INICIO          CULTURA          ENTRETENIMIENTO          OPINIÓN          VIDEOS

RECOMIENDE ESTE CONTENIDO 

ESTADO DEL TIEMPO

TV INTERNET

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Javier Duarte: vocación para el engaño

* Un fiasco, la eliminación de la tenencia vehicular * Le puso candados y creó más impuestos * Xóchitl Tress y la visita de Javier Duarte * El oportunismo de Mónica Robles * La Unidad de Acceso a la Información, al garete * El pariente incómodo * Reduce adeudos de agua y se lleva comisión.

31 de diciembre de 2014

Javier Duarte no es un tipo leal. No le interesa. Pudo hablar con la verdad. Pudo decir que el impuesto por tenencia vehicular no se elimina; que tendrá un subsidio; que le puso candados, y que no todos podrán acceder a él. Pero prefirió mentir. Tiene vocación para el engaño.

No eliminó el impuesto de tenencia vehicular; sólo lo subsidia, y además crea otros impuestos también relacionados con el uso de automóviles para compensar la baja de ingresos.

En el centro de la tormenta, el gobernador de Veracruz había sido enfático en la “eliminación” del impuesto. Hizo el anuncio. Festinó en los medios de comunicación. Alardeó sin mesura y sin prudencia. Y al final no fue así.

Medio mes después, el Congreso de Veracruz le enmendó la plana. No aludió a eliminación alguna. Aprobó un subsidio y estableció una serie de requisitos para que el propietario del vehículo pueda evitar el pago de tenencia vehicular. Lo avalaron los priístas y sus satélites; se abstuvieron 12 legisladores de oposición.

Enredarse es lo suyo. Había dicho Javier Duarte —diciembre 15— que ese impuesto sería eliminado y así se beneficiaría a casi dos millones de veracruzanos y a 60 mil empresas.

Lo dice el boletín emitido por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Veracruz: “El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que envió al Congreso del Estado una iniciativa para eliminar el cobro de la tenencia vehicular en la entidad”.

¿Eliminar el cobro del pago de tenencia vehicular?

Refería el gordobés que con el ahorro, las familias contarían con recursos que aplicarán en el consumo de otros bienes. Y enfatizaba: “Esta propuesta significa la respuesta de mi gobierno a una justa demanda de los ciudadanos. No más pago de tenencia en Veracruz”.

¿No más pago de tenencia vehicular?

Recordaba Javier Duarte que la eliminación del pago de tenencia vehicular era promesa de su campaña al gobierno de Veracruz en 2010 y que hoy “estamos en condiciones de cumplir. Hago honor, como siempre lo he hecho, a la palabra empeñada”.

Según el gobernador, toda acción o decisión “están vinculadas al beneficio de las mayorías, al interés de la sociedad veracruzana”, y decía que la propuesta de eliminación del impuesto a la tenencia vehicular “es el resultado del trabajo de un gobierno eficaz y comprometido con sus ciudadanos”.

Vaya alarde de demagogia el de Javier Duarte. Tardíamente llegaba el cumplimiento de su promesa de campaña, cuatro años después, aquejado por el desprestigio y la impopularidad, pues sus dos primeros tercios de gobierno han significado el estancamiento de Veracruz, el crecimiento descomunal de la deuda, el rezago social.

Pero la realidad es que no eliminó nada. Dos semanas después —diciembre 29— el Congreso de Veracruz maquilló las trampas fiscales de Javier Duarte. Lo que aprobó fue un subsidio para evitar el pago de tenencia vehicular sólo si se cumplen ciertos requisitos. O sea, la iniciativa del gobernador tenía candados.

En Veracruz, están exentos de pago de tenencia vehicular los automóviles con valor menor a 230 mil pesos. Ahora podrán dejar de cubrir el impuesto aquellos propietarios que estén al corriente en sus obligaciones fiscales estatales y federales.

Se señala que el contribuyente debe estar al corriente en pago de tenencias anteriores al año 2015, derecho vehicular, permisos y licencia de tránsito, pago de impuesto predial, luz, impuesto sobre la renta como persona física o moral, permisos y obligaciones del sector comercio, y todos aquellos que el estado considere requisito para acceder al beneficio aprobado por el Congreso estatal.

Si el contribuyente no califica, “el beneficio será inaplicable en el correspondiente ejercicio”. Deberá ponerse al corriente, cumplir con el pago de tenencia vehicular en el 2015 y esperar al año 2016. El plazo para saldar deudas es este 31 de diciembre.

Evidente el engaño, Javier Duarte no eliminó el impuesto de tenencia vehicular. Lo subsidió. Le dio el beneficio a un reducido sector de los propietarios de automóviles. Lo volvió selectivo.

Subsidiar no es lo mismo que eliminar. Quince días antes, decía el gobernador que “no más pago de tenencia en Veracruz”. Su oficina de prensa reiteraba en su comunicado que se trataba de una eliminación. Su prensa vendida alardeaba la medida adoptada por Javier Duarte. Pero no fue así.

Al subsidio no tendrán acceso los dos millones de veracruzanos y las 60 mil empresas. Lo harán quienes están al corriente en el pago de sus tenencia, su licencia, su permiso de manejo, su derecho vehicular, su pago de impuestos federales y estatales, sus permisos de comercio, su pago de predial y todos aquellas contribuciones que estime la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Sabe Javier Duarte que la mayoría de los propietarios de vehículos no están al día. Deben impuestos, carecen de licencia o no la han renovado. Seguirán siendo contribuyentes y deberán cumplir con el pago de tenencia vehicular.

Doblemente tramposo, el gordobés implementó a la vez otros impuestos. Ahora se gravarán prestaciones como el fondo de ahorro y se aplicará un impuesto al 2 por ciento en el sueldo. La verificación vehicular se realizará dos veces año con un costo de mil 200 pesos, superior incluso al pago de tenencia vehicular.

Del total de impuestos que capta el gobierno estatal, el 25 por ciento corresponden al pago de tenencia vehicular. Sustituir ese ingreso era el dilema. Nadie se esperaba que la creación de nuevos impuestos sería una carga mayor para los veracruzanos.

Cuando Javier Duarte anunció la “eliminación” del impuesto por tenencia vehicular, la oposición advirtió que era una medida electorera, inminente ya las campañas por la diputación federal, golpeado el PRI por el desastre duartista, por la crisis del régimen de Enrique Peña Nieto, por la revuelta social desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ahora es peor. Javier Duarte no gana adeptos. El PRI tampoco. El engaño los aleja. No eliminó el pago de tenencia vehicular, lo subsidió. Creó candados y condenó a cientos de miles a seguir pagando. Pero agregó nuevos impuestos, incrementando así la carga fiscal, agraviados los veracruzanos, afectada su economía, condenados a la pobreza y a elegir entre comer o tributar.

Falsa es la generosidad de Javier Duarte. No cumplió su promesa de campaña de acabar con el pago de tenencia vehicular. No quiere el beneficio de los veracruzanos, como tanto pregonó. Si así fuera, no habría condicionado con candados excesivos el subsidio y tampoco habría inventado nuevos impuestos.

Javier Duarte no es un tipo leal. Le gusta mentir. Tiene vocación para el engaño.

Archivo muerto

Expuesta al escarnio, su picante álbum fotográfico en las redes, Xóchitl Tress Rodríguez llegó al gobierno de Veracruz, y como entró, se fue. Venía la viuda alegre de un episodio traumático, el asesinato de su esposo, Gregorio Barradas Miravete, alcalde panista electo de Rodríguez Clara. Intentó ser diputada federal y alcaldesa en San Juan Evangelista bajo las siglas del Partido Acción Nacional y fracasó. Dejó su esencia yunista. La cooptó Javier Duarte y la hizo directora de Espacios Educativos, la millonada en sus manos. Una visita fugaz, la del gobernador a su pueblo, no a ver a la alcaldesa, no a atender asuntos políticos, sino a convivir con Xóchitl y su familia, marcó su destino. Se agitó el palacio. Tembló en Casa Veracruz. Subía la presión, amagos de escándalo, un nuevo show. Y así se decidió su salida del gobierno de Veracruz. Burlada, usada, exhibida, Xóchitl Tress ya no ve futuro alguno. Dejó el PAN, la bateó el PRI y en su pueblo, quienes le dieron su voto y se jugaban todo por ella, no la quieren ver. Lo que le costó haber sido títere del duartismo... Oportunista, como siempre, Mónica Robles de Hillman sugiere un ajuste en los recibos de pago de agua. Lo hace ante la protesta generalizada de la población por la crisis derivada de la toma de la presa Yuribia a manos de los tatahuis, irritada la población por la escasez, la entrega irregular mediante pipas, el sabor salado del agua, su color oscuro y su fetidez. Dice la diputada que habría que considerar un ajuste en el recibo de pago. Lucra con la inconformidad cuando fue incapaz de subir a la sierra, buscar a los tatahuis, negociar con ellos, exponer argumentos y hallar una solución. No acudió al lugar del problema la diputada por Coatzacoalcos y ahora quiere ser el paño de lágrimas de la población. Succiona pues, la abanderada del Clan de la Succión... Meses van y meses vienen y sigue descabezada la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Víctor Manuel Gallegos Ortiz ocupó el cargo y con la misma se fue. Marcelista, joaquinista, abandonó la escena entre versiones de conflicto laboral, una paga injusta y sus deseos de haber sido director Jurídico Municipal. Dos meses después, la Unidad de Transparencia anda al garete. La atiende en sus ratos libres el titular del Jurídico, Carlos de la Rosa López. Si algo ha distinguido a los ayuntamientos marcelistas es la opacidad y el ocultamiento de información... ¿Quién es ese joven personaje ligado al DIF, que opera para la gente de escasos recursos descuentos en los recibos de pago en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento? Una pista: le dicen el pariente incómodo, pues mientras CMAS cobra 100 pesos por cada recibo ajustado, él se levanta mínimo mil pesos. ¿Lo sabrá el que lo puso?...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Yuribia: se quebraron los tatahuis

* La amenaza del gobierno doblegó a sus líderes * La amenaza de cárcel pudo más * Les faltó base social * Ponciano Vázquez traicionó a Pepe Yunes * Los Condado, parte del PRD rojo * Sus ligas con la fidelidad y el duartismo * La alcaldesa y su constructora favorita * Regidores de oposición o la Ley del Maíz.

30 de diciembre de 2014

Alguien mareó a los ejidatarios. Les hizo creer que el sabotaje es bueno. Les vendió la idea de que en la lucha social se vale todo. No les dijo que el sabotaje es un delito. No les dijo que enfrentarían denuncias penales. No les dijo que podían parar en la cárcel.

Lo vinieron a entender 24 días después, en sus manos la presa Yuribia que surte de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en ascuas medio millón de habitantes en la zona sur que no son culpables de su desgracia, trastocada su vida, la de los centros escolares, el área de salud y toda actividad.

Genuinas sus demandas, condenable el olvido oficial, los ejidatarios de Tatahuicapan esgrimieron siempre que del gobierno de Veracruz sólo recibieron promesas huecas, incumplimiento, alardes demagógicos, obras desechas al primer temporal, carreteras destrozadas, puentes caídos, cero reforestación en las áreas cercanas a los afluentes que dan vida a la presa Yuribia y pagos de los sistemas municipales de agua que nunca llegaron o que llegaron a jalones y estirones.

Su lucha, pues, estaba justificada. Sus métodos no.

Provocaron la peor crisis de agua de los últimos treinta años cuando bloquearon las válvulas, se apoderaron de la presa y cancelaron el suministro, el 4 de diciembre. Ese día marcaron su destino.

Reyes en su feudo, se les vio insultar, agraviar, liarse a golpes, someter y aplastar a la autoridad. Se habían concentrado en la asamblea que se realizaba en la Casa Ejidal. Tatahuicapan y la sierra de Soteapan entera sabían lo que significaba ese momento, tenso el ánimo, la ira al borde.

Cuando tomó la palabra el operador de la Secretaría de Gobierno, José Luis Utrera Alcázar, estalló el conflicto. Utrera los agravió. Dijo que Tatahuicapan tiene una población de 20 mil habitantes y que ahí no habían ni 600. Encendió los ánimos. Lo bajaron a mentadas. Lo jaloneaban. Lo llevaron a la presa Yuribia. Lo hicieron pedir perdón.

Enfrentados, los tatahuis se liaban a golpes, unos a favor de suscribir un nuevo acuerdo con el gobierno estatal y así garantizar el agua a los tres municipios, y otros por la cancelación del suministro.

Ahí se veía al alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, saliendo entre reclamos airados, la gente violenta —¿pueblos hermanos?—, a punto de ser linchado. Y apenas abordó su camioneta, cayó una lluvia de piedras, destrozado el medallón del auto mientras se pudo alejar.

Joaquín Caballero regresó y anunció la puesta en funcionamiento de los pozos de alivio, perforados durante los ocho meses que duró la tregua con los tatahuis. Tendrían que haber funcionado los 30 pozos pero lo hicieron 14. Paulatinamente se fue incrementando el abasto.

Enfrentó entonces el reclamo de una población que demandaba agua, que se quejaba porque las pipas no abastecían con puntualidad, que advertía que el agua tenía sabor a sal y que provoca enfermedades en la piel.

Inédito el escenario, hizo crisis el viernes 26 cuando un grupo de manifestantes llegó a los bajos del palacio municipal y reclamó la falta de suministro, pero de pronto trató de ingresar al anexo del inmueble, donde el sábado 27 se realizaría el primer informe de actividades del alcalde. Fueron repelidos por un grupo porril, comandado por el operador marcelista Miguel Antonio Wong Ramos. De ambos lados hubo reclamo, jalones, golpes volados y puntapiés.

Arrojó la gresca un herido y varios golpeados del bando de los manifestantes. Acusaban al alcalde de represor, a la vista el puño. Joaquín Caballero evitaba así que le tomaran el palacio municipal y lo dejaran sin escenario para su informe.

Un día después, el sábado 27, el alcalde dijo en su informe que la toma del Yuribia obedecía a razones políticas y que “por la cerrazón de unos cuantos permanece cerrada”. Pidió a los tatahuis enumerar los agravios para que fueran subsanados.

Bajo el agua, la negociación seguía. Entre lunes y martes, 22 y 23 de diciembre, los tatahuis fueron advertidos que las denuncias interpuestas en su contra los llevarían irremediablemente a la cárcel.

Conocieron detalles jurídicos: por la cuantía del daño provocado a las tres poblaciones, por el gasto ocasionados a los ayuntamientos —renta de pipas, renta de vehículos, compra de tinacos y cisternas, salarios— y por la afectación a la presa y a las líneas de conducción, ni un amparo los salvaría.

Por el número de implicados en la toma del Yuribia, la garantía que exigiría un juez federal para otorgar el amparo, sería de 3 millones de pesos.

Seguía la negociación. Comenzaba a enrarecerse el ambiente entre el Santa Martha y el San Martín. Sopesaban los líderes campesinos la conveniencia proseguir con la toma de la presa. Les inquietaban las consecuencias legales.

Operadores del alcalde Joaquín Caballero intensificaban la presión. A lo largo de ocho meses, de marzo a noviembre, entregaron 12 millones de pesos para ser aterrizados en Tatahuicapan y para amansar a los sectores radicales. Se sabe el origen pero no el destino de ese dinero.

Se doblegaron los tatahuis el domingo 28, Día de los Inocentes. Sesionó el grupo ejidal. Excluyeron al alcalde y al líder más emblemático de la sierra, Esteban Bautista. Los audios de la reunión traslucen el temor. En ellos se advierte la amenaza del gobierno duartista. Quienes llevan el mando se niegan a seguir adelante.

Hay voces que disienten. Les explican que el gobierno les dio como plazo hasta la medianoche de ese domingo 28. O cedían o enfrentaban las órdenes de aprehensión. Nuevas voces plantean que pueden encarar al gobierno. ¿A pedradas?, les preguntan.

De ahí salió el acuerdo. Incluye la extinción de las órdenes de aprehensión y de toda persecución legal; el uso de sólo el 40 por ciento del torrente del Yuribia para Coatzacoalcos; un hospital con todos los servicios, y las obras pendientes de realizar en la sierra.

Tiene algo de absurdo el acuerdo con el gobierno de Veracruz. Su vigencia es de ocho meses más. En ocho meses habrá que revisarlo. ¿Qué sucederá entonces? Si las condiciones no les favorecen, ¿no lo renovarán? Y de ser así, ¿bloquearán de nuevo el Yurivia? ¿Enfrentarán de nuevo a denuncias penales, las órdenes de aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel?

