio de México. Hablaba del horror de las fosas clandestinas. Describía la muerte violenta de los migrantes. No sólo eran las tumbas sino los asesinos, los descuartizadores y los “cocineros”.

Solalinde pedía investigar la administración de Fidel Herrera Beltrán. Sabía el sacerdote católico que nadie, ningún grupo delictivo, ni las mafias de la droga o sus derivados de la extorsión, puede imponerse sin la complicidad de las instituciones, sin el encubrimiento de los hombres de poder.

¿Quién dio el pitazo? ¿Quién realizó la llamada anónima que hizo saber de las fosas clandestinas en Nopaltepec? ¿Quién sabía con tanta precisión el lugar donde se hallaban sepultados los 31 cadáveres? ¿Por qué ahora cuando la relación entre el gobierno salinista de Enrique Peña Nieto y los cogobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte está en su peor crisis, porque Veracruz se le regatea al Presidente de México.

Solalinde habló hace tres años, en mayo de 2011. Acusó que Veracruz es un cementerio, un camposanto. Dijo que había que investigar a Fidel Herrera. Y ahora son hallados 31 cadáveres en fosas clandestinas en Nopaltepec, a cuna de la fidelidad, donde las nauyacas hacen su nido.

Nada de esto es casual.

Archivo muerto

No se sabe qué tiene más mareado a Esteban Lara: si el minicargo de delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz en la zona sur, o su frecuente paso por las cantinas y bares de Coatzacoalcos. Asiduo a la copa, el joven Esteban Lara es de los que comenzó a celebrar el empate de México con Brasil en el Mundial de Futbol, pero con varios meses de anticipación, y según se sabe, lo hará por lo menos de aquí a que termina 2014. Sus juergas son de escándalo. “La Corcholata”, le apodan sus subalternos, pues siempre está pegado a la botella, sin reparar cómo anda la delegación de la SEV, si es que anda, y menos, mucho menos, qué piensa de sus excesos el gobernador Javier Duarte. Dice Esteban Lara que sus vicios son sus vicios y que, por supuesto, es inamovible pues su padrino, el intragable Jaime Ruiz Macías, director de Turismo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, lo sostiene y lo solapa, le pese a quien le pese, incluso al propio gordobés. Esteban Malacopa es digno ejemplo de cómo anda la educación en Veracruz... ¿A qué hora trabaja Silviano Delgado? Multiubicuo, el titular de la Dirección Municipal del Deporte le dedica más tiempo a sus tarea en el Atlético Delfines de Coatzacoalcos que a su encargo oficial. Muy activo, se le veía en los partidos de visitante del equipo campeón, en los días en que se acarició la posibilidad de llegar a la Liga de Ascenso y luego la frustración por no lograrlo por incumplir los requisitos establecidos por los dueños del futbol mexicano. Cobrar sin trabajar en una dependencia oficial, en este caso la DIMUDE, es propio de “aviadores” y es un delito, pues afecta al erario público. Por cierto, ¿sabrá Silviano donde quedaron los aparatos para hacer ejercicio, robados de uno de los gimnasios municipales? Si no lo sabe es porque no está donde debiera estar. Y si lo sabe y no lo denuncia, es por complicidad... Con cargo al erario, ediles y funcionarios degustaban vinos finos, licor a placer y buenas comidas mientras seguían paso a paso, minuto a minuto, el transcurso del encuentro de futbol entre México y Brasil. Ese día, martes 17, le hacían el gasto a Leonel Azuela, propietario el carísimo restaurant Trocadero, un insulto al bolsillo hasta de los millonarios. O mejor dicho, le hacía el gasto el ayuntamiento de Coatzacoalcos, que con recursos públicos paga las francachelas de los miembros del cabildo y la pandilla gobernante. Horas después, llegó el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Saludó a los comensales. Departió con su cabildo. Los acompañó un rato y se fue. La cuenta será un reembolso que pagará la tesorería municipal... ¿Quién es ese joven empresario, antes empleado sin mayores expectativas, que fue el proveedor de lujo de armas para la policía de Coatzacoalcos, según revelador expediente donde constan requisiciones, facturas y órdenes de pago? Una pista: es el mismo que abastecía al ex alcalde de Coatzacoalcos, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— de equipo para espionaje, para pinchar teléfonos, para grabar video... Ratificó el periodista Pedro Cayetano su denuncia por robo de celular que implica a Ernesto González Quiroz, vocero del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. Tras varios intentos, lo hizo la tarde del jueves 12 y se le asignó el número de investigación ministerial COAT4/352/2014. De inmediato se le cursó oficio a la policía ministerial para que sean localizados González Quiroz, José Pumián, vocero del Mando Único Policial; Arturo Reyes, enlace de la SSP en Coatzacoalcos, y Pedro Eliseo Quiroz, delegado de Tránsito, los tres últimos como testigos de la entrevista entre el vocero de seguridad y el corresponsal de Grupo ACIR. “Caiga quien caiga”, suele decir el gobernador Javier Duarte de Ochoa. ¿Será?...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Y el subprocurador quiso encarcelar al dueño de CEMEX

* Una transa de 50 millones, según Milo Vela * Cómo persiguió a Lorenzo Zambrano * Integra quiere a Lozada en Gobernación * Que Charleston ya tiene fábrica de pañales * Yara Longoria, “aviadora” en la SEV * Esteban Lara y el recibo de cobro * Ni trágico ni accidente * El líder de los calcetines de seda.

Bermúdez, el vocero y el robo al periodista

* Ernesto González Quiroz, señalado en la denuncia * Pedro Cayetano, corresponsal de ACIR, el agraviado * La reafiliación del PRD, un fracaso * Informe País será presentado en Coatzacoalcos * Se adelanta un mes el proceso electoral * Brenda y la gasolinera * Tráfico de influencias del Clan de la Succión * La priista y la empleada * Acoso laboral y sexual.

16 de junio de 2014

Sobrado, sobradísimo de poder, Ricardo Javier Carrillo Almeida quiso en 2011 pasar a la historia de la justicia en Veracruz, reventar a poderosos magnates, mecenas políticos del PRI, peces gordos. Y agarró por su cuenta a uno verdaderamente pesado: Lorenzo Zambrano, dueño entonces de CEMEX.

Presumía Carrillo Almeida, hoy subprocurador en Coatzacoalcos, de ser del círculo duartista, inmune e impune. Vivía días del vértigo, la locura institucional, cuando el nuevo gobernador de Veracruz ofrecía llevar a prisión a todo delincuente, salvo a su familia —Cecil, los amigos de Cecil, los testaferros de Cecil, los que le producen 20 millones al mes—, ni a los amigos, socios, prestanombres de la fidelidad, la pandilla intocable de la que egresó Javier Duarte.

Carrillo Almeida era agente del Ministerio Público. Su feudo, el puerto de Veracruz. Emisario del duartismo, tenía la encomienda de aplicar la ley, “caiga quien caiga”, y quiso hacer caer al magnate del cemento.

Tuvo en sus manos una denuncia por fraude en agravio de Hoteles Fema, S.A. de C.V.. Acusaba el empresario Juan Felipe Ruiz Sosa, representado por el tormentoso abogado Jorge Reyes Peralta, fidelista, antiyunista, señalado en la revista Proceso como beneficiario del crimen organizado —“Córdoba, feudo Zeta”—. También Carrillo Almeida resulta imputado en la revelaciones de los narcos, citadas en esa publicación. Los “sobornables”, pues.

Ruiz Sosa denunciaba que en diciembre de 2010 le fue vendido un lote de cemento para colar una losa del hotel City Express, cuya mala calidad significaba un riesgo de muerte. Llevó el caso por la vía penal, pero también por la civil. Estimó el daño causado por CEMEX en 2 millones 700 mil pesos.

Carrillo Almeida integró la investigación ministerial en sólo tres meses. Inusual, su celeridad asombró a todos. Había que favorecer al empresario Ruiz Sosa y al empresario fidelista Reyes Peralta.

Pudo así solicitar al juez Uriel Domínguez Colío, hermano de la ex vocera de prensa y aún operadora de medios de Javier Duarte, María Gina Domínguez Colío, Madame Mordaza, las órdenes de aprehensión contra directivos de CEMEX. Todo en tiempo récord.

