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INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Los juniors se comen a PEMEX

* Peña Nieto y Paraíso 25 * Privatización disfrazada * Capitales privados en una industria estratégica * Las privatizaciones que enriquecieron a los salinistas *Slim, Salinas Pliego, Antonio del Valle… * Unos cuantos ricos y 50 millones de pobres.

23 de agosto de 2013

Enrique Peña Nieto no es Frank Uribe Lomas, el influyente personaje de Paraíso 25, novela de Luis Spota, pero también se muere por la inversión extranjera en México y si es en el petróleo, mejor.

Spota retrata a ese segmento aburguesado de la sociedad de los 80 como lo que son: la juniorcracia, dueños del poder, del dinero, de los medios de comunicación, traficantes de influencias, vendepatrias, negociantes de todo, gestores de fortunas cuyo origen es el manoseo y la malversación de los bienes nacionales.

Spota hace el preludio de lo que habría de venir y que hoy, 30 años más tarde, se expresa en el asalto final para privatizar el petróleo, el gas, la electricidad, con el señuelo de una reforma que no busca la modernización de Pemex sino la legalización de un robo a la nación con la entrega de los recursos a los grandes consorcios transnacionales.

Trabado en su encomienda, el Presidente Peña Nieto repiquetea con el sonsonete de la inversión privada, prioritariamente extranjera, para salvar a Petróleos Mexicanos de una debacle que tiene al país, según el evangelio de San Enrique, a las puertas del caos económico.

Su iniciativa de reforma energética se mueve en dos vértices: modificar el contenido de tres artículos constitucionales, incluido el 27 que le otorga al Estado la soberanía absoluta sobre los recursos del subsuelo, y la aprobación de contratos de utilidad compartida que dicho sea sin tecnicismos, es la entrega a porcentaje de los yacimientos que las empresas privadas hallen en los procesos de exploración.

Impugnada por el PAN, repudiada por el PRD, satanizada por Andrés Manuel López Obrador, la reforma energética de Peña Nieto fue el primer aborto del Pacto por México. No se consensó, no halló coincidencias y el Presidente la envió directo al Congreso, sabido el voto a su favor y confiado en que la fórmula será mayoritear para imponer.

Peña Nieto no es salvador de Pemex ni quiere su modernización. Hijo del salinismo, pudo ser presidente porque los grandes consorcios neoliberales así lo quisieron: el poder político a cambio de la privatización de México. Ahora le toca pagar una factura de alto costo: el ingreso de las grandes firmas al sector energético. O sea, Peña salda su deuda con los bienes de los mexicanos.

Inculto, reñido con el intelecto, el Presidente de México se ha encargado de publicitar un diagnóstico funesto: las supuestas áreas críticas en la dermis de Pemex y, peor aún, en sus entrañas: las reservas de petróleo se agotan; insuficiente capacidad para refinar, lo que nos hace importadores de gasolina cara; limitado procesamiento de gas, lo que también obliga al país a comprar gas a precio elevado; el desplome de la petroquímica básica, que ha hecho que Pemex se tenga que asociar con petroquímicos privados para colocar sus materias primas aunque no bien pagadas.

Catastróficos, los presagios de Peña y su secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, también atañen al sector eléctrico: al operar con gas caro, importado, sus costos se elevan y sus tarifas se disparan, pegando en el bolsillo del consumidor.

Nada más cerca del infierno, según el Presidente y sus cortesanos. Para obtener petróleo de sus reservas en aguas profundas, se impone darle entrada al capital privado, obviamente extranjero, cuyas compañías arriesgarían en la perforación exploratoria y de hallar un campo explotable, Pemex tomaría el crudo y el gas y ya sea por sí misma o por “una empresa que exprofeso se cree”, lo comercializaría, aportándole a los inversionistas privados lo gastado y un “dividendo razonable”, según Joaquín Coldwell. ¿Utilidades al 50 o 60 por ciento? ¿Y cuánto pagarían de impuesto? ¿Lo que paga Pemex?

