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Mussio Cárdenas Arellano

Duarte: cárcel para los enemigos

* Andanada nacional e internacional al gober por encarcelamiento de twitteros * Operación azul en Coatzacoalcos * Síndico y secretario de Obras quitan despensas a priistas y las entregan a panistas * Llora como Magdalena el alcalde Theurel * Gloria Rasgado interpone juicio ante el TRIFE * Tesorera de Minatitlan irá a prisión para salvarle el pellejo a Lupe Porras * La responsabilizarán de daño patrimonial por 38 millones

Frente a un Veracruz financiera y socialmente destrozado, el gobierno de Javier Duarte naufraga en procuración de justicia, implacable e intransigente con sus enemigos; complaciente, cómplice, solapador con la corrupción de esa estirpe de poder cuyo apelativo genérico es el priísmo.

Aplica la ley con selectividad insultante. Imputa delitos sin sustento, allana domicilios, teje historias sórdidas, inventa confesiones incriminatorias, agravia la memoria de los muertos y, lo peor, se mancha con la sangre de inocentes.

Protagoniza el régimen duartista un burlesque justiciero, la corrupción al desnudo, usada para simular el cumplimiento de la ley, mientras el estado de derecho es atropellado sin atacar los grandes y crecientes males de la sociedad; la proliferación de bandas del secuestro y la extorsión; la complicidad policíaca en la industria del tráfico de migrantes indocumentados y el reclutamiento de ilegales en las filas del narcotráfico; la inacción del estado en el avance del crimen organizado, hoy en franco ataque a la sociedad civil.

Gusta el gobernador Javier Duarte de Ochoa de abrir más frentes en contra. Acusa, sin reflexión, a quienes tiene a la mano, de violaciones a la ley, de vínculos con mafias o de afectar el erario público. Es el juego de buenos contra malos y Duarte es, por supuesto, el mejor de los buenos.

Veracruz vive un caos financiero, endeudado como nunca, la pobreza como política de estado, el olvido como táctica electoral, y aún así, el gobernador Duarte insiste en jugar a la ruleta rusa, tender cortinas de humo, usar distractores mediáticos de baja efectividad pero de altísimo costo político.

Se metió en una bronca fenomenal cuando acusó a dos usuarios de la red social Twitter, Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, de la psicosis que vivieron los habitantes del puerto de Veracruz por la difusión de mensajes —alarmistas, por supuesto— que versaban sobre acciones del crimen organizado en escuelas, y bajo cargos de terrorismo y sabotaje pretende refundirlos 30 años en prisión.

Su juicio es uno más de los actos de barbarie del gobierno duartista. Incluye una aprehensión ilegal, una orden de presentación que sirvió para retenerlos en el Ministerio Público y luego consignarlos; allanarles sus domicilios; ejercer tortura sicológica, mantenerlos incomunicados, arrancarles confesiones bajo presión; la imputación de dos delitos que jurídicamente no se acreditan en el marco legal veracruzano. Una total violación al estado de derecho; un exceso; un abuso de poder.

Es rejego nuestro gobernador. Ve la tempestad y no se hinca. Oprime ahora el botón de su autodestrucción y no repara en las consecuencias.

Aún así, ahora va por la cabeza de ex ediles. Encarceló a dos ex alcaldes enemigos de su régimen, el panista de Las Choapas, Antonio Poucholén Cárdenas, y el priísta de Tuxpan, Juan Ramon Gánem Vargas. Les atribuye corrupción, desvío de recursos, transgresiones a la normatividad.

Poucholén y su equipo de trabajo fueron aprehendidos con lujo de fuerza, sacados algunos de ellos de sus viviendas sin orden de cateo, casi desnudos, y en su reclusión se acusa la participación ilegal de la policía choapense, los esbirros del minicacique Renato Tronco Gómez, hoy alcalde de Las Choapas, hoy priísta, hoy honorable, pese a la denuncia formal de la Procuraduría de Veracruz de ser el autor intelectural del artero asesinato del ex regidor Alfredo Pérez Juárez.

Sobre Gánem Vargas, de extracción priísta, pesaba la sentencia de reventarlo políticamente, no por su filiación política sino por rencores del pasado. Su sucesor, Alberto Silva Ramos, alias El Cisne, hacía un año, siendo alcalde electo, había iniciado una campaña mediática para encarcelarlo, primero en redes sociales –¿terrorismo cibernético, don Javier?— y luego en medios de comunicación.