Según la causa penal 134/2011, las órdenes de aprehensión, otorgadas el 28 de abril de ese 2011, alcanzaban al recientemente fallecido Lorenzo Zambrano; al gerente de Tecnología, Enrique Juárez Vera; director de la planta Veracruz, Érik Hernández, y el gerente de la empresa a nivel estatal, Salvador Martínez Ortiz. Los dos últimos fueron encarcelados, según la reseña que hiciera del caso el periódico La Jornada.

A Zambrano no lo aprehendieron porque una cosa era pegarle a los empleados y otra al magnate del salinismo, poderoso, relacionado en altos círculos de la política mexicana, su empresa toda una transnacional, entre los hombres más ricos de México.

Carrillo Almeida instó al juez Domínguez Colío a dispensar las órdenes de aprehensión, pero el juzgador se dio gusto.

Zambrano fue balconeado, exhibido, sujeto a un venteo mediático. Carrillo Almeida y Domínguez Colío lograron que la Policía Ministerial actuara. Realizaron las dos aprehensiones, pero ésta no puso a los detenidos ante la autoridad de forma inmediata. Violaban sus derechos con el “caiga quien caiga”.

Del tema hizo una amplia exposición el periodista Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, quien sería asesinado mes y medio después, la madrugada del 20 de junio de 2011. Diría que el gobernador Javier Duarte se había embroncado con CEMEX, que el caso se salió de control, que le untaron la mano al aparato de justicia de Veracruz, que hasta el entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, fue ignorado, y que hasta hubo un intento de extorsión.

“Lo sorprendente de todo esto —escribió Milo Vela— es que en tres meses Carrillo Almeida integró y perfeccionó la investigación ministerial, un tiempo récord que induce al sospechosismo si nos remitimos al hecho de que en las agencias del Ministerio Público, incluyendo la de Carrillo, existen investigaciones ministeriales que llevan más de tres años en proceso de integración”.

Sobre la violación a los derechos de los detenidos, el columnista de Notiver planteó:

“El sábado 30 de abril, a muy temprana hora fueron detenidos Erick Hernández Martínez y Salvador Martínez Ortiz, sin embargo el coordinador de la AVI (Joaquín Barragán León) los mantuvo detenidos ilegalmente durante varias horas en los separos… En el registro de la cárcel preventiva de Playa Linda hay constancia de que fueron internados poco después de las tres de la tarde… Joaquín Barragán León no informó de esto ni a Reynaldo Escobar, encargado de la Procuraduría, ni al director de la AVI, Remigio Ortiz Olivares”.

Milo Vela acusaba un contubernio entre el empresario Juan Felipe Ruiz Sosa y funcionarios del Ministerio Público, inflando la reparación del daño:

“Los representantes legales de Cemex, tratando de resolver de una manera económica, y buscando mantener la relación empresarial con Juan Felipe Ruíz Sosa, mostraron su disposición de reparar el daño, ofreciendo una paga de 3 millones 700 mil pesos… Aquí fue donde las cosas se complicaron aun más, pues el abogado de Juan Felipe Ruiz, dijo que no, y pidió 50 millones de pesos por ese mismo concepto, es decir 47 millones de pesos más de lo reclamado, aun cuando tenemos informes que algunos peritos de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia también le entraron al juego poniendo más ceros a la cifra reclamada como reparación del daño”.

Carrillo Almeida fue el encargado de realizar la investigación ministerial en tiempo récord. Solicitó las órdenes de aprehensión. Domínguez Colío las obsequió. Y todos, junto con el coordinador de la entonces Agencia Veracruzana de Investigaciones, Joaquín Barragán, se le fueron encima a los ejecutivos de CEMEX e incluso al mismo Lorenzo Zambrano.

Se decía ajeno Javier Duarte a semejante asalto, 50 millones por un daño de menos de 3. Sin embargo ahí permaneció Carrillo Almeida, protegido, solapado, encubierto y luego sería subprocurador en Córdoba, la tierra adoptiva del gobernador de Veracruz. O sea, premiado.

¿Era ajeno Javier Duarte a la consignación de Lorenzo Zambrano? ¿Fue un acto de deslealtad, una mordida de mano al magnate del cemento que aportó para su campaña cuando buscaba ser el sucesor de Fidel Herrera Beltrán?

Brilla aún la estrella de Ricardo Carrillo Almeida pese a tanta corruptela. De la Subprocuraduría en Córdoba pasó a la de Coatzacoalcos. Comienza ahí a maniobrar, a dejar juicios sin sustento, a inventar cargos para incriminar.

Carrillo Almeida así es. Es un fiel escudero del duartismo, la justicia torcida, los asesinos libres, como en el caso del gerente de la Volkswagen; los inocentes perseguidos, acosados, como en el caso del pastor evangélico Claudio Martínez.

Su historia, en Coatzacoalcos, adonde regresó después de 20 años, apenas comienza.

Ya verán.

Archivo muerto

Traman en Grupo Integra la proyección de Leonardo Lozada Parra hacia el círculo más cercano al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Lo ven en la Secretaría de Gobierno, en algo que no se le da a Leonardo: andar las colonias, abrazar a los de abajo, desactivar conflictos, ensuciarse los tenis. Lozada tiene perfil para otras empresas, pero su manager, Iván Hillman Chapoy, el segundo peor ex alcalde de Coatzacoalcos –Theurel lo rebasó con creces—, lo quiere ahí, cerca de Caballero, sabida su cercanía y amistad, al fin que este es el mejor momento para picotearle la cresta a Marcelo Montiel Montiel, el padrino, propenso a una embolia, esta vez en serio su gravedad... Versión extraoficial: el acaudalado secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Fernando Charleston Hernández, habría adquirido una fábrica de pañales, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, conurbado a Orizaba. Nada tonto el Fer, le vende toda la producción al DIF estatal y a otras áreas del gobierno de Veracruz, con el visto bueno de su entrañable amigocha, Karime Macias de Duarte, la primera dama del estado y, desde luego, con el beneplácito del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Al fin que el negocio da pa’ todos, diría el filósofo Fidel Herrera Beltrán... Seis años después, sigue Yara Longoria sangrando la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz, sin dar golpe, sin haberlo dado en el tiempo que fungió como subdelegada en la zona sur. Religiosamente percibe 20 mil pesos mensuales, según consta en reciente recibo donde aparece su firma al calce. Cobra con cargo de “analista” y el concepto es “gratificación extraordinaria”, con el RFC:LOSY7409104HA y la CURP: LOSY740910MVZNNR02. Yara Longoria, ahora crítica de los gobiernos federal y estatal, dejó el 2 de noviembre de 2008 la Subdelegación de la SEV. Se convirtió en lideresa del PRI local, hasta julio de 2009 cuando Iván Hillman fue derrotado por el PAN con ayuda de Marcelo Montiel. Pasó a ser jefa de la Oficina de Hacienda del Estado y a partir de ahí se perdió en la burocracia de escritorio hasta el 29 de abril de 2013. Ahora es ejecutiva de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, en el departamento de contratos, un área que da para enriquecerse a manos llenas. En todo ese tiempo, siendo lideresa del PRI, en sus días al frente de Hacienda y ahora como petrolera, ha seguido cobrando en la SEV, tácitamente como “aviadora”. Y quizá por ello, el delegado Esteban Lara ya ordenó se le requiera y explique quién la patrocina, quién le da vuelo y quién la solapa. Que le hurgue el joven Esteban entre los familiares de la primera dama de Veracruz, Karime Macías de Duarte, y ahí hallará la respuesta... Ni trágico ni accidente. Rumor, sí. Y quizá mala intención. Circuló el lunes 9 la versión de que el autor de INFORME ROJO había fallecido en un percance automovilístico. Difundían la “nota” en estaciones de radio no sólo de Veracruz sino en diversos puntos de provincia, entre ellos, Guanajuato. La versión fue esparcida luego que en ocasión del Día de la Libertad de Expresión, en el homenaje a Gregorio Jiménez de la Cruz, el sábado 7, habíamos vuelto a tocar la turbia relación del gobierno de Veracruz y los medios de comunicación, así con “sus” periodistas a sueldo; el control de la información vía convenios de publicidad, que significan una forma inmoral de enriquecimiento de los industriales del periodismo; la falta de justicia a Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso; a Milo Vela, quien fuera columnista y reportero de Notiver; a Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal y La Red, así como a siete periodistas más, todos en el sexenio de Javier Duarte; el cerco informativo tendido por los grupos de poder, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. Dos días después, soltaron la versión del “trágico accidente”. Es dato infundado. Y si es amenaza, acusamos recibo para lo que se ofrezca... ¿Quién es ese líder sindical que desde que comenzó a usar sus calcetines de seda, con franjitas rosas y negras, se siente Katy la Oruga? Dice que si Loret de Mola y López Dóriga visten así, por qué él, que es un líder de abolengo, no podría sumarse a la nueva onda...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Bermúdez, el vocero y el robo al periodista