Doble discurso al fin, el gobierno de Peña Nieto le pinta a los mexicanos una debacle en el sector energético, pero a los grandes consorcios les dibuja un océano de oro negro, a su alcance los recursos del subsuelo, el petróleo y el gas, el hasta ahora fruto prohibido.

Pemex, según San Enrique y sus arcángeles, anda en las últimas, carcomidas sus entrañas y devorado por la corrupción. Y obvio, Pedro Joaquín Coldwell ya se da por enterado y avizora una operación limpieza para darle lustre a la paraestatal.

No dicen ni Peña ni Joaquín, ni el director de Pemex, Emilio Lozoya, que quienes le dieron en la maceta a la industria petrolera fueron los corruptos priístas y los no menos transas panistas en los últimos 30 años, beneficiarios de contratos millonarios que no saciaban su ambición pues aparte de agenciarse utilidades mayúsculas, todavía inflaban los montos y un servicio de 400 millones se convertía en un negocio de 4 mil millones.

Peña y el salinismo saben que la reforma energética es una falacia. Es, si acaso, otra faceta de la vorágine privatizadora que a los mexicanos no les ha reportado más que pobreza y marginación. La privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad es paulatina y sus beneficiarios son unos cuantos, no el pueblo, los juniors de los años 80.

Lo mismo se argumentaba cuando Teléfonos de México fue convertida en chatarra para privatizarla. Salinas la entregó a Carlos Slim y hoy Carlos Slim es el hombre más rico el mundo mientras los usuarios pagan un servicio caro.

Salinas privatizó Fertimex. Uno de los adquirientes fue el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy; otros, los hermanos Ancira, también coahuilenses, dueños de Altos Hornos de México, todos prestanombres de Salinas de Gortari. ¿Sirvió para algo la privatización de Fertimex? Obviamente sólo para enriquecer a un grupo de apátridas y de paso para llevar a la crisis al complejo petroquímico Cosoleacaque, que llegó a ser el primer productor de amoníaco del mundo con más de 2.5 toneladas anuales y que ahora apenas produce 600 mil toneladas por año.

Salinas también se deshizo de Imevisión. Se la entregó a Ricardo Salinas Pliego, previo préstamo de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo. Salinas Pliego la transformó en TV Azteca, cuya programación es tan asquerosa como la de Televisa pero aún más chabacana, cajas de resonancia del gobierno, manipuladores de la información y activos de los poderes fácticos para mantener en la penumbra a la opinión pública.

Y qué decir de la banca mexicana. Fue vendida a los financieros internacionales, con rendimientos anuales multimillonarios, producto del crédito caro, y que han contribuido al endeudamiento de estados y municipios.

Voraz como pocos, Salinas de Gortari reclasificó la petroquímica en 1992. Dejó ocho productos en la básica y liberó 61 para que pudieran ser potenciados por la iniciativa privada. ¿Sirvió de algo? Obviamente no. Ganaron sus amigos empresarios y la petroquímica nacional se hundió.

Pajaritos, fundado en 1964, es punta de lanza en la ofensiva privatizadora. No había llegado la reforma energética peñista al Congreso cuando se oficializó la venta de la mitad del complejo petroquímico a la empresa Mexichem, propiedad de Antonio del Valle Ruiz, ex dueño de banco Bital, hoy HSBC, que de un plumazo se adueñó de las únicas plantas en servicio.

A la planta Clorados III se le habían inyectado 200 millones de dólares para darle viabilidad y que pudiera competir en el mercado del cloruro de vinilo. Con fallas, que fueron ignoradas en el alto mando de Pemex, la planta fue recibida y hoy queda en manos de Mexichem para engordarle el bolsillo a Antonio del Valle.

Así, mil ejemplos de cómo los bienes nacionales pasan a manos de la iniciativa privada pero no arrojan beneficio alguno a México.

Carlos Slim es el hombre más rico del mundo o desciende al segundo escalón, pero sigue siendo un ícono de la abundancia; los banqueros se convierten en industriales y a ellos les regala el presidente en turno los bienes nacionales; las televisoras del estado pasan a manos de empresarios de medio pelo, cuya misión es desinformar, ocultar, entretener, embrutecer.