Usó Silva Ramos el argumento de la corrupción, pues el Organo de Fiscalización Superior de Veracruz no le aprobó a Juan Ramón Gánem la cuenta pública de 2009 y le imputaba el desvío de 24.5 millones de pesos. “Que Juan Ramón Ganem sea encarcelado junto con sus cómplices por el daño que le han hecho a Tuxpan ¿Quien me ayuda?”, repetía con insistencia, registrada su intención en Greenbox News, el 9 de agosto de 2010. Y muchos le respondieron: “Cuenta conmigo”. Tras bambalinas se sabía que El Cisne, el favorito del gobernador Javier Duarte, cocinaba una venganza por la contracampaña que la corriente juanrramonista había orquestado para impedir que llegara a la presidencia municipal de Tuxpan. O sea, pleito entre priístas.

Ser el torquemada político de Veracruz no hizo sino desatar un llamado público a que Javier Duarte evite simulaciones anticorrupción. Le han recordado que el ORFIS determinó peores raterías en otros alcaldes: Guadalupe Porras David, de Minatitlán, con 38 millones 630 mil pesos; Vicente Escalante Macario, de Agua Dulce, 36 millones 926 mil; Juan Antonio Lavín, de Córdoba, 54.5 millones; Blanca Batalla, de Alamo, 61 millones, y Juan René Chiunty, de Cosamaloapan, 29 millones.

Impunes, fueron ellos algunos de los alcaldes de la fidelidad, operadores electorales del duartismo, en 2010, con recursos del erario público, intocados por el gobernador Duarte.

Hay, sin embargo, algo peor que el disimulo: el encubrimiento. Vicente Escalante Macario, uno de los señalados por corrupción, fue subsecretario de Turismo en el arranque del gobierno de Veracruz y hoy es coordinador estatal para el Desarrollo Turístico Municipal. Operó miles de votos para Javier Duarte en el distrito 30, lo que le permitió matricularse en la pandilla que hoy gobierna Veracruz.

Otra rémora del poder, fidelista consumada, es Guadalupe Porras David, suegra del alcalde de Coatzacoalcos, Marco César Theurel, e impulsora de la candidatura de su hija, Guadalupe Félix Porras, a diputada federal suplente en el distrito de Coatzacoalcos. Para ellos, pese a los desvíos de recursos, el manto de la impunidad.

Tiene muchos otros boquetes la nave del duartismo que amenzan con precipitar un naufragio en aguas profundas. Caminan de la mano la inseguridad pública, la creciente violencia y la aplicación selectiva y sesgada de la justicia, empleado el poder para embestir a los enemigos y solapar a los artífices del fraude electoral que impuso a Javier Duarte en el gobierno de Veracruz.

No hay justicia para los deudos de los tres trabajadores asesinados por las balas de la policía en El Lencero, a quienes se hizo pasar como sicarios del crimen organizado; se les torturó, se les acribilló y hasta tiro de gracia les dieron. No hay justicia para sus familiares que interpusieron una denuncia penal y a cambio reciben amenazas para desisitirse de la acción legal. Si algo faltara, la Procuraduría de Reynaldo Escobar actúa con parcialidad, justifica el crimen, tiñe de sangre al régimen duartista.

Vive Veracruz un extravío en materia legal y la aplicación de la justicia es un laberinto sin salida. Los asesinos gobiernan las calles sin riesgo de cárcel; lanzan granadas, incendian taxis, queman taxistas; siembran miedo, provocan terror.

Es ahí donde debiera aplicarse la ley, no en los twitteros ni en los ex alcaldes incómodos, ni en los constructores y proveedores que reclaman adeudos.

No hay, sin embargo, capacidad de reflexión en el gobernador Javier Duarte; ve pero no observa; oye pero no escucha. Encarcelar ex alcaldes, periodistas, luchadores sociales, sólo por ser enemigos, adversarios o críticos, es un abuso de poder; dejar intocados, impunes, a los amigos, a los socios políticos, a los cómplices electorales, al crimen organizado, es faltar a la ley.

Por esa ruta se encamina Javier Duarte a un abismo. Quizá esa es su meta.

Despierte, don Javier. Ya es tiempo.