La amenaza pudo más que la causa social. El 4 de diciembre, los tatahuis mostraron el puño frente a los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán. Insultaban, amenazaban. Al operador del la Secretaría de Gobierno, “Supermán” José Luis Utrera, lo hicieron pedir perdón. Gozaron de sus excesos. Dejaron sin agua a medio millón de habitantes que no tenían culpa de las promesas incumplidas del gobierno.

Veinticuatro días después, cerca de la fecha límite, pudo más la amenaza del gobierno, las órdenes de aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel.

Se quebraron los tatahuis. Les faltó base social, pueblo que respaldara a sus líderes, movimiento que sacudiera las entrañas de la sierra.

Simplemente se quebraron los tatahuis.

Archivo muerto

¿Qué pasó ahí? No todo mundo cree en Ponciano Vázquez. Pepe Yunes sí. Tenían un acuerdo, y mientras el senador veracruzano caminaba en su proyecto por la gubernatura, el alcalde de Cosoleacaque le operaba apoyos, le allanaba el camino. Construían así una candidatura. De pronto el cántaro se quebró. Ponciano había prometido que su cabildo no aprobaría la reforma constitucional duartista que da vida al minigobierno de dos años. Decía que no y comprometía su palabra. Pero en el momento crítico, planchado por Javier Duarte, el alcalde flaqueó y cedió. Pepe Yunes conoció así de qué está hecho su amigo Ponciano, de su doble moral y de su capacidad para traicionar... Perredismo rojo, el de la familia Condado, en Acayucan. Invariablemente sus alfiles están en el Congreso de Veracruz. Por ahí pasó Clemente Condado Mortera, el patriarca; ocupó una curul Martha Beatriz Patraca Bravo, mujer de Cuitláhuac Condado Escamilla, condescendiente con el régimen de la fidelidad; luego lo hizo Brenda Abigail Reyes, ex esposa de Clemente Nagasaki Condado Escamilla, él ex subprocurador de Justicia en la Zona Sur, y ella legisladora del PRD que le aprobaba todo al gobernador Javier Duarte hasta renunciar a su partido, y ahora Ana María Condado Escamilla, cuyo voto es duartista y entreguista, ejemplo de ello la reforma constitucional para crear el minigobierno de dos años. Sólo un botón de muestra del perredismo rojo... Buen año para Nanchital, buen año el 2014, dice la alcaldesa Brenda Manzanilla Rico. Buen año para ella, fomentado el contratismo, privilegiando a una empresa constructora, concentrando los recursos en unas cuantas manos. Nanchital, en cambio, hundido en el rezago, sin que un plan urbano le dé cauce a la demanda social y mientras los impunes sigan haciendo de las suyas con el beneplácito y el aval de la joven alcaldesa. Buen año, dice Brenda Manzanilla. Mucho mejor si el contratismo deja buenos diezmos... Planchados, sometidos, los ediles de Coatzacoalcos dieron el sí al minigobierno de dos años de Javier Duarte. Aprobaron en cabildo el invento político del gobernador sin reparar en las consecuencias sociales, el estancamiento, la falta de inversión privada, el caos que va a enfrentar Veracruz. De los priístas no extraña. Para eso son los soldados del sistema, programados para obedecer. Pero los de oposición son todo, menos oposición. Salvo Luis Rendón Martín, ex del PRI, ahora del PAN, todos los que acudieron a la sesión de cabildo le dieron el sí a Duarte. ¿Maiceados? ¿Convidados de las mieles del poder? Eso y más, peones del alcalde, vergüenza para quienes los vieron en campaña enfrentarse al PRI, los aclamaron y les dieron su voto...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Joaquín Caballero: informe y violencia

* La protesta de los que carecen de agua, legítima * Intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar el informe * A Sanjuana sí la defienden; a Maryjose no * Zetina y su inmadurez * En el INE no vale el choro ni el embuste.

29 de diciembre de 2014

Montada sobre el legítimo derecho de la gente a disponer de agua, una asonada política estuvo a centímetros de dejar al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol sin informe de gobierno, masacrado públicamente, el naufragio a la vista y su futuro en el infierno, atrapado por un episodio de violencia.

Ocurrió la tarde del viernes 26. Acudían al parque Independencia decenas de personas que protestaban por la falta de agua, inmerso Coatzacoalcos en los efectos del cierre de la presa Yuribia a manos de los ejidatarios de Tatahuicapan. Reclamaban, exigían, increpaban. Y tenían mucho de razón.

Unos lo hacían por la falta de agua, las pipas que no eran enviadas, los llamados desoídos. Otros porque el agua carece de calidad, sabe a sal, su color oscuro semejante al agua de tamarindo, que provoca enfermedades en la piel. Cuestionaban que el agua emanada de los pozos perforados por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, una alternativa a la falta de suministro de la presa Yuribia, ni llega a los hogares ni es agua pura. Y ahí, como expresión máxima del repudio, quemaban sus recibos de pago.

Escucharon del secretario de Gobierno, Oliver Damas de los Santos, la versión oficial: el suministro vía tubería y pipas de agua llega a la totalidad de las colonias. Lo contradecían. Exigían que diera la cara el alcalde Joaquín Caballero. Soltaban los reclamos, volaban los insultos.

Roto el diálogo, el grupo de manifestantes se dirigió a los bajos del palacio municipal. Apostado ahí, los esperaba un grupo de empleados municipales —los porros del Miguel Antonio Wong Ramos, uno de los cuatro alfiles del ex alcalde Marcelo Montiel Montiel, el padre político del Caballero— con la encomienda de no dejarlos avanzar, de intimidar.

Inminente el encontronazo, algunos de los manifestantes se dirigieron a uno de los pasillos que dan al anexo del palacio municipal, cerrada la reja metálica, frente a ellos la valla humana.

Ahí inició la gresca. Algunos videos que circulan en las redes sociales muestran el zafarrancho, detonado con reclamos mutuos, jaloneos de una y otra parte y finalmente los golpes.

Una de las fotografías difundidas exhibe la brutalidad de uno de los porros tomando del cuello a una mujer y recargándola sobre una camioneta. Los videos captan a uno de los ciudadanos, quien se identificó como Arnulfo Altamirano, recibiendo puñetazos y puntapiés, lanzado al suelo y ahí vejado una y otra vez. Instantes después, entrevistado, mostraba un corte en el rostro y los hilos de sangre. Admitía que él sí tiene agua pero que otros no.

En los videos se aprecia que de parte de los manifestantes también lanzan golpes, trenzados con el grupo porril, tras el intento fallido de trasponer la reja del pasillo que conecta con el anexo del palacio, donde el sábado 27 rendiría su informe el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero.

Concluye el zafarrancho con reclamos de los manifestantes, acusaciones contra el alcalde, contra los porros de Wong, identificados sus rostros en actos represivos anteriores. Se miran y se gritan pero ya no chocan entre sí.

Minutos después, inicia la batalla en las redes sociales. Se generaliza una condena por la agresión a manifestantes. Se radicaliza el lenguaje. Algunas expresiones tienden a la descalificación. La razón, dicen, la tienen los tatahuis porque el gobierno de Veracruz no les ha cumplido. La razón, arguyen, es de los manifestantes porque carecen de agua. La culpa, insisten, es de Joaquín Caballero. Y en ese tono el caso se vuelve viral.

Quiere el joaquinismo enfrentar a los detractores del alcalde, pero le va peor. Le echan en cara el desabasto de agua, la mala calidad y anuncian que no pagarán el recibo mensual. Se les descalifica con argumentos y con insultos. Llaman prostituta a una “amiga” en Facebook de nombre Patty Zetina por criticar a los tatahuis y decir que en la sierra amedrentan con palos y machetes, que no son dueños del agua porque es un recurso federal.

La gresca permea. Los medios locales y estatales, los portales en internet masacran al alcalde de Coatzacoalcos. Lo llaman represor, le endilgan la agresión.

Mediáticamente, Joaquín Caballero perdió la batalla, inútil su área de comunicación, las dádivas a la prensa, el derroche millonario. Pero en lo político salva el pellejo. Es legítimo el derecho a la protesta, pero ahí hubo algo más, un golpe político que finalmente se frustró.

Lo que Caballero impidió fue que le tomaran el palacio municipal. Impidió que los manifestantes se apoderaran del anexo del palacio donde el sábado 27 rendiría su primer informe de labores.

Unos fueron a protestar por la falta de agua, y tenían razón. Otros fueron a allanar el escenario donde se habría de realizar el acto de informe. De haberlo logrado, Caballero habría naufragado.

Un día después, en su informe, Joaquín Caballero volvería a decir que el conflicto por el Yuribia obedece a razones políticas “y por la cerrazón de unos cuantos permanece cerrada”. No refirió nombres. No admitió que el gobierno de Javier Duarte lo dejó solo. No planteó que la insidia del secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, detonó el conflicto el 4 de diciembre, provocó una gresca, el rompimiento con los ejidatarios de Tatahuicapan y que el alcalde Joaquín Caballero saliera de la sierra en medio de una lluvia de piedras.

No invocó al gobernador Javier Duarte, cuyas promesas han quedado en el olvido, engañados los tatahuis, a medias los caminos y los puentes, las obras educativas, la reforestación de la zona aledaña a los arroyos que abastecen la presa Yuribia.

No reveló cuántos millones ha entregado el ayuntamiento de Coatzacoalcos en su administración y en las anteriores, a los líderes sociales de Tatahuicapan, una parte para ser invertidos en sus pueblos y otros para domar a los grupos sociales y operar un acuerdo que permita mantener en operación la presa Yuribia. Algunos insiders sostienen que sólo de marzo a noviembre fueron 12 millones de pesos, de los que el pueblo de Tatahuicapan no vio nada. ¿Quién se quedó con el dinero?

“Ojala que pronto nos digan, ya, (los tatahuis) qué agravios hay que compensar, cuáles son los acuerdos pendientes de cumplir y qué esperan del pueblo de Coatzacoalcos”, expresó Caballero.

Amargo, el episodio para el alcalde de Coatzacoalcos deja lecciones: la brutalidad del grupo porril de Miguel Antonio Wong le dio estatus de edil represor; su operación en medios de comunicación es deficiente al grado que hasta los de casa lo masacraron, y su sistema de información clasificada —información de seguridad— si bien identifica a los autores del intento de toma de palacio, no traduce el análisis ni lo aterriza en la opinión pública.

Joaquín Caballero fue avasallado en las redes sociales, sin poder dar respuesta a la cadena de críticas. Su prensa afín, costosa, sumamente costosa, se le fue encima y lo pulverizó. No dio el contexto real ni las otras razones de la protesta. No advirtió que sobre la exigencia legítima de agua, y sobre todo, de agua con calidad, se montó el intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar su primer informe de labores.

Joaquín Caballero pudo dejar crecer la protesta para no ser llamado represor. Pero políticamente hoy estaría peor. A la crisis del agua le sumaría no haber podido rendir su primer informe.

El costo habría sido mayor.

Archivo muerto

Dos enfoques para dos casos comunes. A Sanjuana Martínez, periodista de la Jornada y afamada escritora, detenida por la Procuraduría General de la República por un delito añejo, la defiende la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y lanza una alerta nacional porque en el trasfondo se aprecia una persecución por lo que escribe. “Es un acto de represalia por el trabajo profesional ejercido por la periodista”, dice el comunicado. A Maryjose Gamboa Torales, una de las mayores críticas del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la ignora la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz porque dictamina que su caso no obedece a razones periodísticas. Ambas son periodistas de denuncia, son contundentes, sacuden las estructuras del poder. Pero a Sanjuana la defiende una comisión de derechos humanos y a Maryjose Gamboa, no le tiende la mano la CEAPP porque este organismo es un apéndice de Javier Duarte. Se deslindó en septiembre del caso Maryjose Gamboa. Alegó que mientras esté siendo juzgada no puede presentar denuncia contra quien le imputa los cargos, lo que se denomina litispendencia. Su actuación es tramposa y vil. No alzó la voz la CEAPP por el amparo violado que estipulaba que no podía ser trasladada del centro de reclusión de Playa Linda a otro penal, ni de las condiciones insalubres en que se encuentra en el penal de Tuxpan. Una vergüenza el organismo duartista para simular que protege a los periodistas de Veracruz. Ojalá fuera como la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que sacó la cara por Sanjuana Martínez y alertó al periodismo nacional... Si así como atiende el área de personal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Jorge Luis Zetina Castillo va enfrentar los temas electorales en el consejo distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), el PRI tiene un problema mayor. Zetina es el mismo que generó una oleada de inconformidad entre el personal de confianza vinculado al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, a quienes toreó con el pago del aguinaldo, ocultó información, prometía a sabiendas que no iba a realizarse el depósito en las cuentas bancarias y engañó con todo descaro. El INE es algo distinto. Ahí se enfrenta a políticos de partido con gran kilometraje recorrido, ex dirigentes, ex ediles, así como a consejeros que no se cuecen al primer hervor. Tarea complicada para quien cree que hacer política es choro y embuste...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Maryjose Gamboa: la nueva amenaza

* “Que le baje de huevos” * La insidia del gobernador y el poder usado para la venganza * Iván Hillman también rehúye el caso Yuribia * El Cisne Silva va por la diputación federal * El caso Pancho Colorado en la campaña por Tuxpan * Fidel viaja a EU por la salud de su hijo * Otro notario camino a los tribunales.

26 de diciembre de 2014

Maryjose Gamboa Torales es una periodista indomable, de una pieza, de juicios certeros, puntillosa, contundente en toda la extensión y con mucho, mucho valor. No la amedrenta nadie. No la doblega la cárcel. No la tuerce nada, ni la campaña sucia, ni las amenazas. Es una guerrera y logrará su libertad.

Lleva cinco meses en prisión. Es la presa política del gobernador Javier Duarte de Ochoa, como la define el periodista Aurelio Contreras. Ahí la tiene por el atropellamiento de José Luis Burela López, muerto en el accidente el 12 de julio cuando intentaba cruzar el bulevar Miguel Alemán, en Boca del Río, teniendo a unos metros el paso peatonal.

Maryjose Gamboa no huyó. Frenó el auto y regresó al sitio en que se hallaba el joven Burela López. Dio aviso a la autoridad. Permaneció hasta la llegada de los agentes de Tránsito. No presentaba estado etílico ni manejaba con exceso de velocidad.

Se sabía inocente, involucrada en el percance que le costó la vida a José Luis Burela, pero sin responsabilidad. Ella, como lo ha repetido siempre, no provocó el accidente. Él —Burela López— debió usar el paso peatonal y no lo hizo.

Javier Duarte la hizo su rehén. Perverso y ruin, el aparato duartista le complicó el caso. La retuvo en prisión. Inventó que presentaba estado etílico y que corría más allá del límite de velocidad. Su alegato estuvo basado en argumentos frágiles, insostenibles, falsos, fuera de la realidad, pues el mismo procurador Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, admitió que la periodista se negó a practicarse el examen médico ante el Ministerio Público. Y cómo no hacerlo así sabiendo los alcances criminales del régimen duartista, pues la habrían incriminado con una evidencia artificial.

Critica terrible del gobernador de Veracruz, Maryjose Gamboa vive desde entonces la inquina de Javier Duarte. Sortea las trampas del procurador “Culín” Bravo, su mano sucia en las pruebas del MP, vencido en tribunales federales que otorgan amparos y más amparos a la columnista de Notiver, su inocencia cada vez más cerca.

Vive —si a eso se le puede llamar vivir— Maryjose Gamboa en el penal de Tuxpan. Allá fue enviada, a territorio zeta, donde le dijeron sus custodios, una punta de desgraciados que la maltraron e intimidaron mientras iniciaban el traslado, que era aquel reclusorio parte de los dominios del todavía vocero de Duarte, Alberto Silva Ramos. ¿A poco es zeta El Cisne?

Maryjose Gamboa reanudó su columna Al Aire. En ella narra sus días de encierro y el desastre de poder de Javier Duarte, Veracruz a pique, destrozado financieramente por una pandilla que no llegó a gobernar sino a robar y enriquecerse.

Reiniciadas las entregas de Al Aire, sobrevino la amenaza. Lo narra la periodista Sandra Segura en Notiver. Recoge las palabras de Maryjose Gamboa. Lo publica el martes 23.

Sonó el teléfono de Aracely Gamboa, hermana de la periodista. “Dile a tu hermana que le baje de huevos y tú, cuídate”.

No le asalta la duda a Maryjose Gamboa: “Es porque he vuelto a escribir; así nada más”.

Aracely permanece junto a la periodista. Asiente con la cabeza. Confirma la versión. La llamada fue recibida y su origen fue un “número privado”, pero la víctima de esta nueva infamia lo pone a disposición de las autoridades para que indaguen quién envió la amenaza.

“La vida aquí es difícil —dice Maryjose Gamboa— y aquí nadie te asegura nada. Han estado amenazando de nueva cuenta a mi familia desde que escribo… Responsabilizo desde luego a Luis Ángel Bravo Contreras y a Javier Duarte de cualquier cosa que (ocurra) aquí adentro o allá afuera”.