Contradicción infame la que vive México. Sus recursos, sus bienes, sus activos en manos de un grupo de apátridas, ellos multimillonarios mientras la pobreza cada vez es mayor, mientras 50 millones de mexicanos viven marginados, casi ocho millones en la miseria.

¿Sirve para algo la mano del capital privado para aliviar los rezagos, para abatir la pobreza, para enfrentar el olvido? Indudablemente no.

Sería ingenuo suponer que el salinismo impulsa la privatización del sector energético, bajo el disfraz de inversión pero con la rectoría del estado, sólo por amor a México.

Máscara de Salinas, intendente de la privatización, Peña Nieto entrega un área estratégica, la más importante para México, su petróleo y electricidad, al capital privado extranjero, porque esa fue la condición para ser Presidente.

Proceso ha documentado cómo los operadores del salinismo —Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y hoy director de la consultora Protego— y los ex directores de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza y Luis Ramírez Corzo, son los “agentes financieros” y los “jugadores clave” en la apertura del sector energético al capital extranjero, de acuerdo con el especialista Alex Murphy, quien hizo circular un análisis en el congreso norteamericano donde retrata a Pemex como la empresa petrolera número 14 a nivel mundial y la 13 en cuanto a reservas, cuyas utilidades son de 77 mil millones de dólares anuales, nada que ver con la empresa quebrada que Peña Nieto presenta a los mexicanos para justificar su privatización disfrazada.

John Ackerman, un estudioso de los fenómenos sociales, advierte que hoy se le da entrada al capital privado en la industria petrolera y eléctrica, y el día de mañana desaparecerá el IMSS, ISSSTE, Infonavit, la UNAM, el Politécnico, y los mexicanos, los que puedan, tendrán que autoeducarse, pues ese es el proyecto neoliberal.

No es en la llegada de capital privado a Pemex donde está su salvación. Lo está en la erradicación de la corrupción, sindical y administrativa, cercenarle los negocios a los líderes comandos por Romero Deschamps, y a la pandilla de confianza con que llega cada director designado por el presidente.

Sostén del país por su tributación fiscal, Pemex requiere un adelgazamiento, reducir su carga fiscal, dejar de pagar sueldos exorbitantes, acabar con el contratismo demencial, enviar a prisión a los grandes corruptos y una vez saneado, disponer de recursos para potenciar la extracción de crudo, la refinación, el procesamiento de gas, la revitalización de la petroquímica.

Mientras ello no ocurra, Pemex seguirá patinando en el fango. Y no será un molino de viento, la llegada de capitales privados, lo que la salvará de la quiebra y al país del desplome total.

Junior del salinismo, Peña Nieto podrá salirse con la suya, si es que la presión popular no le da otra paliza como la de su visita a la Universidad Iberoamericana, pero al tiempo se verá que los capitales privados en Pemex sólo servirán para enriquecer a los dueños del dinero y empobrecer más a los mexicanos. Pero cuando eso ocurra y muchos despierten de su letargo, los energéticos ya no serán nuestros. Así funciona el neoliberalismo.

Peña Nieto no es Frank Uribe, pero se muere por los capitales extranjeros y si es en el petróleo, mejor. Así lo explica Paraíso 25.

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Caso Regina: Duarte, el torturador

* El asesino que fabricó el gobernador * El Poder Judicial desploma la farsa * Marcelo retuvo salarios en Sedesol * Fidel Hernández, la cara agria del payaso * Robos y abusos en Acción Social * También El Chamula traicionó al PRD.

17 de agosto de 2013

Políticamente defectuoso, Javier Duarte pasará a la historia de Veracruz, no tanto por ser un títere de Fidel Herrera o por el desgobierno que encabeza, por su insultante frivolidad o por los negocios de familia, sino por el crimen de Regina Martínez, por haber pervertido la justicia, haber fabricado un culpable a modo y valerse de la tortura para incriminarlo.

Aferrado al móvil pasional y al robo, el gobernador vive días de escándalo, destazado en la escena mediática por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que puso en libertad al supuesto asesino de la corresponsal de la revista Proceso y que, de paso, etiquetó al duartismo como un régimen torturador.