* Ernesto González Quiroz, señalado en la denuncia * Pedro Cayetano, corresponsal de ACIR, el agraviado * La reafiliación del PRD, un fracaso * Informe País será presentado en Coatzacoalcos * Se adelanta un mes el proceso electoral * Brenda y la gasolinera * Tráfico de influencias del Clan de la Succión * La priista y la empleada * Acoso laboral y sexual.

12 de junio de 2014

Reporteros y columnistas, quienes lo han visto nadar en las turbulentas aguas de la seguridad pública, saben que Ernesto González Quiroz no es amigo de los periodistas ni algo que se le parezca, aunque a pocos se les habría ocurrido que fuera a estar implicado en un caso de robo.

Enfrenta hoy el vocero del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, una denuncia por el robo de un teléfono celular en agravio del corresponsal de Grupo ACIR, el poderoso consorcio de radio, en Coatzacoalcos, Pedro Cayetano. Implicado Ernesto González e implicados otros.

Se remite la historia al 27 de mayo. Ese día, el periodista Pedro Cayetano tenía concertada una reunión con funcionarios del área de seguridad a nivel local y estatal. La cita se dio en el restaurant Rycka, ubicado en el malecón costero. La hora: 4 de la tarde.

Cayetano llegó al lugar. Ahí encontró al vocero de la Policía Naval, José Pumián, y al enlace de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Reyes. Minutos después se integró González Quiroz, quien luego pidió convocar al delegado de Tránsito, Pedro Eliseo Quiroz.

Pedro Cayetano, quien es corresponsal de Grupo ACIR, también es titular del portal informativo en internet, Diario del Golfo.com. Le hizo saber a Ernesto González que lo entrevistaría y éste aceptó. Se apartaron y el resto de los comensales se retiraron. Sólo Pedro Eliseo Quiroz permaneció en otra mesa.

Procedió a activar su grabadora. No la traía consigo. Entonces decidió registrar las palabras del vocero de la SSP en su teléfono celular. Captó algunas gráficas con su Ipad.

Tras unos minutos de entrevista, ésta culminó. Había advertido González Quiroz que tenía prisa. Se puso de pie. Pedro Cayetano partió. Abordó su vehículo y se alejó del lugar.

Unas cuadras adelante, cuando se hallaba sobre la avenida Pedro Moreno y malecón, se percató que había olvidado su teléfono. Regresó al restaurant Rycka, pero los meseros le informaron que los funcionarios ya se habían retirado. Cuestionó si alguien había observado su teléfono y uno de los meseros les dijo que el tipo alto y fornido —González Quiroz— se lo había llevado.

Del asunto enteró a sus superiores en Grupo ACIR nacional, a fin de advertir de las consecuencias que pudieran traer que en un futuro se hiciera mal uso de la información contenida en el teléfono.

Mediante otro aparato telefónico, Pedro Cayetano trató de comunicarse a su celular. Nadie le respondía. Insistió. El mismo silencio. Llamó a Arturo Reyes sin obtener respuesta. Fue a buscar a José Pumián a las instalaciones de la Policía Naval, pero no lo halló.

Insistió para tratar de dar con su celular. En él guarda mensajes, grabaciones relacionadas con su trabajo, fotografías de prensa y familiares. Pero sobre todo, una intensa lista de contactos, muchos de ellos del área de seguridad.

Ante el hecho, intentó hablar con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita —“Pinches medios”—, pero no le tomó la llamada. Observó en la tarjeta del titular de la SSP un teléfono fijo y lo marcó. Le contestó una persona de nombre Víctor Rodolfo García, a quien le explicó lo sucedido. Éste ofreció comunicarse de nuevo. No lo hizo.

Quien le llamó al otro aparato telefónico, usado para rastrear el que le fue robado, fue Arturo Reyes, el enlace de la SSP. Le dijo que “se habían llevado por equivocación mi celular y que lo había apagado para que no entraran llamadas”.

Tres horas y media después, a eso de las 9:30 de la noche, le fue devuelto el teléfono celular. Se lo dio José Pumián, “quien mantenía la tesis de que se habían equivocado al llevárselo pensando que era de ellos”.

Pedro Cayetano interpuso su denuncia penal el 3 de junio. Consultó con varios colegas y todos le aconsejaron que llevara el caso a los tribunales. Pretende sentar un precedente y que se deslinden responsabilidades sobre el uso de la información contenida en el aparato celular.

En su denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público del Fuero Común en Coatzacoalcos, establece que acude para dar parte de lo sucedido “y sobre todo por la información que hay en mi celular, de la cual desconozco qué uso hagan o vayan a hacer de ella, porque para entregar por equivocación un celular que no era de ninguno de ellos, esto hubiera sido de inmediato, ya que soy una persona muy conocida en esta ciudad y en los medios de comunicación, por lo que desconozco qué hayan hecho con la información de mi celular y esto lo pongo de manifiesto ante Usted, ya que ellos son policías y desconozco cual sea su línea en su servicio laboral”.

Sin embargo, la denuncia camina por la sinuosa ruta de la justicia veracruzana. Se le programó para ser ratificada, el lunes 9, a las 11 de la mañana. El personal no se encontraba en el MP y fue diferida para las 6 de la tarde. A esa hora no se pudo ratificar porque no se contaba con tinta para aplicar el sello de la dependencia en las actas.

Fue diferida el martes 10 pero no se llevó a cabo. La cuarta cita es a las 7 de la noche de este jueves 12 de junio.

De persistir las tácticas dilatorias del Ministerio Público, Pedro Cayetano acudirá a la justicia federal. Con un amparo por violación a sus derechos, instará a que la justicia veracruzana se aplique sin distingo, caiga quien caiga, como vocifera el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Fue clonado el celular de Pedro Cayetano? ¿Qué sucedió en esas tres horas y media desde que Ernesto González Quiroz se llevó el aparato telefónico hasta que lo regresaron a su propietario? ¿Le extrajeron la lista de contactos, sus mensajes escritos, conversaciones grabadas, su agenda de actividades, sus fotografías de trabajo y personales?

Inimaginable, el episodio protagonizado por el vocero del secretario “Pinches medios” evidencia al aparato de seguridad. ¿Qué exámenes de confianza aprobó Ernesto González Quiroz para estar en la cúspide de la Secretaria de Seguridad Pública? ¿Qué tan confiables son esos exámenes? ¿O simplemente no se los aplicaron, lo cual contraviene las normas del sistema nacional de seguridad?

Haberse llevado un teléfono ajeno es, de acuerdo a la ley, un robo. Haberlo apagado, haberlo retenido durante tres horas y media, agrava la situación. El asunto, además, implica a los acompañantes del vocero González Quiroz, pues según Arturo Reyes, “se habían llevado por equivocación” el celular y “lo había apagado para que no entraran llamadas”.

Sea o no el procedimiento, la denuncia por robo le pega de frente al vocero del secretario Bermúdez. Desde el hecho, diversos emisarios, incluso ex integrantes del C-4, el organismo de inteligencia y espionaje del gobierno veracruzano, a cuyo cargo estuvo Arturo Bermúdez durante el sexenio fidelista, han intentado establecer comunicación y, por supuesto, presión sobre Pedro Cayetano. Los espías, pues, están en los suyo.