No le tiembla la voz para señalar:

“Él (Javier Duarte) no entiende que voy a dejar de escribir lo que escribo hasta que modifique la realidad. El encierro no me va a cambiar la forma de escribir. Él sabe que lo que está haciendo es una canallada y tal vez en el último segundo de su vida se detenga a pensar y tendrá conciencia de la injusticia que cometió conmigo”.

Es víctima de la fobia del fidelismo, enmascarada en el régimen duartista, hacia el ex candidato panista a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su amigo y con cuyo hijo, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, colaboró en el Instituto Municipal de la Mujer hasta su aprehensión.

Sufre un acoso brutal, la cárcel de por medio, un delito inventado, agraviada por las truculencias de Proculín Bravo, la manipulación de la ley para arremeter contra los adversarios, la campaña de lodo con que la difaman, la insidia al grado de arrebatarle a su hija, la perversión en toda su magnitud.

Enfrenta ahora una nueva amenaza. “Dile a tu hermana que le baje de huevos y tú, cuídate”, le soltó la voz del duartismo en una llamada.

Javier Duarte se desliza por el tobogán de la inmoralidad. Un día dijo que su héroe ideal era Francisco Franco, el dictador español. Con él se identificaba. Ignorante, no reparó en que Francisco Franco fue un represor, asesino de miles, perseguidor de sus enemigos, a quienes sus esbirros le aplicaban torturas crueles. Y hoy la historia lo condena.

Javier Duarte no es un dictador ni para allá. No se es dictador cuando el talento escasea. No es suficiente la fuerza bruta; la inteligencia también cuenta. Lo que asoma en el gobernador es la crueldad hacia quienes amenazan su poder, efímero poder que una vez perdido, extingue la inmunidad y cancela la impunidad.

Amenazar desde la cobardía de una llamada telefónica es táctica de la fidelidad y el duartismo. Maryjose Gamboa no es la primera en pasar por esa experiencia. Así ha ocurrido con la mayoría de los periodistas críticos de Veracruz, algunos ya muertos.

Jurídicamente el caso Maryjose favorece a la periodista. Jueces federales le han otorgado amparos que determinan que no es objeto de juicio por no existir evidencia que la incrimine. No acredita el MP que haya manejado en estado etílico ni a velocidad inmoderada. Aún así, la pandilla duartista quiso que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolverá en enero de 2015.

Mientras ello ocurre, Maryjose Gamboa y su familia sufren la amenaza, el agravio, la intimidación.

Indomable, sin embargo, sabe que, guerrera como es, pronto logrará su libertad.

Archivo muerto

Siempre hay un roto para un descosido. Mónica Robles Barajas e Iván Hillman Chapoy lo son. Ella, diputada local por Coatzacoalcos, no se inmiscuye en la crisis provocada por la toma de la presa Yuribia. Él, gerente de la Comisión Nacional del Agua en la zona Golfo-Centro, o sea Veracruz, tampoco mueve un dedo. Sabe Iván Hillman que el tema es federal, que el agua es un recurso del subsuelo, que por ley es el gobierno federal el que debe garantizar que el sistema hidráulico funcione y opere, pues cobra Conagua sus derechos por el uso del agua. A Mónica Robles, su esposa, la diputada local, le vale porque Coatzacoalcos sólo es un accidente en su vida y todavía más en su improvisada e incipiente vida política. Pero Iván Hillman es oriundo de Coatzacoalcos, fue alcalde —de pésima actuación, por cierto— y a través de su plataforma política Integra, dice mantener vínculos con sectores sociales desprotegidos. En los hechos, Iván Hillman deja correr el conflicto por el Yuribia, el desabasto de agua a Coatzacoalcos, el secuestro de la presa en territorio de Tatahuicapan, pese a que se trata de un recurso federal. Pero la omisión trae consecuencias. No cuidó las formas Iván El Terrible; los ivanistas pagan la factura... Frívolo, fan del selfie, Alberto Silva Ramos va ahora por la diputación federal en Tuxpan, su tierra natal. Pasó por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno duartista sin pena ni gloria, dedicado al Twitter, a encresparse y reñir en público con el ex candidato panista al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre las torpezas del desgober Javier Duarte de Ochoa, la debacle veracruzana, la crisis de inseguridad, los muertos, los secuestrados, los levantados. En eso perdía el tiempo Silva Ramos, alias El Cisne o El Pavorreal, y no en los asuntos de su encargo, la imagen del gordobés y su gobierno que sigue en picada, causando lástima, el peor entre lo peor. Silva Ramos irá a enfrentar el repudio de los tuxpeños, a quienes dejó una deuda descomunal cuando fue alcalde y un pleito perdido contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiere ser diputado federal cuando lo sigue, lo persigue y lo exhibe la vinculación de los Silva Ramos al narcoempresario fidelista Francisco Colorado Cessa, preso y sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero a favor de Los Zetas. Encarcelador del periodista Jorge Manrique, el Cisne Silva gustaba de exhibir a su hijo Emiliano Alberto en las redes sociales y luego fraguó un montaje para acusar extorsión. Abusivo, soberbio, provocador de violencia y rencores en las redes sociales, enfrentará el fallido vocero a los grupos políticos que agravió cuando buscaba la alcaldía de Tuxpan. Lo esperan con gusto para cobrarle viejas cuentas. El caso Pancho Colorado será un tema recurrente en la campaña por la diputación... Viajó el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán a Estados Unidos, el miércoles 24. Atiende la salud de su hijo Fidel Herrera Borunda, aquejado por un problema en el páncreas que se reveló en los primeros días de diciembre y que amerita estudios y un diagnóstico de alto nivel. Al margen de su actuación política, su mayor prioridad es la familia, sus hijos ante todo... ¿Quién es ese notario público que en breve enfrentará una contundente denuncia por prestarse a usar documentos y actuaciones jurídicas que sirvieron para que su cliente intentara cobrar al gobierno de Veracruz una indemnización que no le corresponde; o sea, un vil fraude?...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

PRD: si no está muerto, lo parece

* Sus líderes, enriquecidos; el partido sin credibilidad * Negocios con la fidelidad y el duartismo * Patricia Peña: otra a la que le vale la crisis de agua * La convocatoria del PRI, puro show * Víctor Rodríguez, más pecados que virtudes * Jorge Zetina irrita al joaquinismo.

24 de diciembre de 2014

2006 fue un buen año para el Partido de la Revolución Democrática. En Veracruz ganó dos diputaciones federales y empujó a Convergencia por la Democracia, con quien estaba aliado, a obtener otras dos. Logró las dos senadurías y una copiosa votación.

Un año después, se derrumbó.

2007 fue el año de Fidel Herrera Beltrán. Le torció la mano a la democracia, cooptó a la oposición, inundó de despensas Veracruz, derrochó millones y más millones del erario público, compró a los pobres con unas migajas, hizo operar a la burocracia de alto nivel en zonas electorales y recuperó el Congreso estatal.

Fidel se robó la elección y comenzó a disfrutar de la “plenitud del pinche poder”.

¿Dónde quedó el PRD?

Secuestrado por Nueva Izquierda —los Chuchos—, por Izquierda Democrática Nacional —los bejaranistas—, por Foro Nuevo Sol —los Amalios— y un cúmulo de tribus que no arreglan el escenario pero que son diestros para descomponerlo, que destruyen en vez de construir, el PRD veracruzano terminó postrado ante el régimen de la fidelidad.

Fidel les inventó el Acuerdo para la Gobernabilidad en 2005. Los montó en esa faramalla. Les concedió espacios, foros de debate, les asignó presupuesto, sus cuates como ponentes, sus amigos coordinando talleres, y se embuchacó a la dirigencia del partido del sol azteca.

En el seno del Acuerdo de Gobernabilidad se fueron diseñando las rutas del proyecto fiel, sometidos los líderes de las tribus, los diputados perredistas, la dirigencia estatal. Todos bailando al son que Fidel Herrera le gustaba tocar.

En 2008 agregó temas al acuerdo cuando comenzaba a desmoronarse, renuentes algunas voces perredistas a seguir en la mascarada urdida por el entonces gobernador de Veracruz.

Fidel Herrera pudo acercarse a las corrientes del PRD, vía sus líderes y santos patronos. Sometió a los más significativos. Pactó con Manuel Bernal Rivera, diputado local de línea dura en sus inicios y todo un cordero en el momento de la verdad. Negoció con Rogelio Franco Castán, principal operador de los Chuchos en Veracruz. Sometió a los diputados César Ulises García, Juan Santos Carrera, Adrián Solís y Uriel Flores Aguayo, que dejaron actuar a placer al fidelismo, cuestionados, increpados por el hoy diputado del PT, Fidel Robles Guadarrama.

Condescendiente, el PRD de Veracruz perdió la fuerza que en los días del cardenismo y luego del lopezobradorismo pudo acumular. Terminó siendo un PRD acabado, mediatizado, incapaz de despertar expectativas ciudadanas.

Diezmado, sin rumbo, inmerso en luchas intestinas por ver qué tribu era más roja, más fiel, el PRD Veracruz llegó a 2010 sin ánimo de competir electoralmente, resquebrajado, aspirando únicamente a amarrar regidurías en los ayuntamientos, una que otra alcaldía de raquítico presupuesto y ni soñar que su candidato, Dante Delgado Rannauro, pudiera ganar la gubernatura de Veracruz.

La debacle llegó. Dante Delgado ocupó el tercer sitio en una competencia de tres. No ganó el PRD Veracruz ni una diputación de mayoría, sólo obtuvo una plurinominal, y su récord de alcaldías fue infame.

Figuras como Gloria Rasgado Corsi, la mayor lideresa del PRD en Coatzacoalcos, terminaron en el proyecto priísta. Le alzó la mano a Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y comprometió su fuerza electoral a favor del fidelista Javier Duarte, hoy gobernador. Pactó con el PRI y reventó. Gloria Rasgado fue expulsada del PRD y desde entonces el perredismo en Coatzacoalcos no pesa, ni se siente, ni se percibe.

2013 fue el escenario de una crisis monumental, quizá la última. Pregonó una alianza electoral con el Partido Acción Nacional que avizoraba una victoria aplastante en la elección de Congreso y las principales alcaldías de Veracruz. Tejió fino. Convocó a los actores políticos, juntos panistas y perredistas en lo que se veía venir como la debacle del PRI.

Pudo tener en su mano el Congreso estatal pero optó por el negocio sucio. Pactaron las tribus con el duartismo, operando el hoy director de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, Francisco Valencia García, llevando maletas cargadas de dinero a municipios perredistas, al feudo de las tribus.

Domó a los Chuchos, a los Amalios, a los bejaranistas. Y de ahí vino el teatro. Formaron dos bloques. Unos y otros constituyeron sus propios consejos estatales. Designaron a sendos líderes del comité estatal. Unos y otros tuvieron su PRD. Obvio, la intención era crear el escenario para invalidar la alianza.

Sin un consejo estatal reconocido plenamente, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz —la Tremenda Corte fidelista— negó validez al acuerdo PAN-PRD. Ahí se frustró el triunfo de la oposición pero, simultáneamente, el PRD quedó herido de muerte, enriquecidos sus líderes, maltrecha la imagen de su partido.

Descuajado, dejó de ser opción política. PRD se asocia a negocio y maniobra. Urdidos por los líderes de las tribus, los casos de corrupción del PRD limitan su espectro electoral. Dejó de ser confiable. No genera intención de voto.

En sus días de esplendor, gobernó Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y decenas de alcaldías en zonas serranas, en planicies, en áreas costeras, en el norte y en el sur. Hoy es un PRD acabado, sometido a los enjuagues de sus líderes, vinculados al duartismo, enriquecidos por la fuerza de la complicidad, aspirante a una regiduría de obsequio y a veces ni a eso.

Sólo un reducido sector de la militancia mantiene su esencia, apegados a la izquierda, a la lucha social, al deseo de cambio. Sólo un segmento del perredismo mantiene actitud crítica. Son las bases. Pero son los menos. Hablan, reclaman, pero no tienen el control del partido.

Es un PRD acabado porque hizo de su franquicia electoral una palanca de enriquecimiento. Es un PRD acabado al desdeñar las opciones de poder a cambio de privilegios, prebendas y riqueza. Es un PRD acabado porque sufre el secuestro de sus estructuras.

No está muerto, pero sufre un coma inducido. Inactivo, incapaz de organizar a la sociedad, no está en las crisis sociales. Lo están algunos militantes, pero no como partido político.

No está muerto pero lo parece.

Archivo muerto

Además de no hacer nada, ¿a qué se dedica Patricia Peña Recio? Cortadora de listones, protagonista de toda fotografía, la diputada federal por Coatzacoalcos no se involucra en el conflicto por el agua desde que la presa Yuribia fue tomada por los habitantes de Tatahuicapan, el 4 de diciembre. Supuesta gestora de soluciones, Patricia Peña se ve en otro mundo. No negocia. No representa a su pueblo. No promueve. Si no lo sabe la diputada, el móvil del conflicto es federal. El agua no es del pueblo de Tatahuicapan; es recurso extraído del subsuelo; es recurso de la nación. Pero el silencio es de Patricia Peña, diputada que sólo sirve para causar vergüenza, que no legisla, que no sube a tribuna, que no aporta un gramo de intención para volver a la normalidad el conflicto del Yuribia. Diputada de opereta... ¿Sirve de algo la convocatoria del PRI para la diputación federal? Pantomima pura, sólo cumple con un requisito de ley. Coatzacoalcos tendrá un “candidato de unidad”, impuesto, a la medida del marcelismo: Víctor Rodríguez Gallegos, desconectado de las bases, repudiado entre su misma gente, impopular, reñido a muerte con Jesús Moreno Delgado, el hijo desobediente que no será candidato porque en el DIF que dirige brota pus, corrupción nauseabunda y protege a dos pseudopsicólogas, Yahana Arizveidy Lozada Parra y Patricia Salcedo Gómez, que no tienen título universitario, que violan la ley al incurrir en usurpación de profesión. Un aspirante así, afecto a las triquiñuelas y a la simulación, cómo podía ser candidato. Juegan a la legalidad los priístas con una convocatoria que no convoca a nadie. Agazapados, sometidos, castrados, los priístas esperan el toque de silbato para que arranque la bufalada. Es el ritual de siempre. Le quemarán incienso a su candidato allá por enero en que comenzará el proceso interno. Hallarán en Víctor Rodríguez virtudes inventadas. Cerrarán ojos y oídos a la realidad, al contratismo maquillado que ha hecho del subdelegado administrativo de la Sedesol federal en Veracruz un hombre adinerado. Bueno, hasta sus acérrimos críticos, ivanistas y roblistas, hoy maiceados, con el chayote a medio cogote, lo colman de elogios. Vaya ridículo de los farsantes de la comunicación, lamebotas del marcelismo. Sirve la convocatoria del PRI lo mismo que el famoso Charmín... Con Jorge Luis Zetina Castillo, el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol no necesita enemigos. Zetina irrita al personal de confianza en el ayuntamiento de Coatzacoalcos; torea al joaquinismo; oculta y miente sobre el destino del aguinaldo, cuando es sabido que este diciembre esa prestación no llegará. Acuden al director de Recursos Humanos y no hay respuestas, y las que da Zetina son patraña vil. Así va creciendo la inconformidad en las filas joaquinistas, torpemente manejado el caso de los aguinaldos. Para qué crear falsas expectativas si con decir la verdad hubiera bastado...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Benita González: lo que usted diga, señor gobernador

* Ser oficialista para presidir la CEAPP * Repudio en el gremio periodístico * Mónica Robles y el PVEM * Quiere vender un invento verde * A García Bringas no le cumple el gobernador * Ríos Montiel y los enjuagues en el RPP.

23 de diciembre de 2014

No es que Benita González Morales sea mala. Es que es convenenciera, oportunista, vivilla, ventajosa, maniobrera y tendenciosa. Y fidelista y duartista. Por eso es la nueva presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

Su carrera puede marcarse en dos tiempos: cuando escribía para la opinión pública y cuando se entregó en brazos del poder.

Benita González, la joven preparatoriana que llegó de San Juan Volador, municipio de Pajapan, en la sierra de Soteapan, enfrentó un medio hostil, difícil, irremediablemente corrupto, diseñado para servir a la clase política y sólo en caso extremo, para informar a la sociedad. Aún así quiso ser periodista.

Coatzacoalcos le dio espacio. Fue corresponsal de la televisión tabasqueña, reportera de El Liberal, de Contacto, corresponsal de Milenio El Portal, columnista, conductora de noticias en radio y televisión.

