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UNA COLORADA (vale más que cien descoloridas)

Lilia Cisneros Luján

¿DONDE EMPEZÓ? (II)

(A todos quienes me han apoyado en este incidente solo una palabra define mis sentimientos GRACIAS)

26 de junio 2017

Durante la segunda mitad de la semana llamó la atención de las audiencias, los discursos tanto del secretario de Gobernación, como del comisionado de seguridad, asumiendo que sí, la criminalidad ha aumentado –se refirieron a mayo del 2017- aunque sin aceptar que seamos el segundo país más violento del planeta. ¿Qué provocó esta reacción: las afirmaciones del señor Trump? ¿Lo dicho por la embajadora de USA en Veracruz? ¿Los señalamientos de la hoy ex canciller de Venezuela en la asamblea de la OEA? o todo en una combinación, en la cual quizá hasta mi cuestionamiento de la anterior semana fueron parte del sabor a coctel de desesperación.

Y dado que mis lectores son Ustedes y no los altos dignatarios, le comparto que en una semana de recorrido por las diversas dependencias a donde debo tramitar la reposición de los documentos que me fueron robados –desde tarjetas bancarias, pasando por INE, INAPAM, licencia de conducir, credenciales de la UNAM, el club y la embajada entre otras- puedo ponerle cuerpo a la molestia popular y a la ausencia de esperanza ciudadana respecto a que las cosas puedan mejorarse. Procedo a algunos ejemplos: para realizarme la “entrevista de querellante”[1] el dicharachero abogado, asesor de alguien en la estructura, de lo que hoy es fiscalía desconcentrada en vez de MP se tomó casi 5 horas. Se me explicó que debo esperar que se me indique a que mesa asignaron mi “querella” y, por supuesto, ver si ya se envió al fuero federal, por aquello de las disposiciones fraudulentas que la banda de rateros que operan en toda la ciudad hicieron en el lapso de 30 minutos en tres establecimientos lejanos a donde sustrajeron mi cartera. ¿Será por eso que el señor Osorio Chong, explica que es difícil actuar si en el plano local, los dejan libres para que sigan robando?.

Una de las instituciones bancarias a la cual desde el mismo Mega centro comercial estaba reportando el robo de mi plástico, se apresuró a comentarme que la reposición del mismo tendría un costo de setenta y cinco pesos, y que yo podría cubrirme para el futuro si en ese momento compraba un seguro –costo 185 pesos- que cubriera en automático la pérdida derivada de futuros hurtos ¿Qué no se supone que parte de lo que cubre la comisión de los servicios bancarios es, además de resguardar su dinero -con el cual pueden hacer préstamos y ganar mucho con diversas operaciones financieras- justamente el darle más seguridad que la que tendría quien esconde en el colchón el producto de su trabajo? ¿Por este tipo de manejo es que la sensación de los usuarios de la banca es la de ser víctimas de usura? Una mujer en  la fila de otra sucursal que esperaba turno para recibir el duplicado de su plástico robado en Walmart, dijo: “Es que de plano todo lo que nos cobran es para seguridad de ellos, no de nosotros los clientes; mi madre tiene 80 años, no sabe nada de computadoras, los ejecutivos cada vez pueden resolver menos asuntos, todo tiene que ser digital y el mismo titular de la CONDUSEF informa que es en lo computarizado donde más fraudes se cometen”.

De 6 que esperábamos en otra fila bancaria, dos personas venían por el duplicado de su plástico y el ejecutivo dijo con pesadumbre que “cada vez son más las personas víctimas de robo por delincuentes perfectamente organizados”, a los cuales aun agarrándolos en flagrancia el juez deja en libertad por el mecanismo del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cuándo empezó esto? Sigo cuestionando. Bueno fue en 2008, cuando para estar en armonía con el sistema del libre comercio y los intereses internacionales, México suscribió convenios que nos llevaron a métodos, como el que ahora ha resultado en el aumento de la criminalidad, el de la corrupción –si un funcionario del nivel que sea cobra por no cumplir con lo que mandata la ley y su contrato en realidad es corrupto- y el reforzamiento de la impunidad. Corrupción e impunidad, en las que están involucrados, no solo las autoridades investigadoras y juzgadoras, sino incluso los legisladores, que simplemente copiaron y  pegaron modelos extra nacionales para cumplir con algo que todavía no entienden y que no se puede aplicar extra lógicamente en sociedades tan distintas como la sajona y la latinoamericana.

