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ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA EX FUNCIONARIOS DE TECOLUTLA EXTRAÑAMENTE NO HAN SIDO EJECUTADAS
Hasta el momento no se han hecho efectivas las órdenes de aprehensión giradas por el Juez Primero de primera instancia en contra de ex funcionarios de la anterior administración del municipio de Tecolutla, quienes enfrentan denuncias por presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. El ex síndico Flulvio Meza Bustos, así como el ex tesorero Óscar Zarrabal Guillaumín y el ex director de obras públicas, José Luis Ortiz Domínguez, todos ellos funcionarios de la pasada administración, debieron ser detenidos desde el mes pasado, luego de que se giró un oficio ordenando su detención de acuerdo a la causal penal 296/2010, luego de la denuncia que presentó en su contra el proveedor del ayuntamiento José Luís Ortiz Domínguez. De acuerdo a la denuncia, el proveedor de servicios y constructor confiscó en el mes de abril del año pasado una camioneta Tacoma al ayuntamiento, la misma que era usada por el entonces alcalde Fernando Hernández, para de esta manera garantizar el pago los adeudos atrasados. Oscar Zarrabal Guillaumín, llegó al ayuntamiento en el 2008 a laborar como auditor, enviado por el Órgano de Fiscalización Superior y de ahí pasó a ocupar el cargo de tesorero municipal, dejando una importante deuda que no pudo ser comprobada en la cuenta pública de ese año. En ese mismo año, se reportaron al ORFIS obras que no se realizaron o bien no fueron concluidas por la administración del ex alcalde Fernando Hernández Méndez, como es el caso de banquetas, guarniciones y ampliación de la red de alumbrado público en la comunidad de Hueytepec, el revestimiento de la carretera Boca de Lima a Vista Hermosa, la ampliación de red de alumbrado público en la comunidad de Casitas, además de otras obras. A los antes mencionados, junto con el ex presidente municipal Hernández Méndez, se les ordenó reintegrar 14 millones 37 mil 199 pesos, cantidad correspondiente a la cuenta pública de ese año, independientemente de las cuentas públicas de los años 2009 y 2010. Dentro de las observaciones realizadas por el ORFIS, la número 162/2008/002 LM, señala las inconsistencias encontradas en el ejercicio presupuestal 2008, por exceder la Ley de Ingresos, sobretodo en lo que respecta a la adquisición de materiales y suministros, donde al Ayuntamiento le fueron autorizados un millón 482 mil 832 pesos y en la práctica se gastaron 2 millones 459 mil 098.54 pesos. En el concepto de “servicios generales”, se excedieron en un 100 por ciento al ejercerse 8 millones 22 mil 802 pesos, cuando habían sido autorizados sólo 4 millones 372 mil 486 pesos por el Congreso del Estado. Otro ejemplo es la denuncia realizada por Daniel Elpidio Capi, apoderado de la constructora Ingeniería y Electrificación, a quien se le adeuda la cantidad de 2 millones de pesos, por la realización de obras en el año 2008. El afectado señala que durante el periodo de Zarrabal Guillaumin, se encontraron documentos que amparan el pago del adeudo a la empresa, sin embargó el jamás expidió facturas, aun cuando existen dentro de la tesorería pólizas de cheques firmados por el entonces tesorero y Fernando Hernández Méndez, que tienen como soporte facturas apócrifas. Aun cuando las órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios fueron giradas en el mes de diciembre extrañamente las autoridades encargadas de ejecutarlas no han procedido en contra de ellos.
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