Curtida en el trabajo, empeñosa, inteligente, aprendió de sus mentores y acumuló experiencia para los días que habrían de venir. Fueron sus años de brillantez.

Tenía la pregunta hiriente, cuestionaba sin reparo, indagaba sin otro fin que saber la verdad y publicarla. Concitaba la atención de quien fuera, de sus fans y sus detractores, de quienes la encumbraban y quienes la detestaban. Para todos tenía Benita González, su voz traspasando fronteras, desde una cabina de radio, desde sus espacios de papel.

Y así forjó su fama, la de una estrella hueca.

2004 marcó su transformación. Coqueteó a placer con el poder. Daba voz al marcelismo, justificaba el ritmo de una política dispuesta a entrampar a Coatzacoalcos, la imagen del alcalde Marcelo Montiel por encima de lo que fuera, acalladas las voces críticas que llamaban a su espacio radial pues las carretadas de publicidad y el surgimiento del mito no podían esperar. Radio Hit, su plataforma de noticias, era todo marcelismo.

En ese 2004 la apuesta de Benita González fue Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, inventado políticamente por Marcelo Montiel para sucederlo en la alcaldía de Coatzacoalcos, qué más daba que en el PRI estatal se tramara otra opción, qué importaba si el candidato de Miguel Alemán era Iván Hillman Chapoy y que tuviera el respaldo del futuro gobernador, Fidel Herrera Beltrán.

Benita González incurrió en un acto de amor desenfrenado al proyecto theurelista. Lo respaldó a ciegas. Fue obsesiva, intransigente, fanática del director de Obras Públicas Municipales. Y despertó cuando el PRI sometió al marcelismo, cuando Marcelo Montiel negoció a su pupilo a cambio de una diputación local y cuando el mismo Theurel cayó en la cuenta del engaño.

Entonces se montó en el proyecto ivanista. Alabado Iván Hillman aunque representara la cara del despotismo, la superchería política, la promesa incumplida, el desprecio a la sociedad, repelente a los pobres, irrefrenable su ambición, negocios al amparo del poder y 2 mil millones de pesos ejercidos sin una sola obra pública que se pudiera decir decente.

Ya para entonces, Benita González era fidelista pura. Tenía en receso al marcelismo, que ya no producía, se rendía ante el ivanismo y le cuidaba la imagen a Fidel Herrera Beltrán.

Por sus labios no pasaba la crítica, voz estelar de Radio Hit. Tampoco la del auditorio que advertía que el sexenio de Fidel era sinónimo de saqueo y robo, corrupción e impunidad. Su misión era cuidar al gobernador.

2009 marcó a Benita González con un suceso trágico. Eran los primeros días de mayo. Sufrió un accidente en su casa de San Juan Volador, atropellada por un familiar. Su vida pendía de un hilo. Llegó a Coatzacoalcos. Fue intervenida, salvada y sometida a una prolongada rehabilitación. Ahí estuvo la mano de Fidel, vía Javier Duarte, para enfrentar lo que fuera, lo-que-fuera, según la versión del alto mando marcelista.

Ocho meses después, en enero de 2010, volvió a la conducción del Sistema Informativo Notisur, en Radio Hit. Volvió para respaldar a Javier Duarte, el proyecto títere, la treta del fidelato.

Negada para la crítica, fue un peón más del theurelismo que en 2011 asumió la alcaldía de Coatzacoalcos, funestos sus resultados, a todo vapor la bipolaridad de Marcos Theurel, los agravios a los ediles, a la población, a proveedores y constructores, la corrupción en todo su esplendor pues la mafia del alcalde era la encargada de hacer obra, cobrada a precio millonario, que hoy se cae a pedazos.

Su oficialismo se dio en el marcelismo, en el ivanismo, en el theurelismo, en el joaquinismo, en el fidelismo y en el duartismo. Sus lealtades son invariables; sus intereses, claros.

Su línea es maquillar la debacle duartista, pues en sus dominios radiales rechaza información que hable de ejecutados. Suele decir que al periodista no le tocar calificar, así sea evidente la ejecución. Pueden acompañar al muerto un mensaje del crimen organizado, tiro de gracia, el cuerpo mutilado, pero en sus espacios no se puede pasa esa información.

De la mano de un sector del gremio, encabezó la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, una agrupación que vive en la ilegalidad, que viola sus estatutos; que elige a sus líderes por planillas cuando sus normas internas lo prohíben; que toma acuerdos sin quórum, que tiene en sus filas hasta a quienes no son periodistas.

Benita González fue un cero a la izquierda al frente de la APEC y se escabullía cuando sus compañeros de gremio eran reprimidos, golpeados, hostigados.

Ser oficialista fue su mérito para llegar a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los periodistas. Impuesta por Javier Duarte, llegó a ser consejera, no para defender a sus compañeros de profesión sino para encubrir al gobernador de Veracruz en su eterno conflicto con la prensa crítica.

Tuvo un deprimente papel en el plagio y muerte del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, intrigando junto con la ex vocera María Georgina Domínguez Colío y la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto Benítez, para romper la relación entre la viuda, Carmela Hernández, y la mejor amiga de Goyo de la Cruz, Romana Ortega Cruz.

Acumula repudio. Es fustigada por el gremio de Coatzacoalcos y el sur de Veracruz, cuestionada por su servilismo al gobernador en turno.

Portales como Notimina le dieron una repasada, la despedazaron: “no significa otra cosa más que la llegada a la titularidad de la CEAPP de una empleada más del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Es claro que la conductora de noticias de Radio HIT ‘La Explosiva’ no representa los intereses de la mayoría y ni siquiera de la minoría de los periodistas veracruzanos. Más bien es cuidadora de lo que lo conviene a su ‘jefe’ el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

“Tampoco Benita González se ha caracterizado por ser defensora de los derechos de los periodistas veracruzanos. Todo lo contrario, al igual que su ‘jefe’ es represora y va en contra de los periodistas que se atreven a hablar mal del gobernador ‘prospero’ o de su gobierno. Nunca se ha puesto de lado de las causas, de las necesidades o de lo que le duele a su compañeros periodistas. Todo lo contrario, se ha convertido en enemiga de quienes pretenden alzar la voz por las agresiones sufridas o por las muertes injustas de compañeros periodistas”.

Benita González no es líder de opinión. Sólo lo creen así Fidel Herrera, Javier Duarte y Benita González. Es empleada del poder.

Y no es que sea mala. Es que es oportunista, servil, ventajosa y tendenciosa. Y fidelista y duartista.

Por eso es la nueva presidenta de la CEAPP.

Archivo muerto

Vende sueños Mónica Robles de Hillman. Vende al Partido Verde Ecologista de México como una alternativa electoral, sabida su condición de palero del PRI, partido pantalla cuyos líderes nacionales, jefaturados por José Emilio González Martínez, “El Niño Verde”, han lucrado con el poder, traficado con permisos de construcción en áreas protegidas, atesorado millones en el Senado y la Cámara de Diputados, y hasta están implicados en crímenes. La sumisión del PVEM es insultante, con líderes estatales que son una vergüenza, lacayos del gobernador en Veracruz, empleados de Javier Duarte. Y ahora llega la diputada desteñida, Mónica Robles de Hillman, y quiere vender un molino de viento que no sopla. Ecuación simple: Mónica es al PVEM lo que el PVEM es a Mónica: anodinos, sin argumento, solapadores de bribones de la política, burladores de la sociedad. Allá los ingenuos que le quieran comprar su invento verde... Sigue y seguirá esperando Rafael García Bringas que le cumpla sus promesas el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Diputado del PRI, diputado del PAN, de nuevo diputado del PRI, saltimbanqui García Bringas fue de los que creyó que el regreso a tricolor lo haría en plan estelar. Útil para desmembrar al yunismo, fue reclutado por el gobernador en 2013 y mareado con que estaba a las puertas del paraíso. Pero de ahí no pasó. Lo convirtió Duarte en levantadedos, cómplice de leyes aberrantes que no han pasado el filtro de la inconstitucionalidad, del capricho fiel para crear un gobierno estatal de dos años, no porque se requiera la homologación electoral con los procesos federales sino para cerrarle la puerta a los Yunes rojos —José Francisco y Héctor— en sus aspiraciones de ser candidatos al gobierno de Veracruz en 2016. García Bringas y otros 44 diputados lo avalaron, creídos muchos de ellos que así el gobernador les cumplirá las promesas que les hizo y que no ven llegar. Y mientras, los recomendados del legislador plurinominal mueren de desesperación... Félix Ríos Montiel no está de adorno en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos. Pasan por sus manos escrituras, inscripciones, gravámenes, avisos preventivos. Ahí se filtra quién compra, quién vende, quién trasfiere o dona. Ahí están las argucias del gobierno de Veracruz que desaparece títulos de propiedad o que impide movimiento alguno, aún por encima de la ley. Ahí están las sustituciones ilegales de escrituras o parte de ellas. Félix Ríos Montiel es el oficial mayor del RPP, sobrino del delegado de la Sedesol federal en Veracruz, Marcelo Montiel Montiel, y también sobrino del notario público de Minatitlán, Flavino Ríos Alvarado...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Javier Duarte: minigobierno para reventar a los Yunes rojos

* Ni Pepe Yunes ni Héctor Yunes quieren la de dos años * En 2018 sus padrinos estarán a la baja * La perversidad de Fidel y Duarte * Hundir a Veracruz para asestar un golpe político * ¿Y qué dirán Videgaray y Beltrones? * Renato resultó paloma * Theurel grabó a todos * Rocío Nahle, a causar problemas en Morena.

22 de diciembre de 2014

Veracruz es un infierno político con Javier Duarte. Su pandilla, el fidelismo del cual procede, sigue operando desde las instituciones, acumula dos sexenios —la docena trágica— y ahora se allega dos años más, el minigobierno articulado con doble fin: encubrir sus corruptelas y boicotear a los Yunes rojos.

Pobre tipo. Encabeza una asonada legaloide, pasada su reforma de ley por la inmoralidad de un Congreso estatal títere, de nivel ínfimo, que le aprueba todo así sea una barbaridad, que no lee sus iniciativas, que no las modifica, que avala un período de gobierno recortado.

Con Duarte han sido cuatro años perdidos. No gobierna para darle brillo a Veracruz, pero sí para cubrir las huellas del fidelismo que saqueó impunemente, endeudó, sumió en el atraso y en la marginación, agregó más pobres a la estadística y entregó el territorio veracruzano a las bandas del crimen organizado.

Javier Duarte fue parte de todo ello. Vulgar cargamaletas de Fidel Herrera Beltrán en sus días de talacha electoral, fue vestido con traje de luces en 2004 cuando el candidato a la gubernatura lo hizo secretario de Finanzas del PRI estatal.

Javier Duarte abría el portafolios, suscribía el cheque o soltaba efectivo pues se trataba de que no parara la maquinaria que haría de Fidel el gobernador corrupto de Veracruz. Ese era el plan.

Luego fue el financiero del régimen fidelista. Pasó a una diputación federal que le permitió cumplir el requisito interno del PRI para otorgarle la candidatura al gobierno de Veracruz. Fidel Herrera Beltrán lo hizo gobernador con un fraude, descomunal el gasto, la compra de conciencias, la inversión en el voto de los priistas cautivos, los de Oportunidades, los de 65 y Más, los que desde su pobreza contribuyen a la vigencia de un sistema que produce desigualdad.

Al fidelismo se debe Javier Duarte y su gobierno ha servido para encubrir el gran latrocinio, el fraude a los veracruzanos, los grandes negocios que produjeron una nueva casta de políticos y empresarios cuya riqueza se cocinó desde las entrañas del gobierno de Veracruz.

Duarte no ha hecho nada como gobernador porque su misión ha sido contener el embate de los enemigos del fidelismo. De 34 mil millones de deuda fidelista, Veracruz enfrenta hoy una deuda de 98 mil millones, según las cifras que el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles Guadarrama, rescató del área financiera del gobierno estatal. La obra pública es nula; los municipios braman por falta de recursos, retenidas sus participaciones federales; los narcos, los secuestradores, los extorsionadores impunes, operando a sus anchas, coludidos con policías, sus amigos en el Ministerio Público, sus cómplices en los juzgados.

Además de torpe, Javier Duarte es un dechado de mentiras. Su gobierno está reprobado y los veracruzanos sufren los efectos de la pobreza; se crean fuentes de trabajo, pero mal pagadas; se crean empresas, pero poco después cierran; los Juegos Centroamericanos y del Caribe representaron inseguridad, robos y asaltos a atletas extranjeros, violencia física; el sistema educativo sigue atrapado en manos del cacicazgo callejista, muerta así la reforma educativa; el sistema de justicia está podrido, encarcelando inocentes y dejando libres a delincuentes; aún sin resolver el asesinato de 10 periodistas, entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez; el columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, y el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz.

Fallido, el gobierno de Javier Duarte ha provocado el estancamiento de Veracruz en sus cuatro años de gestión. Socialmente, un desastre; políticamente, el caos.

Y ahora, en su oportunidad de trascender, enloda la reforma política con una trastada de rufianes al aprovechar la homologación de elecciones locales con el calendario electoral federal. Y así creó una gubernatura de dos años. Todo un acto de mezquindad.

Para Javier Duarte la armonización electoral se reduce a trastocar la vida política de Veracruz. Propone y obtiene el aval del Congreso de Veracruz, el cual el jueves 18 aprobó que el próximo gobernador asuma funciones el 1 de diciembre de 2016 y concluya su mandato el 30 de noviembre de 2018. El siguiente período sí será de seis años.

El daño a Veracruz será irreparable. Un gobierno de dos años es sinónimo de atraso. Un gobierno de dos años no arranca y concluye proyectos, programas y obras. Un gobierno de dos años está condenando al fracaso a los veracruzanos.

La contradicción es mayor. El mismo Congreso que aprueba ampliar a cuatro años el período de los alcaldes para que puedan administrar mejor los recursos y desarrollar programas a largo plazo, es el mismo que reduce la gestión del gobernador.

Si en tres años un alcalde no alcanza a cristalizar proyectos, ¿cómo lo puede hacer un gobernador en sólo dos años?

Javier Duarte desechó la propuesta de los Yunes azules —Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el senador Fernando Yunes Márquez— y de varios actores de la oposición de que el próximo gobernador sea electo para un período de cinco años. No quiso la homologación con el calendario electoral en 2021, período que sí tendría un gobierno con tiempo suficiente para realizar proyectos, programas de obra e inversiones, y reduciría el gasto electoral.

Ahí radica el trasfondo real de la gubernatura de dos años. Fidel y Duarte usan la homologación electoral para bloquear las aspiraciones de los Yunes rojos, sus enemigos al interior del PRI.

Fidel y Duarte saben que si la elección de gobernador a seis años se celebrara en 2016, los padrinos de José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa estarían en la cúspide de su poder. Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones los favorecerían para acceder al palacio de gobierno de Xalapa.

En cambio, si la elección es para gobernador a dos años, ni Yunes Zorrilla ni Yunes Landa estarían dispuestos a participar.

Fidel y Duarte saben que ni Pepe Yunes ni Héctor Yunes quieren ser gobernadores de dos años, pero esperar la siguiente ronda, en 2018, la de seis años, es un paso al vacío.

Para entonces, ni Videgaray ni Beltrones tendrán la fuerza de hoy. Videgaray es hoy el favorito de la corte peñista; Beltrones es el operador del salinismo. Están en la plenitud del pinche poder. En cuatro años más, en 2018, el peñismo estará de salida, los padrinos a la baja y los ahijados políticos —los Yunes rojos— en la incertidumbre.

En 2018 habrá nuevo candidato presidencial del PRI. Será él quien escoja a los candidatos a gobernadores que habrán de cogobernar si logra sostenerse el PRI en Los Pinos.

La clave está ahí. 2016 representa un quiebre en los tiempos políticos y, sobre todo, en los tiempos priístas. Si en 2016 la gubernatura se mantuviera de seis años, Yunes Zorrilla y Yunes Landa usarían el poder de sus padrinos para amarrar la candidatura.

Pero no será así. La reforma duartista, el minigobierno de dos años, tiene dedicatoria para los Yunes rojos. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte no los quieren en la sucesión, ni en 2016 ni en 2018.

Grande es la perversidad de Javier Duarte, mayor la de Fidel Herrera. Provocaron un minigobierno de dos años para asestar un golpe político, grilla pura.

Veracruz andará a la deriva, sin inversión privada, sin proyectos a realizar, con obra de mínimos alcances, estancado el estado. Todo para bloquear a Pepe y Héctor Yunes.

Habría que ver cómo responden Videgaray y Beltrones. Sus Yunes están heridos.