Javier Duarte, que de jurista no tiene un pelo, había validado la coartada del procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza, que hacía responsable a Regina Martínez de su propia muerte.

Decía la investigación oficial que Regina estuvo ingiriendo bebidas embriagantes con Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y con José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, en su casa de Xalapa, desde la tarde del 27 de abril de 2012 hasta la madrugada del sábado 28. A eso de las 4 de la mañana, fue golpeada y estrangulada. ¿El móvil? Robarle.

Retrata la versión al “Silva” y al “Jarocho” como dos raterillos de mala muerte por los que nadie daba un centavo, eso sí cercanísimos a la periodista que les daba entrada a su hogar y con los que se pasaba horas en juergas interminables.

Al “Silva” lo describe como un analfabeta y enfermo de Sida, y al “Jarocho” como un sexoservidor y ladrón que, además, era novio de la corresponsal de Proceso. Habrase visto una contradicción tan demencial: sexoservidor y novio de Regina.

Urdida con toneladas de mala leche, la hipótesis del gobierno duartista tenía doble filo: desacreditar moralmente a Regina Martínez y afianzar la idea de que fue ultimada sólo para robarle, no por lo que escribía, no por sus denuncias, no por evidenciar el avance del crimen organizado y su complicidad con los políticos veracruzanos, no por la debacle financiera heredada por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, no por la violación y muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión a manos de militares, no por la inmolación del líder agrario Ramiro Guillén Tapia frente al palacio de gobierno, no por su trabajo profesional.

Duarte tuvo la misión de agraviar a Regina. Se valió del “Silva”. Lo incriminó, así fuera con el método recurrente de las policías mexicanas: la tortura. Tejió una historia inverosímil, desconectada de la realidad, malévola. Y lo envió a prisión.

Sin pruebas contundentes, con señalamientos de oídas, transgresora también de las garantías individuales, una juez venal, Beatriz Rivera Hernández, dio entrada a la sacrosanta imputación del gobierno duartista y tiempo después, el 9 de abril de 2013, seis meses después de su detención, “El Silva” fue condenado a 38 años 2 meses de prisión y al pago de 80 mil pesos de multa.

Pudo pensar el gordobés Duarte que ahí concluía el caso Regina Martínez, pero no. Maltratada públicamente, enlodada y exhibida como provocadora de su muerte por darle entrada, según la Procuraduría de Amadreo Flores Espinoza, a sus asesinos, la corresponsal de Proceso fue rehabilitada cuando el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz derrumbó la sentencia de la juez Beatriz Rivera y ordenó la liberación del “Silva”, a quien no halló responsable del crimen.

Propuesta por el magistrado de la Séptima Sala, Edel Humberto Álvarez Peña, ex alcalde de Coatzacoalcos y beneficiario de millones en publicidad para su consorcio periodístico, la ponencia destacaba aberraciones clave en el juicio contra “El Silva”: no se le detuvo en flagrancia sino seis meses después del crimen y sin orden de aprehensión; nadie lo señala de haber cometido el asesinato; su supuesto cómplice José Adrián Hernández Domínguez, no ha sido detenido aún, lo que permitiría corroborar o descartar que ambos ultimaron a Regina Martínez; la acusación está plagada de contradicciones; le violaron sus derechos constitucionales, y lo sometieron a tortura.

Dos párrafos del toca 613/2013, aprobado con los votos de Edel Álvarez y el magistrado Andrés Cruz Ibarra, detallan la magnitud de la conjura duartista que pretendía justificar que el asesinato de la periodista obedeció al robo y no a un móvil político:

“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez…

“Nadie revela que haya sido la persona (Jorge Antonio Hernández Silva) que se introdujera a la casa de Regina en fecha 28 de abril del 2012, pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”.

A los ojos de los magistrados Álvarez Peña y Cruz Ibarra, el gobierno de Javier Duarte aplicó tortura para incriminar al “Silva” en el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso. Vapuleado hasta el límite de sus fuerzas, su vida en manos de la policía torturadora, Hernández Silva admitió un delito que no cometió. Lo dijo así en su declaración preparatoria y detalló también que estuvo incomunicado varios días antes de ser presentado ante la juez de la causa, Beatriz Rivera, quien lo condenó por consigna.