Reconocer que solo el año pasado había 141 millones de tarjetas de débito –muchas de ellas donde se depositan míseras pensiones- y que el número de operaciones con estos plásticos, incluidos las de crédito, se incrementó en 22%, nos da una idea del negocio que es para bandas de criminales organizarse, a fin de distraer “sobre todo a las viejas porque se mueven más lento” en donde hay aglomeraciones, para que luego se trasladen en motocicleta a otro sitio a concretar sus fechorías. ¿Qué hace el personal de seguridad de las tiendas además de avergonzar a clientes a la salida de tales establecimientos? ¿Cuántos personajes con función de protección a quien les compra están coludidos y “casualmente "pierden" cintas en las que se ubica a los rateros? La policía investigadora, ¿de verdad investiga o descansa -sobre todo en los turnos nocturnos- no sin antes darle “tareas” a las víctimas? ¿Porque el peso de la prevención debe recaer en el ciudadano[2] y no en tantos cuerpos de seguridad –pública y privada- que se pagan con nuestros impuestos? ¿Quién protege a los menores de edad que son usados por la misma familia, para sacar carteras y celulares de las bolsas de comensales?.

En medio de tantos problemas cada persona debe además decidir, si lleva o no efectivo, porque si el ratero no puede quitarle nada a lo mejor lo mata o lo golpea y que tal si acude al cajero, además de recordar su clave debe tener presente reglas como: “no permita que alguien se cerque, ponga un pegote sobre los últimos dígitos, vaya acompañado, no lo haga en la noche, manténgase alerta porque estas bandas reclutan: gestores, cobradores, golpeadores, motociclistas….uff”.

¡¡Claro!! Si Usted tiene la posibilidad de gastar -los vendedores dicen invertir- un poco más, a lo mejor compra una cámara portátil para el auto, otra para su casa, cambia las chapas, contrata un guarura o de menos un chofer; esperando que no sea él quien secuestre a algún miembro de su familia. ¿Alcanzarán los postes de luz para colgar a todos los responsables de que estemos como estamos?.


[1] En el pasado era levantar una denuncia.
[2] Hay cursos, talleres y cientos de videos que nos aleccionan acerca de donde roban y como cuidarse, pero los rateros siguen libres.


UNA COLORADA (vale más que cien descoloridas)

Lilia Cisneros Luján

¿DONDE EMPEZÓ?

19 de junio 2017

Las impresionantes imágenes, de ciudadanos organizados para agredir a elementos –léase seres humanos, congéneres, connacionales- de la Marina que cumplen instrucciones de resguardar bienes públicos como es el caso de los ductos  de combustible; además de hacer aflorar la semilla de la preocupación individual, nos lleva a cuestionar ¿como es que llegamos a un punto donde el respeto a las instituciones y  el desprecio por la vida del otro se han constituido en perversos sustitutos del Estado? No quiero imaginar que estos bautizados “huachicoleros” dedicados al comercio de bienes robados, surgieron de pronto como si una fuerza redentora los llamara a la justicia social supuestamente inexistente y causante del desempleo, el abandono educativo y los mínimos parámetros ya no digamos de valores éticos, ni siquiera del más simple civismo.

 Discursos van y vienen, donde se lamenta el abandono de cátedras como civismo en secundaria o ética en niveles del medio superior; igual se pontifican los derechos humanos al extremo de que por temor a ser acusado de violarlos los maestros han perdido su posibilidad de educar, muchos jefes atan sus manos frente a quienes están dispuestos a acusar de acoso sin pruebas -o con algunas fabricadas y sustentados en testigos falsos- y empresarios deben declararse en quiebra frente a la extorsión, el secuestro –pomposamente publicitados como parte de los llamados “delitos de alto impacto”- las lesiones y el daño a la salud o el patrimonio. ¿Quién es responsable del daño a un adulto mayor que por negligencia de la línea aérea[1], pierde su vuelo, se ve obligado a pernoctar en la terminal de un país lejano y a gastar casi mil dólares que debe cargar a una tarjeta sin que nadie responda por los daños? ¿Cuál es la instancia legal que de verdad atenderá los derechos de dos mujeres mexicanas –una de ellas de 80 años y habitante de Villahermosa- abandonadas a su suerte en medio de la agresividad de una empleada de la empresa privada que la entrenó solo para ganar dinero sin importar los humano de sus pasajeros? ¿Cuántos de los jóvenes –mexicanos y latinoamericanos- que realizan su entrenamiento están aprendiendo que puedes agredir al otro de manera impune porque quien da la cara es tu empresa? ¿Qué harán en el futuro cuando se dan cuenta de que ante el riesgo de una demanda, la dicha empresa se avoca a “resolver el asunto” utilizando a una empresa turística que solo sirve para esconder la basura debajo de la alfombra ajena? ¿Así aprendieron los que hoy en los espacios públicos extorsionan, piden comisiones estratosféricas y violan la ley de manera impune solo porque la cabeza de la estructura a la cual sirven es “picudo”?.