Archivo muerto

Muy echador, muy bravucón, resultó una paloma Renato Tronco Gómez. Acudió al Congreso de Veracruz, donde sólo se para a cobrar su dieta pues no legisla el aviador, y subió a tribuna. Soltó ajos y cebollas, chingaos y carajos, pero al final otorgó su voto a la gubernatura de dos años. ¿Maiceado? Le cumple el capricho al desgobernador Javier Duarte de Ochoa, y más a Fidel Herrera Beltrán, el ex gober que lo acusó de ser el autor intelectual del asesinato del regidor panista de Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez. Dice Renato Tronco que está peleado a muerte con Javier Duarte. Se ve que sí. Por eso le aprueba sus engendros legislativos. Paloma tenía que ser... Presume Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— que nadie lo toca, que evadirá la acción de la justicia, que librará las órdenes de aprehensión. Su pasaporte está en las dádivas entregadas a jerarcas priistas, a la campaña de Peña Nieto, vía Luis Videgaray. Dice el ex alcalde de Coatzacoalcos que tiene grabados a todos, a Jorge Carvallo Delfín en sus días como líder del Congreso de Veracruz, quien le hacía creer que su esposa Guadalupe Félix Porras, alias Lu-pilla, sería su sucesora en la presidencia municipal. No le cumplió pero el momento de la entrega de las dádivas quedó en una memoria USB, un salvoconducto, un arma de chantaje... Algo adelantada la campaña de Rocío Nahle García, especialista en conflictos y rencores, ex del PRD, ahora en el Movimiento de Regeneración Nacional, quien no ceja en su empeño de ser diputada federal por Coatzacoalcos. Se montó en 2012 en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y logró una excelente votación que, sin embargo, no le dio para derrotar al candidato marcelista, Joaquín Caballero Rosiñol, que de San Lázaro brincó a la alcaldía. Hoy Rocío Nahle se promueve, su nombre ligado al Peje, provocando ánimos encontrados entre la militancia de Morena, como antes lo hizo en el PRD, donde se peleó hasta con su sombra. AMLO ya es asiduo a la derrota. Es lo único que Rocío Nahle le puede garantizar... ¿Quiénes son ese ex alcalde y ese ex tesorero municipal que lavan y lavan dinero, producto de sus corruptelas, en negocios relacionados con la venta de autos usados, algunos de alto registro, deportivos, convertibles, grandes, pequeños, lo que el cliente busque que para todos tienen?...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Javier Duarte: minigobierno para delinquir

* El Congreso aprueba el gubernatura de dos años * Los cuatro Yunes lo increpan * Veracruz se va a estancar * Manuel Bringas al MP * Avanzan las denuncias por fraude contra el vendelotes * Las nueve reinitas de palacio * Minatitlán: las secretarias de oro * Proceso en internet * Un millón 800 mil visitas diarias.

19 de diciembre de 2014

Vestido de lo que es, un infractor de la ley, Javier Duarte se burla de Veracruz. Modifica la Constitución. Consuma un atraco político. Y sienta las bases para imponer un sucesor de dos años que encubra su desgobierno y maquille su corrupción.

Le acompaña en la aventura el Congreso estatal, 45 infames que avalaron la propuesta de minigobierno, dándole al fidelato una extensión de poder para terminar de bordar el episodio más oscuro en la vida institucional de Veracruz.

De esos 45 infames, de esos 45 legisladores abyectos, sometidos, pusilánimes, qué se podía esperar. Acudieron a la sesión del jueves 18 a desquitar la paga y a asumir su verdadera condición: peones de un virrey con cartera abierta.

Tomaron la tribuna pero no para debatir sino para fingir. Hablaron sin argumento. Justificaron sin razón. Así ocurre cuando la política se pudre.

Sólo cinco legisladores —uno del PT, uno de Movimiento Ciudadano y tres del PAN— increparon, alertaron, destacaron las consecuencias que conlleva la creación de un período de gobierno de dos años: la incertidumbre, el atraso, el freno al desarrollo, la pobreza, la falta de inversión, la parálisis del estado, mayor inseguridad.

Duarte y su pandilla no tenían con qué debatir. Él con su iniciativa de reforma y los diputados duartistas con su voz. Tenían qué decir, pero carecían de algo para convencer. Su clavo ardiente fue la homologación de las elecciones veracruzanas con el calendario electoral federal y eso, a la postre, resulta cuestionable.

Días antes, cuatro aspirantes a la gubernatura de Veracruz habían destazado la propuesta de Javier Duarte. Los cuatro Yunes —Miguel Ángel y Fernando, panistas, y José Francisco y Héctor, priístas— expresaron su repudio a la tramposa iniciativa del gobernador.

Dijo el ex candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares:

“No es cambiando el calendario electoral como se resolverán los graves problemas de inseguridad, pobreza, falta de servicios, corrupción y otros más que lastiman a los veracruzanos y que nos han llevado a obtener las peores calificaciones en el entorno nacional.

“Con lo que Duarte propone se provocará una mayor inestabilidad política, más inseguridad y se frenarán las inversiones y la creación de empleos.

“La absurda iniciativa de Javier Duarte propone elegir en 2016 un gobernador que tomaría posesión el primero de diciembre de ese año para un período de 2 años. También en 2016 elegir diputados para dos años.

“En 2017 elegir Ayuntamientos que tomarían posesión el 1 de enero de 2018 y en ese mismo año elegir nuevamente gobernador y diputados. Es decir, tendríamos tres años consecutivos de elecciones para los cargos mas relevantes, sin dar tiempo ni oportunidad para hacer planeación siquiera de corto plazo, ni mucho menos para ejecutar programas y concretar las acciones que requiere Veracruz para salir de la grave crisis que vive.

“Es falso que se ahorren recursos. Por el contrario, al repetir las elecciones para gobernador a los dos años en lugar de seis se gastarán adicionalmente mas de mil 500 millones de pesos del presupuesto del Estado sólo en la organización de dichas elecciones, independientemente de los miles de millones de pesos que se desviarían para apoyar a los candidatos del PRI, en 2016 , en 2017 y después en 2018.

“Lo que Duarte busca es imponer a un gobernador de dos años que lo encubra, que borre las huellas de sus ilícitos y retirarse tranquilo y con las bolsas llenas”.

El senador Fernando Yunes Márquez expresó:

“En términos de ahorro, el gobernador miente. Si se mantiene el calendario electoral como está y no se aprueba ésta iniciativa, el costo aproximado de las elecciones del 2016 al 2024 será de 2 mil 600 millones de pesos. En cambio, de aprobarse la iniciativa del gobernador, se gastarían 3 mil 250 millones de pesos, lo que significa que a los veracruzanos les costará 650 millones de pesos más el capricho del Ejecutivo.

“En términos de la disminución de los costos políticos y sociales, el gobernador también miente, ya que se tendrán 19 elecciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024 y 2025. Tener tantas contiendas electorales con tanta periodicidad abonará a la inestabilidad política y social.

“Desde que Javier Duarte tomó posesión como gobernador, la Constitución de nuestro Estado ha sido utilizada para violarla, modificándola al antojo y capricho personal. Nuestro sistema normativo ha sido destruido por la ambición del poder gobernante.

“La propuesta que presentamos el pasado 11 de noviembre, en la que planteamos una gubernatura y legislatura de 5 años a elegirse en el 2016, y regresar a las alcaldías de 3 años a elegirse en el 2021, son las que verdaderamente benefician a los veracruzanos.

“Con nuestra iniciativa, se tendría un ahorro aproximado de 1,300 millones de pesos, no se generaría una inestabilidad política y social, los programas de gobierno podrían llevarse a cabo de manera eficiente, no se detendría la inversión privada, entre muchos otros beneficios”.

Héctor Yunes Landa, senador del PRI, señaló:

“La porfía de hacer de la Constitución Política Local un traje a la medida constituye un retroceso inadmisible y una aventura peligrosa. La tentativa de asestar un golpe a la democracia para enmascarar la reelección de una facción implica anteponer la ambición al progreso de Veracruz.

“Es preocupante y genera indignación pretender que la ley se ajuste al capricho. Una gubernatura de dos años afectará la economía —que ya roza el escenario recesivo— la seguridad ciudadana y la gobernabilidad”.

José Francisco Yunes Zorrilla, también senador del PRI, dijo:

“Es inoportuna, inconsecuente y lesiva para las finanzas del estado la posibilidad de una gubernatura de dos años en este contexto económico y político. La posición es exactamente la misma que hemos venido diciendo, los mismos argumentos que hace seis meses.

“Un período administrativo de dos años no les genera confianza a los inversionistas, a los proveedores, a quienes van a recibir los esfuerzos de la administración, no les genera certidumbre. Y esto detiene esas inversiones. Me parece que es inconsecuente con la realidad económica”.

Aún así, argumentos aparte, Javier Duarte consumó el atraco. Lo secundó el Congreso de Veracruz. Duarte usó la homologación de elecciones y le dio dos años más al fidelato, dos años para encubrir y para maquillar la corrupción.

Su gobierno está plagado de vicios, negocios al amparo de la obra pública y el suministro de bienes. Su pandilla se enriquece. Danzan los millones en tiempos de elecciones, sometida la oposición con recursos del erario público, financiada la prensa vendida a altísimo costo, cautivos los órganos electorales para darle vida artificial al duartismo.

Una gubernatura de dos años tiene un fin claro: seguir delinquiendo.

Archivo muerto

Manuel Bringas Burelo debe amar los amparos. Gracias a uno, a sus efectos, pudo encarar la justicia y no ser encarcelado aún. Acudió el 8 de diciembre al Ministerio Público, declaró, se dijo inocente y supone haber burlado a la ley. Pesa sobre el Conde de Bringas un rosario de denuncias, desde fraccionamiento indebido hasta fraude, convertido en el célebre protagonista de un episodio de venta y reventa de terrenos en la zona aledaña a la colonia Almendros, predio que en 2011 la Sucesión Bringas le vendió a Gestiones Inmobiliarias Arkitektur para luego extinguirse legalmente. Enfrenta otras denuncias por diversos fraudes en Coatzacoalcos, tres de ellas en Punta Diamante. Tres años después, pese a haberse embolsado 10 millones de pesos que pagó Arkitektur, el Conde de Bringas insiste en vender lo que ya no es suyo, operadas las ventas fraudulentas por su tripulador de cabecera, el guarura autonombrado abogado, Samuel Fernando Muñoz de la Rosa. Una fotografía lo muestra en el MP, en manos de la justicia, cada vez más cerca del penal que ya pinta para ser su próximo hogar... Nueve reinitas tiene el palacio de Minatitlán. Secretarias todas, auxiliares y confidentes, gozan cada una de vehículo a su disposición, buenos salarios, mejores prestaciones, horario flexible y todo el tiempo del mundo para la diversión. Son las reinitas privilegiadas por el alcalde José Luis Sáenz Soto, las intocables. A las reinas se les consiente con un auto aunque a los ediles y funcionarios se les deje a pie... Cuatro diarios y una revista dominan el mercado de la información en internet: Proceso, El Universal, Excélsior, Reforma y Milenio. Proceso se mantenía en un millón 300 mil visitas diarias promedio y desde Ayotzinapa, la Casa Blanca y la revuelta social trepó a un millón 800 mil por día, y de ahí no baja. Se refleja Proceso en las redes sociales, sin límites la información, compartida por los usuarios, potenciada y convertida en la expresión de un nutridísimo sector de la opinión pública nacional e internacional. Proceso es la única revista que compite con los cuatro diarios, pero su información es más determinante. Son los tiempos en que la información trasciende, impacta y sacude a un público desde las redes sociales, el Facebook y Twitter, el quinto poder...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Mónica Robles: hablar por hablar

* La diputada no representa a Coatzacoalcos * Que Erick Lagos negoció mal el caso Yuribia * Quiere la cabeza de los ejidatarios de Tatahuicapan * Casas y camionetas del Gavioto * El privilegio de ser comisionado del IPAX * El consejero electoral del Peje * Quiso ser líder de Morena y se quedó en el INE.

18 de diciembre de 2014

Mónica Robles de Hillman tiene una labia de miedo, padece el síndrome de la demagogia, es una megalómana sin remedio pues se come al mundo como si tuviera el don de la perfección, pero no mueve un dedo por sus representados, el pueblo que le fue prestado. La diputada por Coatzacoalcos es una contradicción.

Dice, por ejemplo, que el conflicto del Yuribia fue mal negociado. Y suelta una insensatez tan aberrante como que a ella no le falta el agua porque tiene un tinaco grande.

Nada más falso. A Mónica Robles no le falta el agua de Coatzacoalcos porque no la usa. Simplemente vive a 405 kilómetros de su distrito.

Le aqueja el delirio por hablar de más y, sobre todo, por hablar sin razón, decir barbaridades, tocar las fibras sensibles y complicarse la vida sin siquiera imaginar el alcance de lo que acaba de expresar.

Habla, pues, y no sabe de qué.

Ajena a lo trascendente, Mónica Robles de Hillman abordó el tema de la crisis del agua, la toma de la presa del Yuribia, y sus palabras se convirtieron en un punto de conflicto con el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, el vicegobernador de Veracruz.

“En Tatahuicapan ha faltado habilidad para negociar”, dijo la diputada Mónica Robles en uno de sus habituales “primero hablo, luego pienso”.

Y soltó otra:

“De entrada el haber firmado un acuerdo de que el 4 de diciembre se destruía la presa, de ahí partimos mal, y lo firmó el secretario de Gobierno Erik Lagos Hernández.”

Le replicó la prensa que si Erick Lagos lo había negociado mal, y pudo entonces caer en la cuenta de su error.

“Yo no digo eso, pero desde ahí es partir de un punto muy complicado y la verdad es que no han sido las negociaciones como todos los ciudadanos esperamos. Esa decisión fue arriesgada, el firmar un acuerdo así y ha provocado la radicalización de ese grupo minoritario”.

Y entonces soltó a Erick Lagos y enfocó la responsabilidad sobre el “grupo minoritario”.

“Se tiene que hacer un esfuerzo mayor —expresó— entre las autoridades, estatales y municipales para llegar a un acuerdo, pero sí que se aplique la ley, porque no se pueden violentar los derechos de tanta gente por parte de un grupo minoritario”.

Dice Mónica Robles que no han sido las negociaciones “como todos los ciudadanos esperamos”. Responsabiliza al fidelista Erick Lagos de haber firmado el acuerdo que plantea la destrucción de la presa. Y pide que se le aplique la ley “a un grupo minoritario”. Quiere, pues, la diputada la ejecución de los ejidatarios de Tatahuicapan, los protagonistas del conflicto.

Hablar es lo de menos. Es el deporte de los demagogos. Pero hablar barbaridades es propio de unos cuantos.

Hay en el escenario público una pregunta que fluye y cala: ¿Qué ha hecho en los 14 días de crisis por el agua la diputada Mónica Robles?

En su burbuja, su participación es de saliva. Legisladora de membrete, ni negocia ni representa al pueblo de Coatzacoalcos, el más afectado por la interrupción del suministro, que apenas alivia sus demandas con agua salada, la que proviene de los pozos perforados de manera emergente.

A Mónica Robles no se le ve en la sierra de Santa Martha. No acude al encuentro con los ejidatarios que tienen el conflicto del Yuribia en sus manos. Riñe con el discurso conciliador. No convoca al gobierno ni a los alcaldes a construir una solución negociada. Ni tiene destellos de inteligencia que abonen a la distensión.

Su discurso es el del garrote. Vapulea al secretario de Gobierno, cuyo grupo, el fidelista, le regaló en 2005 la alcaldía de Coatzacoalcos a su marido, el ex alcalde Iván Hillman Chapoy, con desastrosos resultados, y si Mónica Robles tuviera poder ya hubiera quemado en la hoguera a los ejidatarios de Tatahuicapan.

Con sorna le han preguntado si se baña en Coatzacoalcos. Y ella, amante de los colores cálidos y otras soflamas, responde que sí. “Estuve una semana en Coatzacoalcos y sí me pude bañar porque tengo un tinaco grande. Tenía agua y por el momento no iré a Coatzacoalcos, porque tengo trabajo en el Congreso local”.

Su pureza intelectual es un caso para la psiquiatría. Mónica Robles no se baña en Coatzacoalcos porque no vive en Coatzacoalcos. Desde que su esposo dejó la alcaldía, en 2008, es una forastera en el pueblo que le fue prestado. Vivió en la lejanía. Vivió ausente. Vivió en cualquier parte, distante de la vida política, reñida con la vida social, hasta que un pacto político con el marcelismo la reactivó.

Adoradora de Andrés Manuel López Obrador, imbuida por los humores de la izquierda, supo asumir su condición succionadora, convertidos el PRI y los gobiernos priistas en fuente de la riqueza familiar. Y de ahí pasó a candidata del Verde-PRI para finalmente ser vergonzosa comparsa del duartismo en el Congreso de Veracruz.