Queda ahora ver qué hace el Ministerio Público. El delito se configura. La aceptación de culpabilidad es evidente. Hay que aplicar la ley, “caiga quien caiga”, según el evangelio de San Javier.

A ver si es cierto.

Archivo muerto

De fábula, ese proceso de afiliación interno en el PRD para definir a cuánto asciende su militancia, qué tribus tienen más adeptos, quiénes muestran el músculo y cuántos grupos están en vías de extinción o ya no pintan. Decepcionantes, las cifras preliminares arrojan apenas unos 2 mil militantes que refrendaron su perredismo en Coatzacoalcos, hasta el mes de abril. Es apenas la mitad de su padrón histórico, de 5 mil, y muy lejos de las cifras hilarantes que algunos llegaron a esgrimir que situaban al PRD en 8 mil afiliados. Tantas componendas con el PRI; los candidatos “rival más débil”, impulsados por Roselia Barajas y el Clan de la Succión; la levantada de mano de Gloria Rasgado Corsi a Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— en 2010; el apoyo a Javier Duarte cuando aspiraba a ser gobernador; sumarse al Partido Acción Nacional, entre ellos Alejandro Wong Ramos cuando pretendió ser diputado local, a modo para que ganara la izquierdosa-priísta Mónica Robles de HILLMAN; el rompimiento del lopezobradorismo con el PRD por el entreguismo de Nueva Izquierda, la corriente de los Chuchos, a Enrique Peña Nieto, prácticamente han extinguido al PRD en lo que fue su bastión nacional. La militancia se fue; unos cuantos están en el Movimiento de Regeneración Nacional, otros se quedaron a medrar con las siglas, unos más aún sueñan con los vientos de la democracia, y otros simplemente dejaron de creer en los partidos políticos. Había que hacer añicos al PRD y lo lograron... Categórico, contundente, decepcionante, el estudio “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México” describe la crisis democrática que enfrentan los mexicanos, la desvinculación entre los grupos gobernantes y la sociedad, y la urgente necesidad de aplicar políticas públicas para evitar que resurja el México bronco y la brecha entre ricos y pobres sea aún mayor. El estudio será presentado el próximo lunes 16, a las 9:30 horas, en Coatzacoalcos, por el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González. Fue elaborado por el extinto IFE y por el Colegio de México, lo que habla de su seriedad y profesionalismo... Se adelantan los tiempos electorales. Ahora, ya con la reforma político-electoral afinada, el proceso comienza en septiembre cuando se instale el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; en octubre iniciará funciones el consejo local, y en noviembre, los consejos distritales. Eso provocará mayor efervescencia entre partidos y candidatos rumbo a la elección federal de 2015, que será, por supuesto, el escenario que también definirá quiénes irán por las candidaturas a las alcaldías veracruzanas, dos años después... Bronca grande, bronca mayor, para la alcaldesa de Nanchital, Brenda Manzanilla Rico, alias “La maestra desconocida”, con el caso de la gasolinera de la colonia San Miguel Arcángel, propiedad del ex tesorero de Coatzacoalcos, Mariano Moreno Canepa, vía su testaferro Francisco Alemán Rasgado. Cada vez hay más evidencia de que no se otorgaron en tiempo los permisos, los estudios de impacto ambiental; no se contó con la anuencia de los vecinos, ni se observó el riesgo para quienes ahí viven, y por supuesto, hubo tráfico de influencias que implican al ex diputado local José Murad Loutfe Hetty y a su sucesora, Mónica Robles de HILLMAN, todos del mismo clan succionador. Hay documentación que revela que hasta funcionarios de Pemex se prestaron a las anomalías. Brenda, por lo pronto, está a punto de ver cómo se enciende Nanchital por su falta de habilidad para enfrentar esta crisis... ¿Quién esa priísta, “open mind”, que estuvo a un paso de enfrentar una denuncia por acoso laboral y sexual en sus día de funcionaria en el ayuntamiento de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—. Gustaba del fruto prohibido y como la chica a la que le puso la puntería no cedió a sus instintos, inició toda una labor de hostigamiento, con carga excesiva de trabajo, tareas más allá de sus horarios y trato soez. Frenó su apasionada locura cuando le deslizaron que la denuncia por acoso laboral y sexual se estaba confeccionando, y que eso acabaría con sus proyectos políticos. Y pensar que es quien “enamoró” a un líder sindical de altos vuelos. ¿De qué famosa se trata?...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Prensa: los 10 crímenes de Javier Duarte

* Exigían justicia por los periodistas asesinados * Y ahora a convivir con el que no hace justicia * Gina sigue operando * Funcionario de la SSP, implicado en robo a periodista de Coatza * Relleno sanitario para Coatza * Negocio en disputa entre unos Chagra, unos Tubilla y un Montiel.

9 de junio de 2014

Sobre Javier Duarte de Ochoa pesan moralmente diez crímenes de periodistas, cuatro desapariciones, decenas de golpeados, hostigados, reprimidos, amedrentados, amenazados, pero al gobernador de Veracruz nada le quita vociferar su respeto a la libertad de expresión y decir —¡faltaba más!— que protege al gremio de la prensa.

Intragable, frágil, insostenible, su discurso de hoy es la réplica anual de un argumento de gobierno que en los hechos es destrozado por la realidad: Duarte escucha, Duarte lee, Duarte analiza, Duarte elogia, Duarte reconoce, Duarte dialoga, Duarte reflexiona a partir de la labor de los comunicadores. ¿Se le puede creer?

Duarte agasajó a su prensa en el World Trade Center de Boca del Río, el sábado 7 de junio. Le dio de comer, le dio de beber y la colmó de elogios, hueca la desmesura en un gobernador que desprecia la crítica y paga para que le aplaudan.

Afectos al huevo y los frijoles, al chayote y al embute, maiceados muchos comunicadores, ingenuos otros, lo vieron ahí, en su show de cada año, en el Día de la Libertad de Expresión, con el discurso de la mentira, la simulación, el respeto, la alianza, la solidaridad, el compromiso de que no afectar la labor de los comunicadores.

Javier Duarte tiene frases para toda ocasión:

“Ningún periodista debe tener límites en su libertad al expresar noticias, ideas o imágenes; el Gobierno de Veracruz está a su lado, para hacer valer este derecho humano”, dice.

Otra más:

“Su quehacer diario genera opinión pública que nos ayuda a entender nuestra realidad y abre los canales de diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales”.

Actor de un show demasiado sobado, reiterativo, lisonjero con los dueños de los medios de comunicación, sus aliados y cómplices, sus operadores en la estrategia de amordazar a las voces críticas de la sociedad, es complaciente y empalagoso con las infanterías del periodismo, los reporteros, los columnistas, los fotógrafos.

Austero, esta vez no hubo rifa de automóviles, refrigeradores, hornos de microondas, alguna casa. Ahora quiso jugar al discriminador y lo logró.

Repartió su staff pulseras de colores —según el relato del portal Plumas Libres— e instruyeron sus edecanes a formarse en tres filas. A los de menor rango les tocó una mochila en cuyo interior se hallaba un dispositivo portátil para cargar celular; a los intermedios, cargador de celular con una Tablet con valor de 5 mil pesos, y a los de mayor jerarquía, una mochila con cargador de celular y una Ipad de 15 mil pesos.

Entregó reconocimientos a 35 periodistas por su trayectoria periodística, la mayoría ligados al sistema, ex jefes de prensa, voceros del gobierno, de candidatos priistas, políticos disfrazados de comunicadores e industriales del periodismo; sólo un puñado, periodistas dedicados a su oficio, a informar y a servir.

Duarte ofreció el desayuno y también su mano, su hombro, su sonrisa para la fotografía con cada periodista. Recorrió las mesas. Habló, bromeó, se esforzó en convivir con un gremio al que no tolera y al que, por supuesto, desprecia.

Tuvo porra, periodistas que acudieron a la cita, pues el acarreo fue descomunal. En autobuses dispuestos desde la madrugada del sábado 7, se les trasladó, desde Pánuco, desde Coatzacoalcos, desde cualquier punto de Veracruz.