Son muchos los ejemplos que hablan de la impunidad de rateros bien ubicados que vacían casas habitación, roban autos y personas en vía pública y en centros comerciales, donde con el truco de provocar un embotellamiento de carritos de súper, las bandas perfectamente organizadas, abren bolsas, roban carteras o incluso cambian su carrito -con mercancía de valor menor a los 200 pesos por el de la señora que ya pagó 1,500.00- ¿qué hacen los elementos de seguridad de dichas tiendas en favor de sus clientes? ¿Sirven de algo las imágenes de videos, no solo de la tienda donde la clienta fue robada, sino en aquellas donde el ratero comete el delito federal de “uso de documento –público o privado-  falso alterado o que no sea reconocido  por la autoridad”?

Podemos pasar horas, viendo videos donde se puede identificar a rateros, en restaurantes y toda clase de comercios ¿Por qué la autoridad no toma acciones en contra de ellos? ¿No es corrupción cobrar por ejercer como investigador –fiscales, ex ministerios públicos y policías de todos los rangos- del sistema que debería prevenir el delito y sancionar a los delincuentes, sin haber logrado un solo punto a favor de las víctimas?

Si ya sabemos que lo “organizado del crimen” se inicia justamente en las estructuras jurídicas diseñadas para el incumplimiento de alguien que tenga la ventaja de ser protegido, para no considerar que la víctima sea de valor –aun cuando se aprueben leyes para su defensa- y que, tanto los delincuentes como su cómplices –activos o pasivos- seguirán actuando en contra de todos ¿Por qué no tomarse el riesgo de usar armas –blancas o de fuego- piedras o palos en contra de la autoridad como se ha hecho en tierra de huachicoleros o de pseudo maestros sindicalizados en Chiapas o Oaxaca?

¿Se resuelve el hartazgo con hacer de la cacería de ex gobernadores notas rojas de gran rating? ¿Para que sirven ONG –grupos de la mal llamada sociedad civil- que después de décadas de denuncias no han logrado nada más que formalizar un esquema de subsistencia económica de sus promotores? No se si haya esperanza cuando hasta los personajes decentes del aparato gubernamental, son víctimas de delitos –que luego se sabe fueron inducidos porque se trata de mexicanos “con los que no se puede negociar[2]” respecto de cuyas denuncias la propia autoridad les recomienda mejor no ratificar porque se sabe de donde vino el golpe y “vamos a procurar que se le devuelvan las cosas robadas”.

¿Cuando empieza el crimen y la descomposición? Parece que todos lo sabemos, ¿Cómo terminarlo? He ahí el gran reto, no es solo con normas en las cuales se endurecen las penas, no basta el escándalo mediático, es cuestión de todos, de dedicarle 5 o 6 horas de tu tiempo si eres víctima para denunciar, de hacer pública tu experiencia, de aumentar tus medidas de seguridad y sobre todo de no tener miedo para señalar no solo al delincuente sino a sus cómplices en el ámbito oficial.


[1] Me refiero a Volaris, que la semana pasada protagonizó actos de verdadera agresión al adulto mayor en contra de dos pasajeras mexicanas, enfermas y en silla de ruedas, cuyo caso defenderemos en las instancias judiciales y administrativas pertinentes.
[2] Frase de un altísimo funcionario público que respondió a la curiosidad de alguien que no entendía porque tales personajes honestos no habían sido incluidos en el gobierno hoy vigente.

 

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