Archivo muerto

In crescendo, la vapuleada al gobierno de Veracruz por la insidia con que se lanzó contra los twitteros Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera. Increpan al gobernador Javier Duarte de Ochoa voces críticas de la talla y nivel de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de twitteros del Distrito Federal, partidos políticos, periodistas nacionales como Ciro Gómez Leyva, de Milenio; Julio Hernández López, de La Jornada, y Raymundo Rivapalacio del portal Eje Central, y Proceso. Al unísono reprueban la marrullería judicial para acusarlos de terrorismo y sabotaje y pretender condenarlos a 30 años de prisión. NOTIVER, el periódico más agredido, tres de sus reporteros asesinados, lo resume en una sentencia: “El rumor está en la cárcel; los villanos andan sueltos”. Decimos nosotros: ¡Qué necesidad tenía el gobernador Javier Duarte de meterse entre las patas de los caballos!... Operación Azul desde el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Displicentes, Roberto Chagra Nacif y Adrián Pérez Martínez —síndico incómodo y secretario de Obras Públicas disfuncional, respectivamente— reparten cientos de despensas a militantes del Partido Acción Nacional. Creen que así romperán las estructuras panistas, la operación política de la oposición, el voto que amenaza al PRI en la elección de 2012. Chagra, por su parte, cumple la norma fidelista de infiltrar, diezmar y partir a la oposición en dos; Adrián Pérez lo hace vía su fiel escudero, Rodolfo Morales, secretario técnico de Obras. Mirando, y rumiando su coraje, los priístas sólo observan la maniobra, negadas para las promotoras y los operadores las despensas, sin qué ofrecerles a quienes en cada elección votan por el PRI… Como la Magdalena, llora y llora el alcalde de Coatzacoalcos, Marco César Theurel Cotero, su relevo como jefe político del priísmo en la plaza. Niega, desvirtúa, su degradación y la entrega del control y operación de las estrategias priístas a su otrora mentor, Marcelo Montiel, a quien ahora pretende borrar del mapa político. Fue a quejarse Marcos con el “rey de la plaza”, el suegro incómodo del gobernador Javier Duarte, Jesús Antonio Macías Yazegey, paño de sus lágrimas, a quien pretende usar como corre-ve-y-dile, o sea, portador del chisme urdido por Theurel que imputa a Marcelo Montiel la filtración del cambio de mando en la política de Coatzacoalcos. Como sea, por su ineficacia política, por carecer de estructuras, por bronquearse hasta con su sombra, por engañar y reengañar al gobernador y sabotear al propio Tony Macías, el control de la plaza le fue asignado, de nuevo, a Marcelo Montiel. Pobre Marcos; se parece a las ambulancias: grandotas y chillonas… Gloria Rasgado Corsi, ex diputada federal, interpuso recurso para revertir la expulsión en su contra, decretada por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática por respaldar a los candidatos priístas, Javier Duarte de Ochoa y Marco César Theurel Cotero, en la elección de 2010. El 17 de agosto promovió, junto con sus operadores, Alfredo Capdevielle Leyva, Celso Pérez Ruiz y Samdy Jaciel Mariño Lara, juicio para la Protección de los Derechos Politico Electorales de los Ciudadanos ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral (TRIFE) con sede en Xalapa. Invoca la violación del artículo 17, inciso J, de los Estatutos del PRD, que otorga el derecho de defensa. Gloria Rasgado y sus operadores perredistas no fueron notificados formalmente de la audiencia en que se determinó su expulsión y, por ello, se le conculcó el derecho a defenderse. El 30 de agosto, el TRIFE regional admitió el recurso de la ex diputada perredista. Su desafiliación del PRD se encuentra suspendida hasta que el TRIFE resuelva. Gloria Ragado es, pese a las evidencias de su apoyo a los priístas Theurel y Duarte, un hueso duro de roer… Todo listo para que la ex tesorera de Minatitlán, Rocío del Carmen Ricárdez Villalobos, sea quien pague los platos rotos de la ex alcaldesa Guadalupe Porras David. A ella le cargarán gran parte de los pagos ilegales, más de 368 millones de pesos, liberados sin la autorización del síndico Noé Hernández. Rocío Ricárdez también enfrentará a la justicia por el daño patrimonial de 38 millones 630 mil pesos que el Organo de Fiscalización Superior (ORFIS) atribuye a la gestión de Lupe Porras en el ejercicio 2009. Que alguien le avise…

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