Con Javier Duarte estaban los mismos que salieron a las calles a protestar por los 10 asesinatos de colegas en lo que va del gobierno duartista; los que escribieron con furia, abierta la exigencia de justicia a un gobierno que no garantiza las condiciones elementales para ejercer el periodismo; los que suscribieron desplegados, indignados por la criminalización de los compañeros muertos de manera violenta.

No hubo en el discurso del gober de Veracruz ni una línea en memoria de Milo Vela, Regina Martínez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Yolanda Ordaz, Misael López Solana, Noel López Olguín, Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez y Marco Antonio Báez.

Tres años hace que Noel López Olguín, periodista de Noticias de Acayucan, La Verdad y Horizontes, radicado en Jáltipan, al sur de Veracruz, desapareció. Su cadáver fue hallado cuando un sicario del narcotráfico, aprehendido por otro caso, admitió su muerte y en qué fosa clandestina lo había sepultado.

A tres años de su ejecución, Milo Vela, reportero y columnista, especialista en temas policíacos del periódico Notiver, sigue esperando justicia. Con él murió su hijo Misael, también reportero gráfico de ese rotativo, y su esposa Agustina Solana. Un comando armado ingresó a su hogar en la madrugada y los acribilló, en el puerto de Veracruz.

Tres años han trascurrido de la muerte violenta de Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, torturada y decapitada, su cuerpo hallado en un predio cualquiera. A Yolanda la llenaron de lodo los periodistas duartistas, acusándola de ser vocera del crimen organizado.

Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue estrangulada en su hogar, la tarde del 28 de abril de 2012, en su casa, en Xalapa. El gobierno de Javier Duarte se ha empeñado en enlodarla. Su argumento es que los dos acusados, un par de delincuentes y viciosos, eran sus amigos. Que bebieron y luego, a fin de robarle, la mataron.

Duarte ha sido impúdicamente desaseado para desacreditar a Regina Martínez. Sabedor de los temas que tocaba Regina, la narcopolítica, la quiebra de Veracruz, la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policíacas, la violación y el asesinato de la indígena Ernestina Ascensión a manos de militares, en Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, el gobierno estatal ha evadido la pista del trabajo profesional de la periodista.

Terco como es, el gobernador de Veracruz se ha empeñado en sostener la tesis del robo. Acusó a detuvo a uno de los presuntos asesinos, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, lo consignó y un juez de consigna lo sentenció. Por violaciones a sus derechos y por ser torturado, el presunto asesinó fue dejado en libertad por el Tribunal Superior de Justicia. Aún así, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras insiste en que reiniciará la investigación desde cero, con el móvil del robo. Del trabajo profesional de Regina Martínez, nada.

Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, quienes habían trabajado en Notiver y AZ fueron levantados seis días después, en el puerto de Veracruz. Horas después se les halló embolsados, descuartizados.

Marco Antonio Báez Chino, reportero de policía de Milenio Xalapa y director del portal en internet, Reporteros Policíacos, culminaba sus labores. Fue levantado y apareció embolsado, también cercenado su cuerpo, a unas cuadras del palacio de gobierno.

Creó entonces la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con periodistas de estado, sumisos, aplaudidores, salvo el caso de Jorge Morales, quien mantiene una actitud crítica y de compromiso. La CEAPP sólo es un parapeto del gordobés.

Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal del Sur y La Red, fue levantado el 5 de febrero pasado en Villa Allende, congregación de Coatzacoalcos. Su cuerpo fue hallado seis días después, el 11 de febrero, torturado y decapitado, en una fosa clandestina, en la colonia J. Mario Rosado, en el municipio de Las Choapas, al sur del estado.

Si con Regina Martínez el gobierno de Javier Duarte se había sacudido, colocado en el centro de un escándalo nacional por la falta de garantías a los periodistas críticos, con Goyo Jiménez la explosión fue mundial. Marchaban en Coatzacoalcos sus compañeros exigiendo que lo regresaran con vida, luego que le hicieran justicia; marchaban en todo Veracruz, en diferentes ciudades de México; en España, Argentina, Estados Unidos, Colombia.

Y Javier Duarte se resiste a seguir la pista de que a Goyo Jiménez lo mataron por lo que escribía. Como en el caso de Regina, persigue otro móvil, el de rencillas familiares y un problema personal con la dueña de la cantina El Palmar.

Desaparecidos, perseguidos, acosados, reprimidos, amedrentados, amenazados, los periodistas se han enfrentado a una situación inédita: las fuerzas policíacas, la policía de Javier Duarte los ataca con conocimiento de causa, arbitrarios y prepotentes, con toletes, bastones eléctricos, los golpea y les roba. Y el gobernador nada hace por ellos.

Han soportado hasta un “pinche prensa” del secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, en su comparecencia ante el Congreso. Han sido insultados, retenidos ilegalmente, revisadas sus cámaras, borradas sus fotografías. Y el gober calla.

Duarte no le ha hecho justicia a Milo Vela. Duarte no le ha hecho justicia a Regina Martínez. Duarte no le está haciendo justicia a Goyo Jiménez. Fueron asesinados por lo que escribían pero esa pista la evade Javier Duarte.

Su gobierno es una tiranía disfrazada a medias. El duartismo es enemigo de la prensa libre, de las voces críticas, del periodismo documentado, del análisis que acredita que el régimen de Javier Duarte de Ochoa es un fracaso; de las voces que expresan que hay un vínculo directo entre la clase política y el crimen organizado, que Veracruz es el santuario de Los Zetas, que el gran peculado fidelista de 35 mil millones de pesos hoy es de 80 mil millones por la cómplice y errática conducción de estado en manos de Javier Duarte.

En Veracruz, los periodistas mueren violentamente y lejos de hacerles justicia, se les enloda, se les criminaliza, se les involucra con mafias del narcotráfico, se les intimida, se les reprime, se les somete a campañas de infamia en las redes sociales. Y a todos les indigna.

Eso sí, cuando el gobernador llama y dice que hay huevos y frijoles gratis, los búfalos del periodismo corren en tropel a la cita con el que les da de comer. Son como las promotoras del PRI: si el desayuno y la bebida no cuestan, todos a aplaudir.

La conciencia de gremio, aplastada por un chayote.

Archivo muerto

Ríe María Gina Domínguez Colío de la prensa a la que tenía sometida y de la otra prensa, la que le documentó abusos y excesos, negocios atropellos. Desde su “secretaría técnica”, sigue operando el área de comunicación social del gobierno de Veracruz. Impone su voluntad en medios nacionales, dicta línea a los industriales del periodismo estatal, acuerda con columnistas, matiza críticas. Hace valer el valor de un convenio con televisoras y radio nacionales, pues lo que se compra no es el tiempo ni el espacio, sino la línea editorial. Acá, el cisne tuitero, Alberto Silva Ramos, sólo pierde el tiempo en el diseño de los boletines, organización de festejos y su desgastante pleito con Miguel Ángel Yunes Linares, la obsesión de cabecera del duartismo y del fidelismo… Escandalazo en puerta: un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, cercanísimo al titular, Arturo Bermúdez Zurita, implicado en el robo de un celular al conocido periodista, Pedro Cayetano, corresponsal de Grupo ACIR en Coatzacoalcos. Hay pruebas, hay reconocimiento de culpa y hay denuncia penal. Hoy será ratificada… Impostergable, el proyecto para construir el relleno sanitario o instalar la planta de procesamiento de basura, quedó formalizado en el cabildo de Coatzacoalcos. En cuestión de meses será imposible continuar usando el tiradero a cielo abierto de Las Matas. El predio El Rebozo, adquirido cuando Marcelo Montiel Montiel fue alcalde por primera vez, será habilitado como nuevo sitio de confinamiento, si así lo aprueba el Congreso de Veracruz y luego la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal. Lo que queda en la agenda es quién será el concesionario, cuánto tendrá que invertir y quién estará detrás del proyecto. Sabíase que en los días de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— en la alcaldía, el negocio lo fraguaban unos Chagra y unos Tubilla. Y ahora se les suma un Montiel…

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Las Choapas: el PRI administrará el caos

* Marco Estrada, a las órdenes del gobernador * Se sacudió al PAN; se sacudirá al PRD * Huevos y frijoles para la prensa * Libertad de expresión y cinismo * El homicida que Marcelo dejó ir * Ciro quiere transparencia * El puente de la corrupción de su mamá * La regidora, el jefe y el funcionario del DIF * Qué trío.