Oficialmente se trata de un caso de tortura policíaca, auspiciada por el gordobés en su afán por denostar a Regina Martínez y alejar del escenario de la sospecha a los políticos —fidelistas y duartistas— que la periodista había exhibido por actos de corrupción, vinculación con el crimen organizado, omisiones y uña larga, algunos de ellos convidados de piedra, cómplices silenciosos cuando aparecieron 35 cadáveres, algunos mutilados, en Boca del Río, y peor cuando dejaron que Los Zetas convirtieran a Veracruz en su santuario.

Fabricar culpables, como lo hace ahora el gordobés, es propio de regímenes autoritarios, de instituciones criminales, de falsos demócratas, al máximo su desprecio por la justicia. En esa dinámica se halla el gobernador.

No se le da a Javier Duarte el sentido común y menos el buen juicio. Frívolo, le dio lo mismo desatar su instinto demagógico, los alardes justicieros, el embuste encubierto de verdad, para simular que a Regina Martínez no la alcanzaría la impunidad. “No les creemos”, le dijo Julio Scherer, fundador de Proceso cuando el gobernador de Veracruz ofrecía dar con los culpables del asesinato, y acertó.

Vía su procuraduría, don Amadreo y demás pulgas, pudo colmarla de lodo, pintarla como una mujer de conducta inmoral, que convivía con el bajo mundo, cuando que Regina era todo lo contrario, y hostigar a sus amigas periodistas, llamándolas a cuentas, sugiriendo relaciones lésbicas y sadomasoquismo, y que en una noche de locura haberle segado su vida. Qué mente enferma ideó tanta inmundicia.

Creyó Javier Duarte que con la condena de 38 años al “Silva” se había salido con la suya y que así preservaba a la clase política al margen de la sospecha.

No advirtió, sin embargo, que el Poder Judicial anularía la sentencia al “Silva”, categorizaría al gobierno de Javier Duarte como un régimen torturador y colocaría el crimen de Regina Martínez a un instante de ser atraído por el gobierno federal, donde no tiene cómo manipular la investigación.

Javier Duarte y su rostro torturador. Quién lo iba a pensar.

Archivo muerto

Como perrito apaleado deja Marcelo Montiel Montiel la Secretaría de Desarrollo Social, jugoso botín que supuso que gozaría hasta el fin de sexenio. Engañado y usado por el gobernador Javier Duarte —“ganas la elección y te vas”—, deja una herencia nefasta, adeudos a proveedores, corrupción en cada poro y salarios sin pagar a cientos de empleados, una bomba de tiempo que sirve de pastel de bienvenida a su sucesor, Alberto Silva Ramos, el amigo de Los Zetas de Tuxpan. A los empleados, según documentos y una muy detallada exposición de hechos, les quedó a deber más de un año de salario, paliado con míseras gratificaciones, un mes sí y tres o cuatro meses no. El responsable directo era Rafael Grajales Sansores, entonces director de Políticas y Programas de la Sedesol estatal, aunque mas dedicado a caravanearle a la hoy diputada electa Gladys Merlín Castro que atender el changarro. Por lo menos 15 empleados en esa área de la Sedesol están en esas condiciones, decididos a que se les liquide hasta el último centavo y que se deslinden responsabilidades en un caso de retención de salarios y las consabidas multas como lo determinaría cualquier tribunal laboral. No es ajeno al asunto el jefe de la Unidad Administrativa, Víctor Rodríguez Gallegos, a quien se le detectaron cientos de trastupijes más, entre ellos la compra de material de construcción, negocio en el que se embarraron funcionarios municipales de todo Veracruz. Vaya pues con las herencias de Marcelo… Bueno para hacer reír a otros, Fidel Hernández es un payaso que da pena y causa repulsión. Transformado el tipo, la humildad perdida, director de Acción Social sólo de membrete, protagoniza episodios vergonzosos y abusos a granel en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. El día que no son usados los equipos de sonido propiedad del municipio en eventos privados, simplemente desaparecen, entre ellos los contactos canon y hasta 500 metros de cables de extensión, vendidos luego en el mercado negro o entre los compradores de chueco. Dicho en cristiano, don Fidel Hernández hace negocio a expensas del erario, con bienes municipales, sin que nada le cueste, sin reparar en que incurre en desvío de recursos públicos. Eso y más hace Fidel Hernández, el doble de Fidel Herrera Beltrán, a quien imita con descarnada ironía, incluido el tráfico de plazas para hijas de secretarias, el uso de los viáticos para el personal de Acción Social que oculta y luego disfruta, y una amplia gama de intrigas para que a sus subalternos les cancelen el cobro de tiempo extra. Es la cara agria del payaso… Tiene doble cara el justiciero amarillo. Jesús Gómez Constantino, como en cada elección, anda pepenando perredistas que le jugaron las contras al PRD. Son 17 los que enlistó el frustrado regidor, carne de cañón para la Comisión Nacional de Garantías, el órgano que habrá de expulsarlos. Tan dispuesto a aplicar la voladora, quizá Gómez Constantino ya olvidó cuando en 2007 repartía propaganda en las calles a favor del candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Coatzacoalcos, Rafael García Bringas, hoy reconvertido al PRI a cambio de una diputación local plurinominal, la diputación de la indignidad. Por una escasa paga, Gómez Constantino, “El Chamula”, hacía campaña para el PAN, en detrimento de su partido y de su candidato, Roberto Ramos Alor, uno de los que hoy aparecen en la lista en proceso de expulsión por apoyar al panismo. Se ve pues que la fobia de Gómez Constantino a los traidores es sólo pose. Si de traición se trata, “El Chamula” también tiene historia…