Llegó a ser diputada local a cambio de someterse a un destino cruel: ver a sus odiados enemigos marcelistas de nuevo en la alcaldía de Coatzacoalcos. Joaquín Caballero caminó de su mano hacia la presidencia municipal, con el silencio cómplice del Clan de la Succión, los Robles-Barajas, dueños de Diario del Istmo y el consorcio depredador.

En la crisis por el agua, Mónica Robles no representa a Coatzacoalcos. No habla por el pueblo. No reclama a favor del pueblo. No tiene compromiso con el pueblo.

Yuribia exhibe su nivel. La política no se le da. No es lo suyo. No busca conciliar, ni acordar, ni suavizar tensiones.

Según Mónica Robles, la solución debe pasar por reventar a los ejidatarios.

Archivo muerto

Se llama Fernando González Ortiz, es capitán de policía y le dicen El Gavioto. Circula un informe sobre el modesto guarura del gobernador Javier Duarte de Ochoa, que ya como comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial comenzó a ocurrirle lo mismo que al nopal: le aparecieron más propiedades. Vivía El Gavioto en casa rentada en la colonia 21 de Marzo, en Xalapa, dice el informe, y ahora se le sabe una en Alamo-Temapache, lugar de procedencia, con piso y cocina de mármol, un espacio embellecido por el jardinero estelar del IPAX con cargo a la corporación. Dice el informe que tiene fincada otra vivienda en Coatepec, junto a la de un “magistrado que agarra esa casa como nidito de amor”; una más en Aguasanta por 20 de Noviembre, en Xalapa, sitio donde se realizan asambleas con personal femenino del IPAX, convocado expresamente por el secretario particular y hombre de todas sus confianzas, que responde al nombre de Edgar. Tipo con suerte, allegado al desgobernador veracruzano, El Gavioto González Ortiz también muestra un gusto desenfrenado por los vehículos: una camioneta Tahoe, color blanco con placas del estado de Morelos, “que guarda en las bodegas de Piñeiro, en 5 de Febrero”; un Buggy para ir los fines de semana a Chachalacas para desestresarse, y dispone de una cuatrimoto que usa como propia aunque es propiedad del IPAX; a su esposa le asignó una camioneta Pathfinder color negra, también propiedad de la corporación, conducida y vigilada permanentemente por personal del IPAX. Buena vida se da el comisionado González Ortiz mientras a la tropa se le paga una miseria y se les escamotean los incrementos salariales. A todo esto, qué diría la Contraloría del gobierno de Veracruz si se tomara el tiempo de consultar la declaración patrimonial del Gavioto, tan sólo para saber si con el salario que percibe se puede dar una vida tan o mejor que la del gobernador... Imparcial, lo que se dice imparcial, no es. Noé García Onofre funge como consejero electoral en el distrito XI federal de Veracruz, pero su esencia es partidista. No hace mucho buscaba ser líder local del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el partido de Andrés Manuel López Obrador, pero como ahí no hay más voz que las de Roselia Barajas y Rocío Nahle, declinó. Sin otra expectativa, decidió quedarse como consejero en el nuevo INE que, por lo que se ve, es refugio de la izquierda y más de lo mismo...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Francisco Valencia, cómplice a modo del gobernador

Desde un hotel de lujo Francisco Valencia observa la crisis del Yuribia * CAEV, un negocio * Opera contratos y hace trabajo electoral sucio * Pedro Tiburcio, el villano de CMAS * Agua sólo para los amigos * El humillante informe de José Luis Sáenz * Reyna León lo usa, lo contamina y lo desecha * ¿Quién es El Gavioto?.

17 de diciembre de 2014

Desde su zona de confort, aposentado en un hotel de lujo —los mejores vinos, las mejores carnes—, Francisco Antonio Valencia García ve a distancia la crisis del agua, el conflicto con los serranos de Tatahuicapan, los 500 mil habitantes afectados, y no se inmuta.

Así es la vida del director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, placentera, las arcas y los diezmos a su alcance, mientras medio millón de usuarios confrontan un escenario inédito, disponiendo hasta de agua salada, la que el ayuntamiento de Coatzacoalcos le puede dar mediante 30 pozos perforados, un plan emergente en el conflicto por la presa Yuribia y su eventual destrucción.

Francisco Valencia no sube a la sierra. No dialoga con los ejidatarios de Tatahuicapan. Sabe a distancia que el 4 de diciembre hay violencia en territorio tatahui, enviado José Luis Utrera Alcázar por el secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández a reventar la asamblea, desdeñar a los pobladores, decirles que de los 21 mil habitantes ahí sólo veía a no más de 600. Sabe que José Luis Utrera tentó al diablo. Fue increpado, insultado, tomado como rehén y llevado hasta la presa Yuribia mientras se le obligaba a pedir perdón.

Francisco Valencia no lo vivió porque estaba a kilómetros de distancia, cómodo y en el disfrute de un hotel de lujo, el Terranova, en la periferia de Coatzacoalcos, acompañado de su séquito, un equipo de funcionarios, operadores y asesores cuya inutilidad es manifiesta, que perciben salarios superlativos mientras el abasto de agua en Veracruz es de muerte.

Ahí esperaba la llegada del alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y del director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Amaro Caso. Ahí fue informado del estallido de violencia, del repudio inducido, de la intransigencia de los habitantes de tatahuicapan porque las promesas incumplidas del gobierno alcanzaron el punto de saturación, y también porque existen motivaciones políticas entre los serranos.

Francisco Valencia gozaba de su área de confort, climatizado el hotel Terranova, el lujo por todas partes, uno que otro drink, mientras el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, era jaloneado, increpado y apenas pudo abordar la camioneta en que se trasladaba, mientras se escuchaban insultos y volaban piedras sobre el auto hasta que una de ellas le destrozó el medallón.

No dio la cara el director de CAEV, pese a ser el principal responsable del sistema de agua en Veracruz. Se le supo ausente, entretenido, en otro mundo, a distancia atendidas las obras de la dependencia, el negocio, la caja chica del gobernador, el 80 por ciento de los municipios en sus manos, con usuarios cautivos a los que se les da poca agua y de mala calidad.

Francisco Valencia siempre ha sido un trepador. En sus días de contratista de Petróleos Mexicanos, era un Rey Midas que todo lo convertía en oro. Le fluían los contratos en el área industrial de Coatzacoalcos, sabido su olfato para las licitaciones a las que a menudo se adelantaba, realizaba la obra y luego la proponía con algún funcionario corrupto que le asignaba el proyecto.

Tenía días buenos, días malos y días peores. Y un día su estrella se opacó. Fue marcado por un accidente en que perdiera la vida uno de sus trabajadores y no hubo funcionario de Pemex que quisiera quemarse las manos por él.

Constructor, político, restaurantero, Francisco Valencia fue bautizado como Nenusa por el líder perredista Enrique Romero Aquino. Decía que Nenusa era un dinosaurio sin estómago y que todo lo que comía se le distribuía por el cuerpo haciéndolo inmenso, tal como el director de CAEV.

Vecino del gobernador Javier Duarte en los días en que ambos vivían en el Club de Golf de Xalapa, establecieron una convivencia frecuente. Sus familias se visitaban. Pasaban veladas juntos. Había cariño. Y terminó habiendo complicidad.

Financieramente, sus restaurantes Vinissimo —o Carísimo— de Boca del Río y Xalapa son un fracaso. No hay clientela para tanto dispendio y para precios tan altos. ¿Qué lava el señor Valencia o para quién? Su público son los políticos y se quedó con las ganas de que Letizia fuera su comensal en los días de la Cumbre Iberoamericana pero la reina de España simplemente no viajó a México.

De asuntos sucios también sabe el director de CAEV. El Gordo Valencia fue el operador de un plan siniestro. Le vendió a Fidel Herrera Beltrán el proyecto para reventar la alianza entre el PAN y el PRD, en la elección de 2013. Tuvo en sus manos maletas con millones de pesos. Los usó para comprar al perredismo, para la mascarada de los dos consejos estatales, de los dos líderes estatales, de los dos PRD, que dio pauta a que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz determinara que no procedía la alianza con el Partido Acción Nacional por no tener un consejo constituido que avalara legalmente el acuerdo con el panismo.

Así llegó Francisco Valencia a la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz, como el mercader de Venecia. Pero ahí no había mucho que robar. Halló bajo presupuesto, todo sujeto a investigación, todo marcado por la corrupción. Colocó algunos contratos, previo diezmo, y emigró.

Fue entonces a la CAEV. Esa ha sido su mina. Sólo en 2014 viene ejerciendo un presupuesto de 3 mil 480 millones 304 mil 895 pesos, incluidos los recursos que le aportan los sistemas municipales de agua y saneamiento, 80 por ciento de los cuales son oficinas recaudadoras que esquilman al usuario y no le dan agua de calidad.

Piel gruesa, a Francisco Valencia le rebota la crítica. Aguanta golpes, señalamientos, venga de donde venga. Lo increpan líderes de partidos y diputados locales y él, como Salinas, ni los ve ni los oye, sabido su cinismo.

Alfredo Tress Jiménez, dirigente de Alternativa Veracruzana, lo acusa de robarse el dinero de los veracruzanos, “y si no es así que lo demuestre, pero que lo demuestre con trabajo, con proyectos, con obras que beneficien a la ciudadanía”, dijo al periódico La Jornada Veracruz, en octubre pasado.

Joaquín Guzmán Avilés, diputado local y presidente de la Comisión de Salud del Congreso estatal, exige que la CAEV deje de existir, que deje de ser la caja chica del gobierno, y que los sistemas de agua sean entregados a los municipios.

Poseedor de una deplorable fama, Francisco Valencia es el funcionario duartista por excelencia. Se monta en la complicidad del gobernador Javier Duarte de Ochoa, cobra por el trabajo electoral sucio y opera contratos desde la impunidad.

Rey Midas del duartismo, Pancho Valencia no resuelve los problemas de agua en Veracruz así tenga en sus manos un presupuesto de más de 3 mil 480 millones de pesos. El negocio no está en la calidad ni en la eficiencia. Está en lo que deja el contratismo.

Francisco Valencia ve a distancia la crisis del Yuribia. La ve pero no se mete. No sube a la sierra. No va a Tatahuicapan. No se enloda los zapatos. La ve desde la comodidad de un hotel de lujo, con los mejores vinos y las mejores carnes.

Eso le permite el gobernador, su cómplice a modo.

Archivo muerto

Fiel a lo que es, ventajoso, arbitrario, negociante, Pedro Tiburcio Zaamario tiene un no permanente para aquellos ciudadanos que acuden a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en busca de una pipa, algo que alivie la crisis que se vive en Coatzacoalcos. Ahí les dicen que todo lo decide el mentado Tiburcio, que sólo a él corresponde el suministro de CMAS, a qué pudiente, a qué amigo, a qué negocio. Atiborran las quejas los buzones de las redes sociales, los correos electrónicos, el whatsapp. A Tiburcio Zaamario le llueve tupido, incluido el señalamiento de que hasta para su restaurant El Acuyo, hay abastecimiento de agua aunque el pueblo se la tenga que rascar... Aberrante show, sometido a sus amos, José Luis Sáenz Soto rindió un informe de labores sólo para servirle de trampolín a la egocéntrica presidenta del DIF en Minatitlán, Reyna León Cheluja, en su delirio de ser diputada federal. Humillante el momento, Sáenz Soto habló, aburrió y se apagó para luego ceder el escenario a la ambiciosa mujer, desenfrenados sus afanes de enfilarse —y enfilar al PRI— a un abismo mortal en la elección de 2015. Doña Reyna, la esposa del fallido líder de la Sección 10, Jorge Wade González, los reyes del casino, lo mismo “informaba” de su paso por el DIF que se colgaba del brazo del senador José Francisco Yunes Zorrilla, pues el futurismo echa mano del títere que mejor le convenga. ¿Que si qué informó el alcalde José Luis Sáenz? Eso es lo de menos. Un año la ha gozado bajo los tacones de Reyna León y a la sombra del tesorero, Saúl Wade León, el hacedor de los negocios, el alcalde real, indignante la doblez del presidente municipal. Allá se le podía ver en segundo plano en la fotografía de los Wade con Pepe Yunes, pues el pobre tipo de hecho no cuenta ni contará... ¿Quién es ese guarura al que ya le apodan “El Gavioto” por sus fastuosas residencias, autos, negocios, comprados y montados con su modesto salario como policía del IPAX? Una pista: trabaja en la ayudantía del gobernador Javier Duarte. Personaje de picaresca a la veracruzana...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Javier Duarte: engaño al Congreso federal

* El Hospital de Karime y los 500 millones * Sabía que el terreno no es del gobierno de Veracruz * Erick Lagos evade el caso Yuribia * Primero lo incendia y luego se esconde * PES, los Guízar y las órdenes de aprehensión * “Blindados por el gobernador” * PAN: ganaron los Brito, Nieto y Cahuich.

12 de diciembre e 2014

Casi todo le sale mal a Javier Duarte. Casi todo. Lo que sí supo fue engañar al Congreso federal, arrancarle 500 millones de pesos, prometer un hospital de especialidades para Coatzacoalcos y no decirles que el terreno donde se edificará no es propiedad del gobierno de Veracruz. Eso es audacia perversa.

De estirpe le viene la tentación inmobiliaria. Su familia tiene delirio por los terrenos ajenos. Pillado una vez con un chalet en Maricopa, Arizona, su refugio en la clandestinidad, el gobernador se ha pulido hasta perder la vergüenza hasta quedarse con lo que no le es propio.

Su nueva hazaña tiene que ver con el hospital de especialidades, una obra a realizar de mil millones de pesos, enclavada en el poniente de Coatzacoalcos, pomposamente llamado el “Hospital de Karime” por supuestas gestiones de su esposa, Karime Macías Tubilla, un proyecto cuyos cimentos no se hallan bajo tierra sino en una nube de la ilusión.

En teoría, el frustrado hospital constaría de casi 100 camas, por lo menos 10 especialidades, con capacidad para ofrecer el servicio a habitantes de 55 a 60 municipios del sur, entre un millón 600 mil y un millón 800 mil veracruzanos, según pregonaba en mayo pasado el todavía secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib.

Nemi afirmaba que ya se disponía de un terreno “donado por el INDEVER (antes INVIVIENDA) y que lo que falta es escriturarlo a nombre de Servicios de Salud de Veracruz”.

Restaba presentar el manifiesto de impacto ambiental y de construcción. Ya disponía del proyecto ejecutivo, lo que permitiría de un momento a otro iniciar la construcción.

El 26 de junio, personal de la Secretaría de Salud recorrió el predio en que se construiría el hospital de alta especialidad. Arenoso, cercano a la playa de Coatzacoalcos, el terreno de 3.6 hectáreas se halla al final de la última etapa del malecón costero, cerrado ese tramo por diversas grietas y losas destruidas por las constantes lluvias, evidente la falta de calidad de la obra realizada por el ex alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— a través de sus compañías favoritas, Indheca, Haus y Decoe, cuyos titulares son amigos, comadres y empleados desde que era secretario de Comunicaciones de Veracruz.

Textualmente, la misma Karime Macías advertía que el predio era propiedad de la reserva territorial Duport-Ostión. Falso.

Lo que no tiene el proyecto es terreno donde edificarse. No acredita Javier Duarte la propiedad, así diga la versión oficial que su titular es INDEVER.

Documentos notariales, actuaciones judiciales, sentencias y hasta una inscripción en el Registro Público de la Propiedad, permiten determinar que el gobierno de Veracruz perdió toda potestad sobre el terreno en que hoy pretende edificar el Hospital de Karime.

Antes de ser reserva territorial esa propiedad ya se denominaba “La Calzada”. Fue propiedad de Elena Palacios de González, quien el 21 de diciembre de 1945, le vendió a Carmen Riquer Rodríguez para sus hijos Facundo y Apolinar Riquer Uscanga, y su hija Rufina Riquer de Alor. Tenía una extensión de 70.21 hectáreas, según la escritura 1,292, levantada ante la fe del notario número uno entonces de Minatitlán, pero con residencia en Coatzacoalcos, Juan de Dios Rodríguez Cruz. La operación se pactó en 60 mil pesos.

El terreno se halla desde el puente sobre el río Calzadas, cercano al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y corre paralelo al entronque con el inicio de la carretera a Barrillas, colonia Lomas de Barrillas y desemboca en la playa de Coatzacoalcos.

Años después vendría la expropiación a favor del proyecto Puerto Industrial del Ostión, finalmente frustrado. Al no realizarse, los dueños de los predios recuperaron sus tierras.

El 4 de enero de 1997, el empresario y más tarde alcalde, Armando Rotter Maldonado, pactó la compra de una fracción de las 70 hectáreas. Adquirió de Facundo, Apolinar y Rufina Riquer la cantidad de 2.17 hectáreas.