5 de junio de 2014

A fin de cuentas, el PRI no dejará el ayuntamiento de Las Choapas, los territorios de los narcos, la ruta de los migrantes, la administración de la extorsión, el cementerio clandestino de los levantados, el limbo de los abigeos, el paraíso del caos.

Perdiendo ganó. Lo hará con Marco Antonio Estrada Montiel en la presidencia municipal, dócil el próximo alcalde ante imposiciones, caprichos, intereses y componendas, seguidor de la línea oficial, ex priísta, disfrazado de perredista y, peor aún, de demócrata.

Lo hará, también, a través del síndico Javier Basáñez Silván, alias “Pipo”, testaferro, operador, máscara del minicacique Renato Tronco Gómez, el ex alcalde de la fidelidad, el “mejor guerrero” de Fidel Herrera, el diputado del duartismo, vergonzoso su papel en el Congreso de Veracruz donde no legisla pero sí cobra, sobre él imputaciones graves de corrupción, abuso de poder, desgobierno y enriquecimiento por demás explicable.

Entra el PRI por la puerta trasera, pero entra. Sin postular candidato a la alcaldía, sin la escoria que representan los Tronco en las boletas electorales, el PRI será quien mande en Las Choapas.

Estará ahí, sin siglas, ejerciendo el poder a través de la mano de sus incondicionales, con un priista de siempre, Marco Estrada, alejado del PRI por circunstancias, por una candidatura que no se le concedió, por un dedazo que no recibió, infiltrado luego en la oposición y pronto, muy pronto, de nuevo en el redil del sistema.

Accidentado, el proceso electoral de Las Choapas llegó a su clímax el domingo 1 de junio. Acudió un 35 por ciento de los votantes, obvia la victoria del abstencionismo, pues para unos no había tronquismo al cual enfrentar, como en la elección de 2013, y para otros, Marco Estrada resultó más de lo mismo, solapador del tronquismo.

Que haya ganado Marco Estrada, es lo de menos. Ya se sabía. El análisis está en el entorno de su unción como nuevo líder político de Las Choapas: la candidatura negada en 2013, su llegada al PRD, vencer al tronquismo y al PAN aunque se la hayan arrebatado, demostrar el fraude, ir a una elección extraordinaria, sacudirse a los antitronquistas, cohabitar con los emisarios de Renato, controlar al órgano electoral, perder 5 mil votos de manera inútil, ser luz y sombra, mostrar cinismo, golpear a sus aliados. Para un psiquiatra.

Gris, apocado, insulso, Marco Estrada es un político con más suerte de la que merece. Sin otro mérito que su mansedumbre, pudo encabezar el PRI en Las Choapas, ser diputado local en 2010 cuando le negó Fidel Herrera ser alcalde. Fue un diputado transparente; nadie lo vio. Quiso ser candidato del PRI en 2013; el gobernador Javier Duarte lo ignoró.

Fue 2013 un año crucial. Las Choapas fue convocado a desterrar el minicacicazgo de Renato Tronco. Se unieron los panistas, los perredistas, los maestros, los petroleros, los campesinos, los ganaderos, los sin partido, la iglesia, la resistencia contra la tarifas eléctricas. Y así surgió un movimiento con base social.

Marco Estrada tocó puertas. Quería ser el candidato del PRI. Cumplió el ritual de los priístas. Supo, una vez más, la contundencia de la palabra “no”. Exhibió a su líder estatal, Erick Lagos Hernández, Fidelito. Y rompió, supuestamente rompió, con el PRI.

Lo acogió el Partido de la Revolución Democrática. Le dio sus siglas. Riñó con los Roldán, los patriarcas del PAN, y caminaron por rumbos distintos. Si la alianza hubiera cuajado, serían gobierno desde 2013.

Logró apretar la votación. De hecho, la ganó pero se la robaron. Miguel Ángel Tronco Gómez, el hermano cómodo de Renato, tuvo que usar la fuerza del fraude y ya en los tribunales, se invalidó la elección. Demostró el episodio de 2013 que sólo unidos, PRD y PAN, podían derrotar al PRI.

En 2014 el sistema abandonó a los Tronco. Les negó la candidatura a la alcaldía. Y Renato anunció que no irían a la contienda, que se retirarían de la política, que dejaría la diputación, porque “no hay condiciones” para participar.

Marco Estrada mostró entonces que la miseria política es su virtud. Cuajada la alianza, con el órgano electoral de su lado, con priístas que le operaban desde el interior del consejo electoral municipal —Lalo Carreño y Adelaido Infanzón—, el PRD y el PAN unidos, ir a las urnas era mero trámite, segura la victoria.

Impensable lo que habría de ocurrir, se despeñó moralmente en un abrir y cerrar de ojos. Al registrar su candidatura, su candidato a síndico municipal fue el tronquista Javier Basáñez Silván, la imagen de Renato en el próximo ayuntamiento. Desplazó a Carolina López Aguirre, la ex primera dama de Las Choapas, que en la campaña de 2013 le allegó miles de votos del área rural, sin los que no hubiera podido fracturar al PRI.

Ser mezquino es lo suyo. Marco Estrada no sólo irritó al antitronquismo choapense con esa traición sino que incluyó a otro miembro del clan de Renato: Juan Manuel Landero López, como candidato a la séptima regiduría.

La elección del domingo 1 de junio lo dijo todo. Sólo acudió a votar el 35 por ciento del padrón electoral, muchos desangelados por las marrullerías del candidato del PRD. Y de ellos, 5 mil sufragios fueron para Carolina López Aguirre, candidata del PAN, que se llevó un tercio de la votación total, el voto de los antitronquistas.

Marco Estrada ya pinta para dónde va. Patea a sus aliados y contemporiza con lo que decía combatir: la podredumbre de Renato, sus operadores, la corrupción que encarna, la transgresión a la ley, el abuso de poder, las golpizas a la sociedad.

Marco Estrada no llega con el voto de los choapenses. Llega con la venia de Fidel Herrera, el ex gobernador, y con la de Javier Duarte, el títere de palacio.

Llega a encubrir los negocios de Tronco, que son los de Fidel y Duarte, las obras con recursos federales, los contratos para los constructores del ex gobernador.

Asume la alcaldía el 1 de julio. Entonces volverá a ser duartista, institucional, sumiso y manso, hombre del sistema, súbdito del gobernador, convencido que sin la venia de Duarte no hay recursos ni obras ni programas, sólo olvido, indiferencia, frialdad, auditorías, presión del Congreso, persecución y quizá cárcel.

Marco Estrada ya mostró con qué lodo se maquilla. En 2013 pudo ser aplastado pero un sector del PAN lo secundó en su proyecto, le comprometió votos y logró enfrentar a la maquinaria tronquista. Un año después, se sacudió a todos, dejó llegar al tronquismo, permitió que se infiltrara en su planilla y que alcanzara espacios clave. Ya traicionó al panismo; sigue el PRD.

Partido maleable, utilizable, su líder estatal, Sergio Rodríguez al servicio del gobernador, en el PRD hay tres segmentos: los puros de corazón y de ira justificada, los ingenuos por convicción y los simuladores por decisión.

Con el voto del perredismo llega a la alcaldía de Las Choapas, pero no gobernará con los perredistas. Ellos fueron un accesorio de campaña, un elemento útil pero reemplazable.

Las Choapas será gobernado por Javier Duarte. Marco Estrada será su peón, evidente su naturaleza a modo, servil, lacaya.

Las Choapas no importa por su presupuesto para obras, unos 214 millones de pesos. Lo que mueve la ambición de Fidel, Duarte, las mafias priistas, son los giros negros de la sociedad, los recursos que se mueven entre las sombras y de los que nadie da cuenta.