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Las trampas del líder

* Luis Martín González a Obras Públicas * Aquel de la demanda contra Caballero * La historia de PERCONSA * Morales Bustamante a la tesorería * Jesús Moreno a la Secretaría de gobierno * López Contreras trafica influencias * En tiempo récord, clave para el jardín de niños de Karime.

De la mano del PRI, servil con los de arriba e implacable con los de abajo, Gersaín Hidalgo Cruz va tejiendo su propia historia de abuso desmedido, ilegalidad a ultranza, atropello sin distingo y corrupción de alta escuela para atesorar fortuna y, por supuesto, poder.

Hace cuatro años, Gersaín Hidalgo era un reverendo don nadie. Perdido en la masa, no pasaba de ser un empleado menor en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, menos cotizado que un billete de siete pesos o una moneda de 23 centavos plata.

Vivía en la medianía, políticamente en la sombra, sujeto a un salario de medio pelo, prácticamente al día, su futuro más negro que su alma y sin cruzarle por la mente que algún día, así fuera trampeando, pudiera ser regidor.

Nebulosa su vida, Gersaín Hidalgo se sabía condenado a habitar en el mundo de los que no cuentan, hasta que tuvo una idea genial: ser líder sindical.

Por esa vía, adherido al proyecto de Jorge López Ríos, llegó a ser secretario de Trabajo en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Coatzacoalcos. Y con ese cargo abrió las puertas del cielo… o del infierno.

López Ríos y el mismo Gersaín Hidalgo —según una ficha del área de inteligencia del gobierno de Veracruz— eran identificados como piezas del candidato panista a la alcaldía en 2010, Gonzalo Guízar Valladares; el primero por su vinculación con el PAN y el segundo por su identificación el grupo de quien a la postre sería síndico municipal, Roberto Chagra Nacif, enemigo jurado de la corriente marcelista, pero sobre todo de Mily Chagra, la reina de la fidelidad, poseedora de la franquicia Mosaico de Culturas, su verdadera gurú, su lideresa moral y quien a la fecha lo mueve al son que ella dispone.

López Ríos era el secretario general, pero quien detentaba el poder real era Gersaín Hidalgo desde la cartera de Trabajo, en sus manos los permisos, las incapacidades médicas, la asignación de turnos y plazas de base, a las que supo exprimir con voracidad.

Tasaba, de acuerdo con el relato de trabajadores que no lo sufren sino que lo padecen, la basificación en 15 mil pesos. “Usa a los eventuales con contratos de 28 días, a los fijos, a los ‘cubrecontratos’, a quienes les promete una base pero si no pagan los 15 mil pesos les aplica la aburridora”, refiere una de sus víctimas.