Sin embargo, entró en conflicto con los ex propietarios y con el gobierno de Veracruz, quien en 1994 obtuvo la reserva territorial de manos del gobierno federal, pero el notario público número 2, Juan Hillman Jiménez (actual notario 4 de Coatzacoalcos) modificó las coordenadas de los planos e incluso el área asignada al gobierno veracruzano no cierra el polígono lo que no le permite demostrar sus dimensiones reales.

Rotter tramitó un juicio de adjudicación por prescripción positiva. Facundo, Apolinar y Rufina Riquer fueron declarados en rebeldía. El único que se inconformó fue el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos.

Rotter no sólo reclamó la propiedad del predio. También exigió la cancelación de la nota marginal número 11 que aparecía sobre la escritura original del terreno “La Calzada”. En ella se hacía referencia a los derechos del gobierno de Veracruz sobre parte del predio, incluido donde hoy se pretende construir el “Hospital de Karime”.

Lo logró el 5 de septiembre de 2011. Acreditó ser posesionario y propietario de las 2.17 hectáreas. Pero lo más significativo fue, sin embargo, la cancelación de la nota marginal que le otorgaba al gobierno de Veracruz derechos sobre una amplia fracción del predio “La Calzada”. Así lo ordenó la juez Sexta de Primera Instancia, Juana Sagrero Luna.

Tres meses después, el 16 de diciembre de 2011, el notario público número 14 de Coatzacoalcos, Enrique de Jesús Aguilar Urcelay, elaboró la escritura pública 13,300, sustentado en la sentencia de la juez Sexta.

Fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número 3762, el 10 de agosto de 2012. Vencidos los tiempos para inconformarse, emitidos los edictos, no impugnados, el gobierno de Veracruz perdió su calidad de propietario en esa fracción de la reserva territorial.

Sobre el predio “La Calzada”, no reserva territorial, pretende el gordobés edificar el hospital de alta especialidad. Quiere construir en terreno ajeno.

No fue leal Javier Duarte con el Congreso federal. Tramitó la asignación de recursos para el “Hospital de Karime”, a sabiendas que desde el 10 de agosto de 2012 el terreno de 3.6 hectáreas había dejado de pertenecer al gobierno de Veracruz.

Taimado, evidentemente maniobrero, Javier Duarte ha dejado correr la fantasía. Promueve también recorridos al predio; que se difunda que ahí se realizará el proyecto; que anuncie el traslado de los recursos a las cuentas del gobierno de Veracruz.

El 5 de julio, el director de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección en Salud (Seguro Popular), Antonio Chemor Ruiz, anunció que los 500 millones del gobierno federal para financiar el hospital de alta especialidad serían remitidos de inmediato al gobierno veracruzano. El Congreso federal había recibido la solicitud de Javier Duarte y la aprobó en mayo de 2014.

Duarte embarcó hasta al Presidente Enrique Peña Nieto. Textualmente Chemor Ruiz dijo:

“Yo quisiera comentarle que el gobierno de la república está a sus órdenes desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y quiero compartirle que el Presidente firmó varios compromisos, uno de ellos es el hospital de alta especialidad en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos y para lo cual están a la disposición 500 millones de pesos para que puedan llevar la medicina de alta especialidad al sur de Veracruz”.

Duarte solicitó al Congreso de Veracruz, el 22 de octubre, la autorización para enajenar a título gratuito el predio donde pretende construir el Hospital de Karime. Decía que es parte de la reserva territorial. Le fue autorizada en la sesión del 11 de noviembre.

Inmensamente perverso, Javier Duarte sabía desde dos años antes, el 10 de agosto de 2012, que el predio donde intenta edificar el Hospital de Karime no es propiedad del gobierno de Veracruz.

Por eso encarceló al notario Enrique Aguilar Urcelay. Por eso cierra el círculo sobre el ex alcalde Armando Rotter Maldonado. Por eso pretende apoderarse de la notaría 14 y desaparecer todo vestigio de los terrenos perdidos en juicio y rehabilitar la nota marginal número 11 que da derecho al gobierno de Veracruz sobre el predio “La Calzada” como parte expropiada y convertida en reserva territorial.

Es el abuso del poder. Es el atropello a la ley. Es el engaño al Congreso federal y al Presidente Enrique Peña Nieto en un negocio de 500 millones de pesos enviados desde el altiplano y otros 500 millones que saldrán del erario veracruzano.

Todo sea por el malogrado Hospital de Karime.

Archivo muerto

Provocador nato, incendiario político, Erick Lagos Hernández sólo tiene el más retorcido sentimiento hacia la presa Yuribia, usados sus oficios para convertir a Coatzacoalcos en un infierno. Reventó la última negociación, envió al operador de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, José Luis Utrera Alcázar, a faltarle al respeto a los habitantes de Tatahuicapan y ahora se niega a aportar una solución. Medio millón de habitantes padecen la escasez de agua en el sur de Veracruz por culpa suya, por sus promesas incumplidas, por su verbo y falsedad. Al límite los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, sus ediles convertidos en el blanco de críticas, desatada la ira, por demás justificada, de la sociedad, que es la que está sufriendo la escasez, a un paso de una crisis sanitaria, y el secretario Erick Lagos evade el caso Yuribia. Él lo provocó y él se mantiene al margen. Cuida así el pupilo de Fidel Herrera, el alumno superando al maestro, su proyecto de diputación. Quiere serlo por Acayucan, al precio que sea, comprando a la oposición, burlado el pueblo. Valiente secretario de Gobierno tiene Veracruz: es truculento, malintencionado, instigador de acciones radicales en Tatahuicapan, que él debió resolver, pero que por su naturaleza perversa le da para hacer pero no para deshacer. En Erick Lagos eso no es defecto, es enfermedad incurable... Dos hermanos con orden de aprehensión no es algo común y menos si se es líder estatal del Partido Encuentro Social. Gonzalo Guízar Valladares tiene ese privilegio, justo cuando el PES se apresta a cachar los pocos votos que pueda para mantener su registro o resignarse a causar lástima como suelen hacerlo los partidos satélite, que viven del PRI, sostenidos por gobiernos priístas. Gertrudis y Gilberto Guízar Valladares enfrentan denuncias penales por invasión del predio Almendros, propiedad de Gestiones Inmobiliarias Arkitektur, despojo, fraude, fraccionamiento indebido, daño ambiental. Su negocio, además de sorprender incautos, es robarse la tierra de un terreno del Instituto de Pensiones del Estado, detrás de Punta Caracol, al poniente de Coatzacoalcos, con la venia, por supuesto, de toda la corte duartista y hasta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Quizá por ello, muy fresco, muy desparpajado, gritaba Tulle Guízar que por qué madres tenía que declarar judicialmente si ellos, los Guízar, “están blindados”, si el acuerdo con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es que nadie los toque, que nadie les aplique la ley. O sea, el gordobés cómplice de los ladrones de terrenos. Y en el Juzgado Primero de Primera Instancia, incluido el juez Guillermo Vargas, se volteaban a ver entre sí. Los “blindados”, pues, ya tienen sus respectivas órdenes de aprehensión. Y así, una vez en la cárcel, le han de ayudar al PES de Gonzalo a cosechar más votos. Hay más... Mundillo de traiciones, golpes bajos, delaciones, lo peor de la pitufada azul salió a relucir en la renovación de su dirigencia municipal de Coatzacoalcos. Otrora seguidor de los hermanos Brito Molina —Edgar y Miguel Ángel—, José Luis Sosa Franco en cuanto pudo los hizo a un lado. Se postuló, hizo campaña, alzó polvo y perdió. Y con Sosa Franco perdieron otros, los panistas-marcelistas Pedro Hernández y Juvenal Patiño, quien hasta familiares incrustó en la planilla; el regidor Víctor Esparza Pérez; José Carlos Lara Hinojosa, primo del ex presidente Felipe Calderón; Efraín Martínez, a quien le tocó ir a cosechar votos y fue lo que menos consiguió; hasta el panista-perredista Alejandro Wong Ramos quiso maniobrar a favor de Sosa Franco y el cartucho no prendió. Ganó la dirigencia del PAN en Coatzacoalcos la fórmula Saúl González-Efraín Aguilar, un empresario y un ejecutivo bancario. Obedecen a las corrientes de los hermanos Brito, Fernando Nieto y el ex regidor Claudio Cahuich, alianza entre pipos y yunistas...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano

Tatahuicapan: trampa para Joaquín Caballero

* El Yuribia, en el centro del conflicto * El operador de Erick Lagos reventó la asamblea * Con Leñero en Proceso * Narrar y poner adjetivos * Guízar va por su tercera derrota * El PES ni pex * Amparo por un muro de contención * Posible desafuero del alcalde * El coño loco espera bebé.

8 de diciembre de 2014

No siempre se ve a un alcalde ultrajado. Esta vez sí. Le tocó a Joaquín Caballero. Le tocó ir a la trampa. Le tocó recibir metralla, escuchar insultos, ser perseguido, humillado. Y salir despavorido.

Ir a Tatahuicapan fue suicida. Negada de origen, la salida al conflicto por el agua de la presa Yuribia, que abastece a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, era de antemano una batalla perdida, las ganas de revivir a un muerto o, simplemente, el escenario para sentir el odio de los hermanos de la sierra.

Joaquín Caballero Rosiñol fue al encuentro con los tatahuis y ahí vio su desprecio, evidente el resentimiento, la ira, el rencor por las promesas que el gobierno de Veracruz no cumple, por el engaño con las cuotas de agua —supuestamente 50 por ciento para Coatzacoalcos y 50 por ciento para Tatahuicapan— y que además de las obras no realizadas, han sido el punto del diferendo.

Todos —gobierno, ayuntamientos y tatahuis— tienen culpa. Unos por incumplir y los otros por radicalizarse. Por casi 30 años el gobierno engañó a los pobladores de la sierra, les prometió desarrollo, caminos, puentes, escuelas, reforestar la zona aledaña a los arroyos, los que abastecen de agua a la presa Yuribia, y no lo hizo, o lo hizo a medias, o hizo obra para que las utilidades se las llevaran los amigos del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, o sea sus prestanombres.

Con Javier Duarte el secuestro del Yuribia ha sido recurrente. La toman los ejidatarios o lo toman los maestros disidentes, pero el resultado es el mismo: 500 mil personas sin agua, abastecida la población por pipas, sujetas a tandeo, a expensas de los pozos de cada municipio, cuyo aforo no es ni suficiente para la demanda.

Caballero los toreó desde abril y mayo de este año. Enfrentó la amenaza de los ejidatarios y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano de cerrar válvulas, las bloquearon, las soldaron y provocaron aquella crisis. El acuerdo fue que ocho meses después —este 4 de diciembre— se definiría la suerte de la presa Yuribia: si se establecía un nuevo pacto o si era destruida.

A lo largo de ocho meses no hubo quincena que no subieran los enviados de Joaquín Caballero a la sierra. Iban pertrechados. Llevaban palabras de aliento. Portaban proyectos de acuerdo. Sobraban las dádivas. Una versión sostiene que fueron 12 millones entregados a los líderes ejidales para que sofocaran al pueblo. Pero no lo hicieron.

Álgida, la asamblea del 4 de diciembre fue el acabose. Rebasados los líderes ejidales, el pueblo se les echó encima. Se percibía el trasfondo político, la intención de reventar cualquier acuerdo, la intransigencia a la fueron arrastrados los tatahuis.

No llegó el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, operador de Fidel Herrera, que sólo resuelve los problemas que él mismo crea. No llegó el director de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, Francisco Valencia, quien atendía el conflicto desde el hotel Terranova, renuente a subir a la sierra, sabedor de lo que iba a ocurrir.

Allá en la Casa Ejidal de Tatahuicapan, un operador del duartismo generaba las condiciones para la trifulca. José Luis Utrera Alcázar tomaba la palabra. Supuestamente llamaba a la conciliación. Trepado sobre una mesa desde donde se hacía oír, de pronto lanza el agravio. “Tatahuicapan tiene más de 21 mil habitantes y ustedes no son más de 600”.

Le llueven mentadas. Lo bajan a empellones. Es metido en la Casa Ejidal mientras afuera dos bandos encontrados se lían a golpes. José Luis Utrera era llevado a la presa Yurivia, al tiempo que les pedía perdón a los tatahuis.

Desde siempre, José Luis Utrera ha sido negociador. Sabe cómo desatar nudos y cómo reventar asambleas. Esta vez la hizo abortar.

Enardecidos, los tatahuis van contra el alcalde de Coatzacoalcos. Joaquín Caballero da pasos laterales. Busca la salida. Escucha más reclamos. Un grupo lo rodea. Busca trasponer la puerta metálica que marca el límite de la Casa Ejidal. Le acompañan el secretario de Gobierno, Oliver Damas de los Santos, y el director de la Comisión de Agua y Saneamiento, Sergio Amaro Caso. Se oyen insultos, más insultos, más insultos.

Llega por fin a la camioneta, que luego diría no es suya, y la aborda. Lo mismo hace su gente. Para entonces ya vuelan las piedras. Caen sobre el vehículo. Caen sobre sus cristales.

Inicia la marcha el auto y se ve el impacto de una gran piedra sobre el medallón. Lo destroza. Caballero emprende la huida. (Ver el video de la reportera Teresa Morales).

En los días anteriores al zafarrancho, el alcalde de Coatzacoalcos había usado un discurso conciliador. Decía que para los “hermanos de Tatahuicapan” había una mano extendida y confiaba en renovar el acuerdo.

Al mediodía del 4 de diciembre, despertó de su sueño. Sacudido, centró su discurso en los pozos de alivio para dotar de agua a la población. Era un proyecto de 30 pozos; sólo alcanzaron a operar 14. Señalaba que paulatinamente se irían agregando los que faltaran.

En ocho meses, su director de Obras, Guillermo Ibarra Macías, tuvo en sus manos el proyecto de los pozos y no cumplió. Era su responsabilidad. Oficialmente en 14 de ellos habría una inversión de 50 millones de pesos. Por los 30 pozos habría que erogar 100 millones. Son esas las cifras del joaquinismo.

Extraoficialmente se sabe que la inversión real por los 30 pozos será de 32 millones de pesos y que el negocio lo trae entre manos el violento director de Obras. No cumple con su función Guillermo Ibarra Macías pero, en cambio, ordena golpear ciudadanos que acuden a exigir servicios de su dependencia o enfrenta armado con un bastón retráctil a manifestantes por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Ultrajado en la sierra, Joaquín Caballero fue llevado a una trampa. Iba por un acuerdo y terminó apedreado. Nunca antes a un alcalde de Coatzacoalcos le había ido así.

Ahí el operador del gobierno de Veracruz se encargó de reventar el diálogo con los tatahuis. Utrera es Utrera pero se comportaba como si fuera Erick Lagos. Los agravió cuando expresó que ahí no estaban los 21 mil habitantes de Tatahuicapan, sino unos 600. ¿Qué acaso el diálogo no era con los integrantes del comisariado ejidal?

Se percibe el trasfondo político. Quizá en una declaración que traerá consecuencias, el mismo alcalde de Coatzacoalcos sostiene que los agitadores no eran de Tatahuicapan.

Sea como sea, negligente el gobierno de Veracruz, radicales los tatahuis, polarizan el conflicto. Por lo pronto, dejan sin agua a medio millón de habitantes en el sur de Veracruz.