Con Marco Estrada y “Pipo” Basáñez, el PRI seguirá regenteando las rutas del narco, los territorios de las mafias; beneficiándose de la extorsión a los migrantes; mantendrá el cementerio de fosas clandestinas, la última morada de los “levantados”; los espacios, intocables, de los abigeos. Administrará el paraíso del caos.

Para eso llega Marco Estrada a la alcaldía.

Archivo muerto

Huevos y frijoles para los periodistas. Celebra el gober Javier Duarte, espléndido, un aniversario más de la simulación de la libertad de expresión en Veracruz. Lo hace con un convivio, un agasajo, lavado de cara cuando su gobierno es acérrimo enemigo de la prensa crítica, demostrado estadísticamente que aquí, sin estar en estado de guerra, es el lugar más peligroso para ejercer el oficio periodístico. Será la celebración de siempre, el discurso falso, el respeto que en los hechos no da, en un escenario violento, decenas de periodistas asediados, hostigados, golpeados, asesinados en los días del duartismo. Les llevará premios, autos, pantallas planas, grabadoras, pues en la dádiva se expresa el concepto de Javier Duarte ante una prensa dócil con espíritu de alfombra. Sábado 7, World Trade Center de Boca del Río, día y lugar de la cita. Ah, y los huevos y los frijoles con chayote, que es el platillo que más le va a los agasajados del gobernador. Felicidades… Mejor que se hubiera dedicado a la política y no a las leyes. Tuvo Marcelo Montiel un arranque vergonzoso recién salido de la universidad. Le asignaron una agencia del Ministerio Público en el norte de Veracruz y ahí, a los pocos días, hizo la primera. Cayó un homicida, se integró la consignación y corrieron los plazos para ponerlo en manos de un juez. Y en ese punto Marcelo demostró que desconocía lo elemental del procedimiento, que nada aprendió en la universidad, que no tenía condiciones para ser fiscal. Cuando consignó, ya habían vencidos los plazos. El reo se amparó y obtuvo su libertad. Qué estreno del abogadazo Montiel… ¿De qué transparencia y honestidad habla Ciro Félix Porras, diputado local, cuando invoca los saldos de Leopoldo Torres Hernández en la alcaldía de Minatitlán? Su mamá, Guadalupe Porras David, alias Lu-pilla, hizo estropicio y medio, medró al amparo del poder y de la impunidad, bajo el cobijo de Fidel Herrera Beltrán. Una obra la exhibe: el puente Capoacán, con una inversión de 90 millones de pesos, del que sólo se hicieron sus bases pero no se concretó. En agosto y diciembre de 2010, Lu-pilla realizó dos pagos a la constructora SECORT, de su yerno, el ex alcalde de Coatzacoalcos, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— uno por 30 millones de pesos y el otro por 15 millones, con recursos procedentes de Banobras y Petróleos Mexicanos, o sea federales. Emitió el cheque 106 de Banamex y realizó la transferencia 014854920007027719 al Banco Santander, cuando la obra estaba abandonada. Eso es un delito y hay que proceder. Dice Ciro Félix que debe ser transparente el ayuntamiento de Minatitlán. Empecemos por doña Lu-pilla, su mamá… Cinco meses después, pierden la paciencia los constructores de Coatzacoalcos. Le dicen al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol que Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— les quedó a deber 25.2 millones de pesos; que urge que les paguen; que la falta de recursos afecta la marcha de sus empresas, impactando salarios, pago a proveedores y a subcontratistas. Theurel ya se fue pero la deuda es institucional. Quienes están cerca de Caballero aseguran que se investiga si las obras son reales o ficticias, pero mientras se aclara, la deuda de Marcos Theurel con los constructores ahí sigue… Pa’ todos tiene la regidora enamorada. Unos días son para el altísimo funcionario del ayuntamiento y otros para un notable, muy notable, del DIF. Con éste se le vio en el estacionamiento de Chedraui, acaramelada, sus dedos entrelazados. ¿Sabrá el jefe en qué enredo lo metieron, quiénes lo urdieron, qué babas se está bebiendo?…

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano 

30 años después, el crimen sigue impune

* Javier Juárez, periodista asesinado en 1984 * Sus denuncias contra Acosta Lagunes y Hillman * Abstencionismo en Las Choapas * Ganó Estrada, contaminado por el antitronquismo * Charleston y los millones para la sierra * Empleados pobres, Marcelo rico * El secretario Bermúdez y la reportera.

2 de junio de 2014

Javier Juárez Vázquez vivió sus últimos instantes entre la angustia y el miedo. Sufrió tortura. Lo tundieron a golpes, le quemaron la piel, le ataron las manos. Murió abatido por cuatro disparos. Y 30 años después, su crimen sigue impune.

Dirigía entonces el semanario Primera Plana. Rudo en su actuar, torvo al escribir, Juárez Vázquez era toda una contradicción. Podría tener el tema periodístico más revelador, documentado y explosivo, pero antes de publicarlo lo devoraban las ganas de gritarlo.

Era un provocador nato. Ufano y engreído, locuaz, hablantín, gozaba irritando a los demás, encarando a muchos, acusando de frente, restregando en el rostro episodios de corrupción.

Una noche, sin más, ingresó al mundo de los periodistas caídos. Se le vio con vida por última vez en el palacio municipal de Coatzacoalcos. Era la noche del 30 de mayo de 1984.

Había externado temores profundos. En los últimos días se hacía acompañar de su hermano. Desde hacía más de un año traía de encargo al gobernador de aquellos tiempos, Agustín Acosta Lagunes; a su secretario de Gobierno, Ignacio Morales Lechuga; al séquito acostalagunista, a los Hillman, a Montes de Oca, a Sen Flores, a Ramón de Diego, el clan de Los Pantera, su mote por un motel cercano al río Calzadas.

Juárez Vázquez se movía entre la denuncia periodística y la amenaza del sistema. Agreste su estilo, bronco para tratar los temas, sin finura ni pureza, lo mismo le atizó a Juan Osorio López por las obras de mala calidad que se hicieron en su trienio, que a Juan Hillman Jiménez, su sucesor, que las encubrió.

Hubo un tema, sin embargo, que lo fue llevando a su destino fatal: el abuso de poder de Hillman y la complicidad de su inventor político, Agustín Acosta Lagunes.

Documentado, descarnado, el reportaje que describía una jornada de cacería en el río Chumpán, en Campeche, atrapaba a Juan Hillman y a sus invitados, el periodista José Pablo Robles Martínez, dueño de Diario del Istmo; el empresario Luis Daccarett Habib, luego inodado en un fraude a Bancomer, célebre por sus amenazas a periodistas y su renovada prepotencia en el duartismo; Rubén García Albert, jefe de la policía municipal, y el vástago del alcalde, Jonathan Hillman Chapoy, hoy presidente de Grupo Integra.

Decía Juárez Vázquez que a media cacería, las camionetas propiedad del municipio de Coatzacoalcos se atascaron. Imposible rescatarlas, tuvo que recurrirse a un servicio de grúas y la renta de un helicóptero para sacar de ahí al edil y sus invitados.

Primera Plana publicó con detalle el caso, el abuso de poder; el uso de bienes municipales para saciar la pasión del alcalde Hillman Jiménez: la cacería, ubicar a la víctima, jalar el gatillo y sentir el orgasmo de la muerte; el desvío de recursos para salir del atolladero y tapar la fechoría.

Juárez Vázquez remató así una larga cadena de denuncias contra el gobierno de Veracruz, entre ceja y ceja Acosta Lagunes, varias veces burlado Morales Lechuga, quien ofrecía un arreglo, planas de publicidad, recursos económicos para turistear, que el director de Primera Plana aceptaba para después romper el trato.

De aquel hallazgo periodístico pasaría a la denuncia formal, alardeaba Javier Juárez. Lo gritaba en los pasillos del palacio municipal. Pero en el intento se quedó.

Fue visto por última vez la noche del 30 de mayo. Alguien, según una investigación oficial, atestiguó que llegó a una gasolinera del centro de la ciudad, cargó combustible y se dirigió al poniente. Horas después, estaba muerto.