Sus aspavientos son de antología. A grito abierto presume un salario de 700 pesos diarios, o sea 21 mil pesos, que no ganan ni los jefes de departamento, designados por el alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— en los espacios de confianza del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Su gestión es lo más parecido a un fraude. Un ejemplo son la cuotas que retiene a cada trabajador quincenalmente y que en teoría debiera trasladar al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), como dice la ley. En su tirilla de pago aparecen descuentos que van de los 240 a los 300 pesos, o sea de 480 a 600 pesos mensuales, que le darían derecho a préstamos y al fondo de jubilaciones, pero que por los manejos turbios del líder, les son negados.

En números llanos, Gersaín Hidalgo dispone de más de medio millón de pesos mensuales, que no aparecen en las cuentas del IPE, por lo que los trabajadores no pueden acceder a los préstamos y cuya jubilación está en el aire.

Otro rubro en que se ve la mano corrupta del líder sindical, es el convenio con la empresa FAMSA y con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) para la adquisición de artículos para el hogar. Los trabajadores adquieren bienes, usan su crédito y mediante descuentos, vía nómina, supuestamente los liquidan. Al paso de los días, son advertidos que la deuda no se amortiza y hasta crece por gastos de cobranza e intereses moratorios, pues Gersaín Hidalgo no traslada los pagos tanto a FAMSA como a FONACOT, las cuales amenazan con embargar el bien vendidos.

Una más es el seguro de vida de los trabajadores municipales. El Ayuntamiento de Coatzacoalcos está obligado a liquidar entre 140 y 160 mil pesos a los deudos del empleado fallecido, pero no lo hace. No hay día que no enfrente reclamos el director Jurídico Municipal, Benito Argüelles Calzada, y a la directora de Egresos, Mary Mora, pero ambos evaden a los familiares de los trabajadores fallecidos, sin que el líder sindical mueva un dedo a favor de su gremio.

Gersaín Hidalgo es todo un número. Una de las fuentes de ingresos del sindicato de empleados municipales es la funeraria de la organización. Da servicio al público pero cuando los agremiados, sobre todo los de menor nivel y peor salario, solicitan un féretro para algún familiar fallecido, invariablemente le es negado. Tampoco se sabe el destino de uno de los cheques aportados por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos por el deceso de un empleado municipal, pues Gersaín Hidalgo controla al encargado de la funeraria y a la tesorera.

Gersaín es implacable con sus agremiados. A unos les vende los turnos, a otros les vende las plazas, a otros les vende las ilusiones. Así juega con las bases definitivas, de las que no da cuenta a nadie y cuando algún trabajador reclama sus derechos, conviene con la parte administrativa que el empleado sea removido a alguna congregación del municipio, a manera de castigo.

Para no dejar, acaba de enterar a su gremio de dos noticias: una buena y una mala. La buena es que este año se otorgarán 50 plazas de base. La mala es que se reservó los nombres. Y tenía su razón: las 50 bases son para empleados de confianza del alcalde Marcos Theurel.

Su legitimidad también está en tela de duda. Cuando se le eligió líder de los empleados municipales —junio 10 de 2012—, muchos advirtieron que los integrantes de su directiva eran inelegibles. Los acusan de no acreditar que ocho de ellos están afiliados al sindicato.

Su audacia es tal que atropella los estatutos sindicales para salirse con la suya. Por ejemplo, el 10 de enero pasado convocó a asamblea, llenó el recinto con trabajadores eventuales, que no tienen voz ni voto, y los hizo votar por aclamación para que su período de dos años se alargue uno más. O sea, la Ley de Herodes versión jarocha.

Sobre Gersaín Hidalgo pesan varias denuncias penales. Sus adversarios sindicales lo acusan de amenazarlos por cuestionar su gestión desde que era secretario de Trabajo. Uno más, Julio Domínguez Herrera, por agresión e intento de prenderle fuego cuando le reclamó que no cumplió con la asignación de la plaza de trabajo para su hija a cambio de míseros 5 mil pesos que se negó a devolver. Las denuncias se hallan en el Ministerio Público, prácticamente archivadas.