Archivo muerto

Solía verlo en Proceso. Cada semana, cada 15 días, Vicente Leñero con su trato afable, discreto, sencillo, mostraba siempre su virtud para el diálogo. Cubría yo la corresponsalía de la revista de don Julio Scherer García, allá en los años 80 y 90. “¿Eres el de Veracruz?” me dijo un día mas que preguntando, afirmando. Y hablamos de Veracruz, de la corrupción política, los negocios petroleros, las transas sindicales. Y me dio una cátedra, su voz llena de consejos. “Sea más conciso. Use adjetivos, muchos adjetivos. Narre, al lector le gusta que le narren. Recree historias; historias que se graben en la mente de quien lo lea; historias que se van a recordar siempre. Y dígalo fuerte, con mucho argumento, pero fuerte”, me expresó un día que lo vi junto a Ricardo Garibay, el célebre escritor de trato áspero, autoritario. Otra vez coincidimos en el espacio de Carlos Marín, entonces coordinador de Producción de Proceso, en la segunda planta de Fresas 13, la sede de la revista, en la colonia Del Valle. Ahí estaba Leñero, así, Leñero, pues al llamarlo “Don Vicente”, me corrigió, pero no pude dejar de decirle así. Junto a él su hija Isabel; don Tomás Gerardo Allaz, sacerdote dominico suizo, articulista, con estampa de Santa Claus de barba blanca, inmensa su figura, humilde su vida, y Federico Campbell, analista del tema que fuera, prodigiosa su pluma. Minutos después se integró don Julio y media redacción de Proceso. Garibay, Allaz, Campbell y Leñero ya no están más. Vicente Leñero se fue el miércoles 3, víctima de cáncer pulmonar. Deja una espléndida obra periodística, literaria, teatral, sus guiones en el cine: El Callejón de los Milagros, El Crimen del Padre Amaro, La Ley de Herodes y muchos más. Queda el Manual de Periodismo, en coautoría con Carlos Marín; Los Albañiles, llevada al teatro y al cine y multipremiada; Los Periodistas, que describe el golpe de Luis Echeverría a Excélsior y el nacimiento de Proceso; El Evangelio de Lucas Gavilán, la vida, pasión y muerte de Jesucristo Gómez en el DF; Asesinato, donde narra el crimen de Gilberto Flores Muñoz y esposa, o aquella crónica de la invitación a un día de campaña presidencial con Carlos Salinas de Gortari, que por fortuna no se dio pero que exhibe la falsa calidez de priísta que llegaría a gobernar México. Muere un grande, queda su legado. Señorón de las letras, don Vicente Leñero... Desfondado, sin estructuras, sin liderazgos, el Partido Encuentro Social en Veracruz es un muerto acabado de nacer. Enfrenta el próximo proceso electoral sin nada qué ofrecer y, por supuesto, ha de cosechar vacío, indiferencia, rechazo a la mascarada y repudio social. Requiere votos para no perder su registro, pero no los tendrá. De ahí que su dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares, se proyecte para contender por la diputación federal de Coatzacoalcos. Ligaría así su tercera derrota al hilo —dos alcaldías frustradas, en 2010 y 2013— y tácitamente su tumba política pues sus contlapaches le echan aire para que contienda contra el priísta Víctor Rodríguez Gallegos, como si el fracaso no impactara. Acostumbrarse a vivir con la derrota hace perder el piso... Bronca heredada, pero bronca al fin. Enfrenta ahora el alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol el fantasma del desafuero. Lo emplaza un juez federal a cumplir una sentencia y, si no, ser multado y hasta desaforado. Deriva este nuevo infiernillo de una añeja demanda, interpuesta por el abogado José Luis Madrazo Morán, quien hace más de cuatro años pidió la intervención del ayuntamiento para realizar la sustitución de un muro de contención que divide su terreno de un terreno vecino, en la manzana ubicada entre las avenidas Revolución y Lerdo y que amenaza provocar una tragedia si las viviendas aledañas, por el peso de sus construcciones y las condiciones del predio se desplazan sobre las que se encuentran en la parte inferior del terreno. Madrazo Morán acudió al ayuntamiento en los días en que Raúl Cortés era director de Desarrollo Urbano, en la segunda alcaldía de Marcelo Montiel y donde Joaquín Caballero era secretario de Obras; no hubo respuesta. Prosiguió el caso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se prestó al juego del ayuntamiento y le negó la razón jurídica. Acudió a la justicia federal y fue ahí donde se torció la cerrazón municipal. Uno de los rebeldes a acatar fue el ex secretario de Obras Públicas en el gobierno theurelista, Marco Antonio Anaya Huerta, quien pretendió imputarle a Madrazo Morán la responsabilidad de lo que ocurriera. Hoy, el Juzgado Noveno Federal le ha concedido de nuevo la razón a Madrazo Morán y conmina al ayuntamiento —juicio de amparo 543/204— a realizar la sustitución del muro de contención antes que ocurra una tragedia. Y si no acatan el amparo, habrá desafuero. Nada bueno deja la rebeldía, los enjuagues con el Tribunal de la Contencioso Administrativo, la corrupción en el ámbito legal. Finalmente en el ámbito federal se acaba la impunidad estatal... ¿Quién es ese funcionario, titular de un Registro Público de la Propiedad en Veracruz, con complejo de galán de azotea que no bien asumía el cargo ya andaba en amoríos con peculiar empleada, simpática y querendona, y que en los próximos meses lo hará papá? Llegando y preñando el mugre coño loco...

INFORME ROJO

Mussio Cárdenas Arellano 

Peña Nieto: el pacto de los cínicos

* Los gobernadores y la policía única * Ayotzinapa, usado para reprimir * La presa Yuribia, a punto de ser destruida * Ibarra y los pozos * Marcelo da línea * La ausencia de Jesús Moreno * Irma León ataca de nuevo * Caso Lilia Gema: AVI y el MP hostigan * Theurel se ampara contra orden de aprehensión.

3 de diciembre de 2014

Atrapado, presidente en crisis, Enrique Peña Nieto tiene fijación por los decálogos y obsesión por los pactos. Los inventa y si le fallan, los recicla, los reedita, los maquilla y los vuelve a activar. Y si son sinónimo de fracaso, les cambia el nombre y los vuelve a lanzar. Es el hojalatero de la democracia.

No es Moisés, pero quiere ser como el patriarca bíblico. Sus decálogos deben ser palabra de Dios, las tabas de la ley, inapelables y, por supuesto, la salvación del mundo.

Así enfrenta el presidente de México el escándalo de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de la policía municipal que los entregó supuestamente al narco —otras versiones dicen que fue a los militares— y que según el cansado procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los torturaron, los asesinaron y los calcinaron para borrar las huellas del crimen.

También la superchería es recurso presidencial. Peña Nieto lanzó su decálogo por la paz —noviembre 27— tomando retazos de pactos y estrategias fallidas, unas cuando era aspirante a la candidatura del PRI, otras cuando era presidente electo, unas más ya como primer mandatario. Nada nuevo, salvo las que tocan los sucesos recientes de Ayotzinapa, Guerrero.

Es más de lo mismo. Su decálogo por la paz, la justicia y el desarrollo es recurso desesperado frente al vendaval desatado no sólo por la desaparición de los normalistas, sino las protestas callejeras, la toma de instituciones, la exigencia de que renuncie, los ataques a inmuebles de gobierno, el bloqueo al aeropuerto de la ciudad de México, la quema de la Puerta Mariana de Palacio Nacional, la condena por la “Casa Blanca” que supone conflicto de intereses con la empresa que construiría el tren a Querétaro, que es la misma que financió la ampliación de la vivienda tasada en 86 millones de pesos, usando como parapeto a su esposa, la ex actriz de Televisa, Angélica Rivera.

Peña Nieto propone un pacto que no es con los mexicanos. Es un pacto con los cínicos. No es un pacto con el pueblo. Peña Nieto pacta con los partidos afines, por delante el PRD chuchista, la versión más degradante de la izquierda, la que resultó más alcahuete al presidente; con el Congreso federal, legisladores lacayos, vergonzosamente llamados representantes populares; con el empresariado para el que diseñó las reformas estructurales; con los sindicatos que le sirven para el control de la fuerza laboral, después convertida en fuerza electoral; con los gobernadores, que operan el fraude en las elecciones, que saquean las arcas públicas, que reprimen manifestaciones, que ejercen la represión social, que hostigan a los críticos del régimen tricolor, que solapan la corrupción policíaca.

No es un pacto con el pueblo. Es un pacto de cínicos.

No busca Peña la paz, ni la justicia, ni el desarrollo. Instrumenta los mecanismos para controlar la repulsa social, así sea violando el orden legal, imponiendo nueva legislación, suprimiendo garantías, una de ellas la de la libre manifestación, ahora limitada porque el voto del PRI, PAN y Verde en la Cámara de Diputados así lo quiso, represión social total.

Incluye el pacto de los cínicos una serie de reformas que de aplicarse, acabarían con el municipio libre. Habrá extinción de ayuntamientos cuando se detecte y demuestre que el narco los ha infiltrado. ¿Sabrá Peña Nieto que la mayoría de los alcaldes mexicanos pagan cuota y dan obra pública al crimen organizado, que se entienden con ellos, que son colaboracionistas, que sus policías realizan tareas de halcón? ¿Sabrá Peña Nieto cuántos alcaldes financiaron sus campañas con dinero del narcotráfico ¿Acabaría, pues, con el 80, 90 o 100 por ciento de los ayuntamientos? ¿Y con qué los sustituiría? ¿Con concejos municipales que terminarían igual de involucrados que los alcaldes?

Peña Nieto tuvo en campaña la bandera de la seguridad. Candidato entonces, exhibía los fracasos del Partido Acción Nacional y del presidente Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico en México. Decían los priístas que ellos sí sabían cómo hacerlo.

Pero en los hechos el gobierno de Peña Nieto resultó peor. El gobierno de Peña Nieto no ha podido disminuir los ajustes de cuentas, la muerte de inocentes, la guerra entre capos por los territorios. El gobierno de Peña Nieto sigue postrado ante el secuestro, el crimen y la extorsión. El gobierno de Peña Nieto ha resultado peor que el de Felipe Calderón.

Le sirve la crisis de Ayotzinapa para lanzar un decálogo reciclado e innovar absurdos descomunales como el de usar el número telefónico 911 para denunciar la presencia del crimen organizado. Seguro la sociedad marcará el 911 para decirle a la policía que otro de policías los quieren extorsionar. Seguro a través del 911 el ciudadano se suicidará.

Se vale de Ayotzinapa para la concentración de las fuerzas de seguridad en sus manos. Incluye el decálogo del nuevo Moisés la supresión de las policías municipales y que sean las corporaciones estatales las que se encarguen de garantizar la tranquilidad de la sociedad. Error mayúsculo. Las policías estatales suelen ser peores que las municipales. Delinquen, levantan ciudadanos, los torturan, los extorsionan, los asesinan.

Veracruz es un ejemplo: sus policías acreditables son acusadas de haber levantado al cantante Gibrán, en Xalapa, y de haberlo asesinado. Hoy enfrentan nuevos cargos, incluida la muerte de dos meseros de un bar en Córdoba. La policía en el lugar del crimen, pero involucrada.

Peña Nieto usa el caso Ayotzinapa para revivir su Pacto por México. Le había quedado pendiente la desaparición de las policías municipales para ser concentradas en las fuerzas de seguridad estatales y ahora el caso de los 43 normalistas le permite revivir su proyecto, enviar iniciativas de reforma al Código Penal, cambios que lo dejarán salirse con la suya.

Le sirve Ayotzinapa para reeditar las 10 Estrategias de Seguridad y Justicia, lanzadas el 27 de agosto de 2013, pero que ni se concretaron ni han dado resultado, y que incluía “prevención del delito y reconstrucción del tejido social”, “profesionalización de la policía y creación de la gendarmería nacional”, “coordinación entre autoridades de todas las dependencias” y “fortalecimiento de la inteligencia”.

Un año después, la inteligencia del gobierno de Peña Nieto está dormida, en coma. Desde 2013 se acreditó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, operaban para Guerreros Unidos, y que su policía estaba al servicio del narcotráfico. Lo sabía el Ejército mexicano, lo sabía la PGR, lo sabía la Presidencia de la República. Nadie movió un dedo. De haber procedido, Abarca habría sido apresado y la masacre de Ayotzinapa no hubiera ocurrido.

Con Peña Nieto están los gobernadores, los diputados y senadores, su partido, el PRI, los panistas, los perredistas de Nueva Izquierda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los empresarios, los medios de comunicación de-a-tanto-la-línea, los líderes sindicales, todos unidos en el aplauso de los cínicos.

Nada obtiene Peña Nieto con su decálogo tipo Moisés. No salvará a México. Tampoco se salvará él. No resolverá el caso Ayotzinapa, la suerte de los normalistas, la violencia social.

Le servirá su decálogo para controlar a las policías, para conformar el estado represor, para prohibir manifestaciones, para conculcar garantías, para aplastar derechos de la sociedad.

Para eso servirán los gobernadores, intendentes de la represión una vez que desaparezcan las policías municipales y se concentre todo en un solo mando estatal. El pueblo será apaleado, las protestas serán sofocadas, habrá persecución, intromisión en la vida privada, espionaje. Ahora lo hay, pero entonces será “legal”.

Para eso sirve un pacto de cínicos.

Archivo muerto

Convertido en el apaleador de manifestantes, Guillermo Ibarra Macías tuvo a cargo la perforación de los pozos emergentes para resolver la carencia de agua ahora que la presa Yuribia será destruida por decisión los ejidatarios de Tatahuicapan. Pudo hacer más. Su mente, sin embargo, está en otra parte, en los barrios de mala muerte, donde se golpea al ciudadano, o en las calles donde el director de Obras Públicas del ayuntamiento de Coatzacoalcos amedrenta con un bastón retráctil a maestros, telefonistas y miembros de Morena, como si fuera porro, como si fuera matón, como si fuera un rufián, y en cambio su compromiso de entregar los 16 pozos está en veremos. Viene el 4 de diciembre. Será destruida la presa Yuribia. Habrá que ver si la obra de Guillermo Ibarra funciona... Para leer entre líneas: llega Marcelo Montiel Montiel a Coatzacoalcos; receta un discurso; categoriza a Joaquín Caballero como jefe político; lo conmina a ponerse de acuerdo con el subdelegado de la Sedesol federal en Veracruz, Víctor Rodríguez Gallegos, para aterrizar recursos públicos, y no asiste al evento el director del DIF municipal, Jesús Moreno Delgado, el hijo desobediente del marcelismo, que quiso ser diputado federal porque, decía, “es mejor ser el candidato de Joaquín que el de Marcelo”. ¿Entrega de beneficios a pescadores en Barrillas o Sedesol usada para dar línea a favor de Víctor Rodríguez, la carta de MMM para la diputación federal? A la par el evento oficial y el mensaje político... Incorregible, intratable, Irma León vuelve a ser el terror de la Secretaría de Obras Públicas de Coatzacoalcos. Émula del golpeador Guillermo Ibarra Macías, La Guachinanga maltrata al personal, lo sobaja, lo colma de insultos —“idiota” y “pendejo”, son los términos con que se dirige a su personal— los usa como jardineros, como servicio doméstico, como cocineros; los hace laborar bajo la lluvia. Consta todo en un informe detallado que resume los excesos de la arbitraria funcionaria municipal. Dice el reporte que su esposo Froylán trabaja en cómodo horario, pero disfruta de tiempo extra que no devenga. Cinco camionetas de Obras Públicas están a su cargo y las usa, sí, pero para sus necesidades personales. Inaguantable, Irma León es la misma que en la pasada administración municipal, en el theurelismo, estuvo señalada de no acreditar en qué usó un lote de pintura y hasta de la desaparición de un remolque propiedad del ayuntamiento. Vaya suerte del personal de Obras de Obras Públicas. El director de Obras, Guillermo Ibarra, con ínfulas de vándalo, y La Guachinanga con alma de tirana... Nuevas argucias del empresario Carmen Ramos Rodríguez para retener a su hijo. Acusa ahora de “discriminación” a su esposa Lilia Gema Santiago Ríos, quien debió comparecer ante el Ministerio Público del fuero común, pues dice el marido que con sus comentarios en redes sociales le ha provocado el odio de la sociedad en contra suya. A la maniobra se prestan los agentes de la Policía Ministerial, protagonistas de dos incidentes de allanamiento de morada, hostigamiento a la profesora Lilia Gema, vigilancia permanente, intimidación, un amparo que exhibiera y que le hicieran pedazos. Peor aún, ahora que la justicia federal concedió amparo liso y llano a favor de la agraviada con lo que quedó sepultado el delito de sustracción de menores. Obvias las marrullerías del “empresario lavatealgo”, que imputa delitos y más delitos de carácter penal, todos sin sustento, para que Lilia Gema no sea apta para tener bajo su custodia a su hijo. Lo del amparo federal va con detalle... Se ampara Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— contra una orden de aprehensión. Su caso está contenido en el expediente 1101/2014, del Juzgado Noveno de Distrito de Coatzacoalcos. El 6 de noviembre interpuso recurso de queja contra el auto que le desechó parcialmente su demanda de amparo. Dicho juicio es “contra la orden de aprehensión, aseguramiento o arraigo dictada en mi contra; el no haber sido citado por las responsables (Ministerio Público) para ejercer mi derecho de defensa y la inminente consignación de la investigación ministerial; así como la ejecución que pretenden hacer las responsables”. O sea, hay orden de aprehensión y temen que lo entanquen. Multipolar, arbitrario, insultativo, Theurel solía denostar a quien fuera en sus días de alcalde de Coatzacoalcos; violaba la ley, atropellaba la ética, se enriquecía y enriquecía a su pandilla. Hoy lidia con denuncias penales que lo tienen con medio pie en el confortable hotel Duport-Ostión. Y así quiere ser director del Corredor Transístmico...

ANTERIORES

INICIO          CULTURA          ENTRETENIMIENTO          OPINIÓN          VIDEOS

SERVICIOS QUE OFRECEMOS.