Su cadáver apareció cerca de Minatitlán, en Mapachapa. Entre la maleza, atado de manos con cable eléctrico, su cuerpo aún tenía las huellas de la tortura. En su piel se apreciaban quemaduras de cigarro. Y le habían asestado cuatro balazos.

Suele ser que a los hijos del sistema, el aparato de justicia los encubre. Así ocurrió con el caso Juárez Vázquez.

Totalmente pasivo, el Ministerio Público apenas si integró la averiguación previa. Dejó de lado hechos contundentes, la línea periodística del director de Primera Plana, sus denuncias contra Acosta Lagunes y Morales Lechuga, las acusaciones públicas contra Juan Hillman, la cacería fallida en el río Chumpán, el uso de vehículos oficiales en un evento privado, que presupone desvío de recursos públicos; la renta de grúas para rescatar las camionetas municipales; el arrendamiento de un helicóptero para llevar de regreso al alcalde, su hijo Jonathan, Robles Martínez, Daccarett y García Albert.

Caída la investigación, deliberadamente caída, fue la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del gobierno federal, la que se avocó a seguir las pistas que llevaran a esclarecer el caso. Luego se sabría que la DFS sólo ejercía un control de daños, pues estaba embarrada hasta el cuello en el caso. Existía la hipótesis de que Javier Juárez había estado en conocimiento de un campo de entrenamiento de la contra nicaragüense en territorio veracruzano, financiada por el capo del narcotráfico, Rafael Caro Quintero.

Según esa hipótesis, Juárez Vázquez habría enterado del hecho al periodista de Excélsior, Manuel Buendía Téllezgirón, autor de la columna Red Privada, sin que ninguno supiera que la operación Caro Quintero-Contras fue encubierta por la Dirección Federal de Seguridad. Buendía fue asesinado la tarde del 30 de mayo, en la ciudad de México, y Javier Juárez, la madrugada del 31, en Coatzacoalcos.

Años después, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de México, el caso Buendía fue resuelto. Le imputaron la autoría intelectual a José Antonio Zorrilla Pérez, ex titular de la Dirección de la Federal de Seguridad, juzgado y sentenciado a 30 años de cárcel, hasta lograr su libertad al hacer uso de privilegios que otorga la ley para concluir su condena en su domicilio.

Para Juárez Vázquez no hubo justicia. Toda investigación se desviaba o quedaba trunca. Terminó sugiriendo la Procuraduría de Veracruz que el móvil era pasional. Tres gobernadores, nueve procuradores tuvieron el caso en sus manos y prefirieron el camino del silencio, la simulación y la impunidad.

Patricio Chirinos Calero retomó el caso. Su gobierno le imputó la autoría material al ex jefe policíaco Hilario Beltrán Ruiz, “El Chaneque”. Pasaría el sicario unos meses en prisión, fue condenado y apeló a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtiendo que lo hicieron confesar mediante tortura. Un amparo le permitió obtener su libertad y años después falleció. Nunca se admitió que hubo un autor intelectual y que el móvil era político, producto de lo que escribía.

Son ya 30 años. Impune, el crimen de Javier Juárez Vázquez es un agravio. Sobre los sospechosos no se ejerció acción penal. Acosta Lagunes, Morales Lechuga, Juan Hillman, Robles Martínez, Luis Daccarett, García Albert, ninguno de los señalados en el episodio de la cacería con recursos públicos, fue apretado por la justicia. Unos declararon; otros no. Y los que lo hicieron, sólo cubrieron las formas, con el aparato judicial de su lado.

Son ya 30 años. De aquella mañana aciaga del 31 de mayo de 1984 en que apareció muerto pocos recuerdos quedan. Nada se dice de Javier Juárez Vázquez. Lo atrapó el olvido. Sólo unos cuantos lo invocan. Sólo sus amigos refieren aquellas denuncias, sus escritos broncos y sus ganas de anticiparse a sí mismo, de gritarle a los corruptos, cara a cara, lo que son.

Juárez Vázquez sigue en la estadística de los periodistas veracruzanos muertos, encubiertos sus asesinos, burlada la justicia, agraviada su familia, el gremio de prensa, la sociedad. Es el sello del sistema, el silencio y la simulación.

Son ya 30 años y el crimen sigue impune.

Archivo muerto

Desangelada, desairada, la elección extraordinaria en Las Choapas finalmente no congregó a la sociedad. Imperó el abstencionismo, el desánimo, la indiferencia, el repudio a la política de componenda, de acuerdos infames en las cúpulas del poder. Infame su condición, plegado al tronquismo, que infiltró su planilla, ganó Marco Antonio Estrada Montiel, candidato del Partido de la Revolución Democrática, que ahora será el dique que impedirá proceder legalmente contra el ex alcalde Renato Tronco Gómez y hacerlo pagar por sus raterías y atropellos a la ley. Supuesto ex priísta, vinculado al gobernador Javier Duarte de Ochoa, fidelista cuando llegó al Congreso de Veracruz, en 2010, Marco Estrada dejó de ser el ícono de la elección cuando permitió que la posición de síndico le fuera asignada a un operador de Renato Tronco, Javier “Pipo” Basáñez Silván, y la regiduría séptima a Juan Manuel Landero López, ambos tronquistas. Pudo derrotar al Partido Acción Nacional y su candidata Carolina López Aguirre, pero no al abstencionismo. Cuentan los clásicos que las cifras lo dicen todo, y tienen razón: esta vez votó el 30 por ciento del padrón; hace un año, la mitad de los electores. Sin los Tronco en la contienda, obligados a retirarse cuando el Partido Verde y el PRI les negaron el registro, la sociedad se inmovilizó. Vio a un PRD infiltrado por el tronquismo, más rojo que nunca, maniobrero, plegado a los dictados del PRI, y simplemente no salió a votar. Llega Marco Estrada a la alcaldía pero sin la legitimidad de su pueblo, acusado de traidor, de dejarse imponer con tal de ser presidente municipal, sometido a los dictados del PRD estatal y a los caprichos del gobernador. Buen inicio… ¿A qué vino al sur de Veracruz el secretario de Finanzas del gobierno duartista, Fernando Charleston Hernández? ¿A ponerse a mano con los ejidatarios de Tatahuicapan? Encubierto con otros temas, Charleston llegó a sofocar las ansias de volver a tomar la presa Yuribia, a cumplir los acuerdos, a entregar 3.5 millones de pesos, a suavizarle el lomo a los tatahuis para evitar otra crisis por falta de agua en Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, que otra vez medio millón de habitantes sufrieran las consecuencias de la negligencia del gobierno de Veracuz por no cumplir los compromisos contraídos y la intransigencia de los habitantes de Tatahuicapan que en su conflicto de poder pasan a arder a quienes nada tienen que ver en el pleito… De hambre los salarios en el ayuntamiento de Coatzacoalcos a nivel de infanterías mientras al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, le llueven las cuotas de sus engendros políticos. No sólo son los 2 millones mensuales que percibe; son también los contratos de obra de los que se nutren sus operadores, las plazas para sus allegados y hasta los permisos para el comercio informal, de a 100 o 200 pesos por cabeza, pero dinero al fin. Una revisión a la nómina municipal da idea de la desproporción, los de arriba en su castillo de oro, y los de abajo en el fango, olvidados y explotados. Empleados de limpia publica de menos de 2 mil pesos a la quincena y Marcelo con una cuota de 2 millones. Vaya insulto… Del “pinches medios” al “si tú me prestas dinero, (las patrullas) las puedo comprar mañana”, va Arturo Bermúdez Zurita en su permanente conflicto con la prensa. Ahora le punza al secretario de Seguridad Pública de Veracruz el reclamo de los líderes sociales de Ixhuatlancillo que exigen que cumpla lo que ofrece. Y cuando una reportera le insiste sobre si les dará más patrullas, sale Bermúdez con su embajada y su chistorete de medio pelo. Repelente a la prensa, hosco con los comunicadores, procaz y hasta insultante, el secretario de Seguridad Pública tiene en su haber agresiones en operativos, acoso de sus mandos medios, represión a reporteros que cubren informaciones y una constante de amenazas. Faltaba verle su patética vena cómica, la del simple que hace bromas de las que sólo él se ríe…

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