En campaña, Gersaín Hidalgo usaba la entrega de despensas a los agremiados para que la esposa del alcalde, Guadalupe Félix Porras de Theurel, alias Lu-pilla, proyectara algo de imagen. No importaba que a sus espaldas la insultara sin matices: “Está pen… si cree que vamos a votar por ella”, decía con desparpajo.

Negada toda posibilidad para ser regidor por el PRI, halló su espacio como candidato a la primera regiduría por el Partido Nueva Alianza, avalado por el síndico Chagra y el cacique Marcelo Montiel. No hizo proselitismo. Echó mano de algo más convincente. Amenazaba empleados, les hacía saber que no habría más turnos, que no les daría plazas de base, les organizaba borracheras y el Día del Padre el agasajo lo dieron un grupo de teiboleras.

Con una votación de apenas 2 mil 782 votos, más los que le sume la coalición PRI-Verde-PANAL, Gersaín Hidalgo será regidor, su negro historial de por medio, sus mañas como aval.

Esas son las glorias del PRI.

Archivo muerto

Suena a masoquismo puro eso de que Luis Martín González Trejo vaya a la Secretaría de Obras Públicas municipales en el próximo ayuntamiento de Joaquín Caballero Rosiñol. Mal visto por su oportunismo, desatinado crónico, adorador del ex alcalde Iván Hillman Chapoy, González Trejo fue quien por tres años aisló a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos, hasta que Jorge Arboleya retomó el rumbo e integró de nuevo a la CMIC al organismo cúpula de la iniciativa privada. Pero eso pudiera ser pecata minuta frente a un episodio mucho más espinoso: aquel conflicto con Joaquín Caballero Rosiñol que dirimieron en el Ministerio Público y en los tribunales, acusado el actual alcalde electo de fraude por incumplimiento de contrato y resistirse su empresa PERCONSA (Perforaciones, Construcciones y Suministros, S.A. de C.V.) a liquidar el adeudo original y los daños y perjuicios, algo así como 2 millones de pesos. González Trejo, dueño de la empresa Gonsal, S.A. de C.V. y hoy de la constructora Terra, S.A. de C.V., supo sacarle raja al pleito con Joaquín Caballero, vía contratos millonarios suscritos por la mano generosa del entonces alcalde y ya consumado cacique, Marcelo Montiel Montiel, en 2003 y 2004. Y ahora, como pago de una factura pendiente, va a Obras Públicas en el próximo cuatrienio. ¿Pues qué más se deben? ¿O qué tanto se saben?… Muy madrugadores, Alfonso Morales Bustamante y Jesús Moreno Delgado ya se instalan en el próximo ayuntamiento de Coatzacoalcos en áreas clave, donde fluye el dinero y se ejerce el control político. Sus fans dan por hecho que Morales Bustamante pasará de la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a la tesorería municipal una vez que Joaquín Caballero asuma la alcaldía. De Moreno Delgado hay quien lo promueve para reasumir la Secretaría de Gobierno, de la que estuvo a cargo unos meses al inicio de la administración del actual presidente municipal, Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y con quien tuvo un rompimiento abrupto y que de llegar, por supuesto que habrá tiempo para el ajuste de cuentas… Sórdido, Armando López Contreras puede no servir para nada pero sí para conseguir, agilizar, tramitar y agandallar claves para jardines de niños en tiempo récord. Una de ellas dio vida a un preescolar ubicado en Paseo de las Flores 187, colonia Virginia, en el puerto de Veracruz. Se tardó una semana para conseguir la clave, cuando ese trámite le lleva mínimo un año a cualquier institución. Hábil en el bajo mundo de la política, ex delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz en el sur del estado, a López Contreras le bastó una llamada para cumplirle el capricho a la mafia turca. Dicho en cristiano, es un auténtico traficante de influencias, pero lo peor —para López Contreras y su amo— es que la pillada está documentada. Cuentan que la clave escolar caminó a la mayor brevedad porque, dijo, era para una tal Karime…

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